Han pasado más de dos décadas desde que la trama Gürtel encontró en Boadilla del Monte uno de sus negocios más lucrativos. En la avenida Siglo XXI, una de las principales arterias comerciales del municipio madrileño, permanecen cerrados desde hace más de quince años decenas de locales construidos sobre suelo público. La concesión que permitió levantarlos acabó en los tribunales; su adjudicación, anulada y los responsables de la trama recibieron condenas de prisión. El Ayuntamiento, sin embargo, gobernado todavía por el Partido Popular, sigue sin disponer de los inmuebles y ahora estudia un desembolso de más de medio millón de euros de dinero público para desbloquear su recuperación.
La operación, adelantada este viernes por Infobae, pasa por un acuerdo extrajudicial para cancelar una hipoteca que mantiene atrapada la titularidad registral de los bienes. Una carga que enraíza en dos préstamos concedidos a Artas Consultoría, una sociedad vinculada a Ramón Blanco Balín, condenado en distintas piezas de Gürtel.
Dicho acuerdo debía pasar esta semana por el Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (EMSV), donde los populares tienen mayoría. La votación se retiró después de que la representante socialista Alessandra del Mónaco, solicitara más tiempo para estudiar la documentación y advirtiera de posibles consecuencias jurídicas que acarrearía comprometer fondos públicos. La Corporación municipal ha optado por trasladar la discusión al Pleno de noviembre, donde los conservadores buscarán el respaldo de los demás grupos.
La polémica no pivota sobre la necesidad de recuperar los locales, sino del precio y las garantías de la operación. El Ayuntamiento sostiene que el acuerdo permitirá cerrar un conflicto judicial prolongado y poner en funcionamiento unas instalaciones que actualmente generan gastos. El Partido Socialista reclama, por su parte, una justificación exhaustiva antes de aceptar un desembolso vinculado a una adjudicación irregular del pasado.
Un negocio de 99 años
La historia se remonta a octubre de 2005, cuando Boadilla estaba gobernada por Arturo González Panero, conocido como "el Albondiguilla". Por entonces, la red encabezada por Francisco Correa había convertido el municipio en uno de sus principales espacios de actuación mediante adjudicaciones y contratos públicos que acabarían siendo investigados por la Audiencia Nacional.
Una sociedad vinculada a Blanco Balín, Rústicas MBS, obtuvo el derecho de superficie sobre tres parcelas municipales de la avenida Siglo XXI. El contrato permitía construir y explotar locales comerciales y plazas de aparcamiento durante 99 años. En 2007, la concesión pasó a Artas Consultoría, relacionada con el mismo empresario.
Las condiciones económicas del negocio resultaron especialmente favorables para el adjudicatario. Según la documentación reconstruida por Infobae, el canon anual que debía satisfacer al Ayuntamiento quedó fijado en 81.344 euros, frente a los 320.000 euros inicialmente previstos. Las estimaciones de ingresos por la explotación comercial alcanzaban los 1,3 millones de euros anuales.
En 2008, Caja Madrid concedió a Artas Consultoría dos préstamos por un importe conjunto de 6,7 millones de euros, garantizados mediante una hipoteca sobre los derechos vinculados a los inmuebles. Aquella operación financiera terminaría convirtiéndose en el principal obstáculo para que el municipio pudiera recuperar su patrimonio.
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Tras el estallido de Gürtel, el Ayuntamiento rescindió la concesión en octubre de 2011. La resolución administrativa abrió un largo recorrido judicial que no concluyó con la recuperación efectiva de los locales. La Audiencia Nacional anuló posteriormente el derecho de superficie y la sentencia adquirió firmeza en 2024, pero la hipoteca continuó inscrita en el Registro de la Propiedad.
CaixaBank, como sucesora de la entidad que había financiado a Artas Consultoría, mantuvo sus derechos sobre la garantía hipotecaria. De este modo, la anulación judicial de la concesión no consiguió resolver el conflicto registral. El municipio quedó atrapado en una disputa que se ha prolongado durante años, mientras los locales permanecían cerrados.
La dimensión de aquellas irregularidades quedó reflejada en las condenas de la pieza de Boadilla. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo confirmó la pena de 36 años y 11 meses de prisión impuesta a González Panero. La sentencia de la Audiencia Nacional también había condenado al PP a pagar 204.198,64 euros como partícipe a título lucrativo de las actividades de la trama, una decisión que el partido no recurrió y que ya era firme.
El precio de recuperar los locales
La salida que ahora defiende el Gobierno municipal consiste en pagar 600.000 euros a CaixaBank para cancelar la hipoteca y poner fin a los litigios relacionados con la titularidad de los inmuebles. La entidad reclama un crédito de aproximadamente 4,15 millones de euros, por lo que el desembolso planteado representa menos del 15% de esa cantidad.
La diferencia es uno de los argumentos económicos que sustentan el acuerdo. Desde el Ayuntamiento consideran que mantener abierto el procedimiento judicial prolongaría los gastos sin ofrecer garantías de una solución a corto plazo. Los informes jurídicos de la EMSV, según la información difundida por el Gobierno local, avalan la legalidad de la transacción, mientras que la Intervención municipal la considera favorable frente a otras alternativas.
