El Plan Vive, la gran apuesta de la Comunidad de Madrid para ofrecer alquileres asequibles, se está quedando en un escaparate con miles de viviendas vacías y una larga lista de frustraciones debido a los requisitos exigidos. Anunciado en 2019 por Isabel Díaz Ayuso como un programa que pondría en el mercado 25.000 viviendas protegidas con rentas entre 300 y 600 euros, el plan apenas ha entregado 3.743 pisos y otros 5.300 están en alguna fase de construcción. Si todo va bien, se espera que pueda llegar a 13.000 viviendas antes de 2027.
Sin embargo, el problema que enfrenta el programa no solo tiene que ver con las pocas viviendas construidas, sino en la dificultad de acceder a ellas, señala un informe elaborado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm) que se presenta este miércoles.
Hasta el 29 de abril, de los 157.641 solicitantes, solo 2.939 (un 1,86%) han llegado a firmar el contrato de arrendamiento. Otras casi 44.000 personas (28,26%) han tirado la toalla en sus dos variantes: han renunciado al piso una vez adjudicado al ver las condiciones o han desistido del proceso. Las solicitudes restantes se encuentran en distintos estados, la gran mayoría de ellas, casi 107.000, (un 67,81%) aparecen como creadas a la espera de asignación.
El problema, denuncian las asociaciones de vecinos, es que debido a los requisitos “clasistas” se quedará fuera el grueso de los solicitantes al no existir viviendas cuya renta se ajuste a la tasa de esfuerzo del 35% de los ingresos netos anuales que se exige a la unidad familiar.
Según la Fravm, este es uno de los principales obstáculos, ya que el alquiler mensual -incluidos los gastos de comunidad, el IBI y los costes por servicios- no puede superar el 35% de los ingresos netos del hogar. Esto implica que, para acceder a una vivienda de una habitación en Madrid capital, con un alquiler total estimado en 737 euros al mes, se requieren ingresos superiores a los 2.100 euros netos mensuales.
“No es vivienda social, está destinada a los jóvenes que quieren independizarse y también necesitan ayuda”, dijo Ayuso al presentar el programa. Sin embargo, la gran mayoría de jóvenes quedan automáticamente excluidos por no alcanzar los ingresos mínimos exigidos.
A diferencia de la vivienda social tradicional, que prioriza la necesidad habitacional, este programa impone un umbral mínimo de ingresos que debe demostrar el solicitante para no superar la llamada “tasa de esfuerzo” del 35%. La consecuencia de ello, denuncia Quique Villalobos, uno de los coordinadores del informe, es que quienes tienen ingresos bajos o un empleo inestable no solo no pueden acceder, sino que ven cómo las viviendas financiadas con recursos públicos por la cesión del suelo se reservan para perfiles económicos medios o altos. “Es un modelo que penaliza la pobreza en lugar de atenderla y que blinda el acceso a la vivienda pública bajo criterios de solvencia más propios de un banco que de una administración pública”, explica.
Una de las reivindicaciones que las asociaciones de vecinos de Madrid harán este miércoles es que la adjudicación dependa de la declaración de la renta y no del sueldo. El informe también señala la carga que suponen los extras como garaje o trastero, que son obligatorios y que disparan el precio final. En algunos municipios como San Sebastián de los Reyes, el alquiler de la plaza de garaje puede alcanzar los 184 euros mensuales al sumar gastos de comunidad e IBI. Esta obligación encarece notablemente la factura total, incluso por encima del valor de mercado, denuncian.
Asumir el IBI de la vivienda y del garaje es uno de los caballos de batalla de las asociaciones de vecinos que argumentan la existencia de una sentencia de 2023 del Tribunal Supremo que declara ilegal esta práctica en el caso de la vivienda pública en alquiler, al contravenir la Ley de Arrendamientos Urbanos. A pesar de la sentencia, las constructoras continúan incluyendo ese coste entre los recargos, además de tener que dar de alta servicios como gas y luz, y el desembolso extra que representa, a pesar de ser un alquiler.
El Plan Vive opera mediante concesiones administrativas de suelo público a grandes fondos de inversión, por plazos de entre 50 y 75 años. Empresas como Avalon, del fondo estadounidense Ares Management, gestionan buena parte de las promociones. Los estudios de viabilidad encargados por la Comunidad de Madrid anticipan márgenes de beneficio neto para estas empresas de hasta el 50,8%.
A los costes y a las condiciones de acceso se suman los problemas de calidad y gestión. Vecinos de promociones en Alcalá de Henares, Getafe o Móstoles han denunciado deficiencias estructurales, goteras, cortes de luz y cláusulas abusivas que permiten a las concesionarias entrar en los inmuebles sin consentimiento expreso.