Ayuso vulnera una normativa europea al despedir a 24 trabajadores públicos: la mayoría, mujeres mayores de 50

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha despedido a 24 trabajadores públicos, en su gran mayoría mujeres de más de 50 años, que se desempeñaban como técnicos laborales indefinidos no fijos. La actuación, revelada por ElConstitucional.es, podría suponer un problema judicial para la administración autonómica, pues vulnera la normativa europea referida al abuso de la temporalidad en el sector público.

Los trabajadores, con una antigüedad cercana a los 30 años en el servicio y contratados por la Consejería de Empleo, Economía y Hacienda, ya han interpuesto demandas en distintos juzgados de Madrid contra la Comunidad, tal y como ha expuesto el periódico. Además, al ser mujeres mayores de 50 años, colectivo especialmente vulnerable en el ámbito laboral, las despedidas denuncian haber sido cesado sin alternativas.

El conflicto se enmarca en un escenario condicionado por las recientes conclusiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de temporalidad en el empleo público. En el asunto C-418/24, el Abogado General advirtió de que la figura del “indefinido no fijo” no constituye una respuesta eficaz frente al uso abusivo de la contratación temporal en las administraciones.

El dictamen subraya, además, que ni las compensaciones económicas ni la participación en procesos selectivos, como las oposiciones, se ajustan a lo establecido en la Directiva 1999/70/CE, al no garantizar una reparación adecuada ni un efecto disuasorio frente a este tipo de prácticas. En este sentido, las instituciones europeas apuntan con claridad hacia la necesidad de adoptar medidas más contundentes, como la estabilización real del empleo público.

Sin embargo, según denuncian las afectadas, la administración de Ayuso habría optado por el despido como vía de resolución, en lugar de aplicar fórmulas de consolidación laboral que sí se han llevado a cabo en otras administraciones del país. Uno de los trabajadores afectados, en conversaciones con ElConstitucional.es, asegura que trasladaron su situación al gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid antes de la resolución del proceso selectivo.

Desde el equipo madrileño la respuesta fue que debían presentarse a oposiciones, una vía que Europa considera insuficiente como medida de protección frente al abuso de la temporalidad. “Una oposición no repara el daño ni evita que la administración siga actuando en fraude […] Ha habido silencio y ocultación, pese a que hemos seguido trabajando con absoluta profesionalidad durante años”, sostiene la fuente.

Servicio tributario clave

Los 24 técnicos cesados desempeñaban una labor esencial en la gestión tributaria autonómica: se encargaban de la liquidación de impuestos vinculados a operaciones como compraventas, sucesiones, donaciones o constitución de hipotecas. Asimismo, ofrecían atención directa a los contribuyentes desde distintas oficinas situadas en Madrid.

De acuerdo con los testimonio de los afectados, las consecuencias del despido han sido inmediatas. La actividad ha pasado de unas 200 citas diarias a la mínima expresión, con parte del servicio trasladado a oficinas liquidadoras municipales gestionadas por registradores de la propiedad en régimen autónomo.

Los extrabajadores denuncian, además, que algunas de las plazas han sido ocupadas por personal procedente de bolsas de empleo sin experiencia específica y sin haber superado procesos selectivos como los que se les exige a ellos, mientras que otros puestos permanecen vacantes, lo que, a su juicio, agrava aún más la situación del servicio.Principio del formulario

Un mal enquistado

El caso se inscribe en una problemática de mayor alcance que afecta al conjunto de las administraciones públicas en España. La Directiva 1999/70/CE exige a los Estados miembros adoptar medidas eficaces para prevenir y sancionar el uso abusivo de la contratación temporal, pero, según ha señalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las iniciativas impulsadas en España, incluidos los procesos de estabilización previstos en la Ley 20/2021, no han logrado corregir plenamente esta situación.

A la espera de un pronunciamiento definitivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, previsto para los próximos meses, tanto el futuro de estos 24 trabajadores como el modelo de gestión de la temporalidad en el sector público permanecen abiertos. En la Comunidad de Madrid, el conflicto ya ha sido judicializado y amenaza con derivar en un nuevo frente tanto en el ámbito legal como en el político para el Ejecutivo autonómico que dirige la baronesa del Partido Popular (PP).