Hay una cláusula especialmente relevante. El acuerdo contempla que CaixaBank devuelva los 600.000 euros si consigue recuperar posteriormente la totalidad del crédito reclamado. La devolución no sería automática ni se produciría por cualquier recuperación parcial de la deuda, sino únicamente si se cumple la condición prevista.
Conviene precisar también quién recibiría el dinero. El pago se realizaría a CaixaBank para cancelar una carga hipotecaria vinculada a un préstamo concedido a la sociedad de Blanco Balín. No se trata de una transferencia directa al empresario condenado, aunque el origen de la deuda y sus efectos sobre las obligaciones de Artas Consultoría justifican el escrutinio de la operación.
La empresa municipal mantiene, además, la posibilidad de continuar las acciones judiciales contra Artas. El alcance efectivo de esas reclamaciones y las garantías de recuperación del dinero son aspectos que deben examinarse en la documentación completa del acuerdo.
El Ayuntamiento sostiene que el bloqueo tiene un coste creciente para las arcas públicas. Según las estimaciones difundidas sobre el expediente, mantener cerrados los inmuebles supone más de 165.000 euros anuales en seguros, suministros, mantenimiento, IBI y otras tasas. A ello se suman los ingresos que la empresa municipal ha dejado de percibir durante los años de inactividad.
El Consistorio calcula que una futura explotación podría generar alrededor de 300.000 euros anuales mediante un canon de concesión. Se trata, no obstante, de una previsión, condicionada a la recuperación efectiva de los bienes, las actuaciones necesarias para ponerlos en funcionamiento y las condiciones de la futura adjudicación.
La oposición socialista considera que estas estimaciones deben ir acompañadas de garantías suficientes. Alessandra del Mónaco reclamó más tiempo para estudiar los informes antes de que el Consejo de Administración votara el acuerdo. El PSOE sostiene que cualquier solución debe justificar debidamente el uso de recursos públicos y asegurar la protección del patrimonio municipal.
La cuestión económica va más allá de comparar los 600.000 euros del acuerdo con los gastos anuales de mantenimiento. También exige conocer cuánto ha costado el bloqueo desde 2011, qué alternativas se han estudiado y qué posibilidades reales existen de recuperar las cantidades comprometidas.
La sombra de Gürtel sobre el Ayuntamiento del PP
Boadilla fue uno de los grandes escenarios de la trama Gürtel. Durante los años de González Panero, la red de Correa obtuvo contratos y adjudicaciones que dieron lugar a una extensa investigación judicial. La sentencia de la pieza municipal castigó las prácticas corruptas y alcanzó tanto a responsables políticos como a empresarios vinculados a aquellas operaciones.
El actual Gobierno municipal no fue el que adjudicó la concesión de 2005, aunque el Partido Popular ha mantenido el poder local. Esa continuidad política explica parte de la controversia que rodea la propuesta, pero no permite atribuir al equipo de gobierno actual las responsabilidades penales ya determinadas por los tribunales.
El alcalde, Javier Úbeda, defiende que la transacción permitirá recuperar unos bienes que llevan años fuera de uso. En el anuncio de la moción de noviembre ha insistido en que Boadilla fue víctima de Gürtel y ha reivindicado el trabajo de su Gobierno para devolver los inmuebles al municipio.
Su argumento se apoya en una realidad comprobable: los locales continúan cerrados y el conflicto hipotecario ha impedido su explotación. Ahora bien, la conveniencia de resolver ese bloqueo no dispensa al Ayuntamiento de explicar las condiciones del pacto y sus consecuencias económicas.
Desde el PSOE mantienen sus reservas. La formación no rechaza la recuperación de los inmuebles, pero exige transparencia y garantías para que la solución no comprometa injustificadamente recursos públicos. La discrepancia se centra en si los informes y las condiciones negociadas con CaixaBank ofrecen protección suficiente al interés municipal.
El debate llega después de años de actuaciones administrativas y judiciales. En febrero de 2025, la prensa local ya describía las dificultades para recuperar los locales pese a la anulación de la concesión. En enero de 2026, El Confidencial volvió a abordar el enfrentamiento entre el Ayuntamiento y CaixaBank por los derechos sobre los inmuebles.
La propuesta actual supone, por tanto, una nueva estrategia para cerrar un conflicto conocido. El Gobierno municipal apuesta por negociar con el banco allí donde la vía judicial no ha conseguido desbloquear la situación.
Si prospera la moción prevista para noviembre, se instará al Consejo de Administración de la EMSV a formalizar el acuerdo. El Ayuntamiento contempla que los locales y el aparcamiento puedan volver a utilizarse a lo largo de 2027, aunque todavía deben concretarse las condiciones de su puesta en servicio y explotación.
Queda pendiente, asimismo, aclarar las discrepancias entre los recuentos publicados sobre los inmuebles afectados. Mientras la información de Infobae se refiere a una concesión original de 33 locales y 140 plazas de aparcamiento, la comunicación más reciente sobre la moción municipal habla de 34 locales y 116 plazas. La identificación exacta de los bienes debe quedar establecida en el expediente.
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