La polémica generada en torno al lote 3 del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, ConVive Madrid, vuelve a estar de actualidad. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso entregará esta semana los 488 pisos ubicados en el barrio de Tempranales (San Sebastián de los Reyes), de los que 150 fueron construidos “ilegalmente” sobre el cauce del Arroyo de la Dehesa, tal y como reveló en exclusiva ElPlural.com. La normativa vulnerada fue la Ley de Aguas, que establece que no puede invadirse, ocuparse o extraer áridos de los cauces sin la correspondiente autorización.
Esta irregularidad queda constatada en la resolución del procedimiento sancionador trasladado por el organismo a la empresa concesionaria, Tarvos Activos Inmobiliarios. En dicho oficio, el organismo señalaba que se ha ocupado y, posteriormente, eliminado un tramo del cauce del Arroyo de la Dehesa a consecuencia de la realización de las obras de urbanización del Plan Vive. Cabe destacar que la Confederación garantizaba que este suelo es de dominio público hidráulico y, en consecuencia, se requiere una autorización o concesión del organismo que no fue ni solicitada ni concedida, como reveló el organismo a este periódico.
La zona afectada es la ubicada en Tempranales, un entorno natural único en la Comunidad de Madrid que alberga decenas de especies animales y florales y que podría llegar a tener un riesgo de inundación. Los hechos se consideraron probados en aquel momento, según recoge el documento que emitió el Ministerio de Transición Ecológica, con las fotografías recabadas y el informe del Servicio de Vigilancia e Informes de la Comisaría Adjunta a los que accedió este periódico.
En este, se esbozaban diferentes evidencias que constataban la titularidad pública de la parcela afectada, incluyendo un posterior informe técnico de la propia Confederación. La Comunidad de Madrid y la empresa elegida para gestionar el lote tres del Plan Vive (ConVive Madrid), Culmia (Sogeviso el gestor del alquiler y Ávintia la constructora), habían sido advertidas en la fase inicial, cuando todavía se podía corregir el proyecto, explicaron desde Transición Ecológica. No obstante, las partes implicadas decidieron ignorar las advertencias y continuar con la construcción.
No será posible "legalizar viviendas que se encuentran ocupando un cauce, dado que se trata de dominio público hidráulico", aseguraba la Confederación a ElPlural en junio. Es más, según la normativa y el organismo, los impulsores estaban obligados a “reponer las cosas a su estado anterior”. Sin embargo, seis meses después no se ha producido ningún cambio y el Ejecutivo de Ayuso hará entrega de las llaves esta semana, como anunció el pasado jueves el Consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, junto con la alcaldesa de la ciudad, Lucía Fernández.
La denuncia y el amago de demolición
El proceso que enfrentó a la Confederación y los implicados en el Plan Vive dio comienzo al proceso se presentó el 28 de febrero de 2023 ante el Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico. Posteriormente, el 2 de junio de 2023, se inició el proyecto sancionador, pero no fue hasta el pasado 22 de abril cuando la Confederación remitió la resolución a Tarvos. El documento señalaba el incumplimiento del artículo 77.1 del Real Decreto Legislativo 1/2001, que exige “previa concesión o autorización administrativa” para la “utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces”.
Además, se incumplió el artículo 116.3 (letra e) de la misma norma, que tipifica como infracción “la invasión, la ocupación o la extracción de áridos de los cauces, sin la correspondiente autorización”. Esta infracción está considerada como leve en el artículo 315 (letra d) del Reglamento de Dominio Público Hidráulico y conlleva sanciones y obligaciones. Es decir, una pequeña multa y la “obligación de reponer las cosas a su estado anterior, salvo que sean legalizadas o autorizados los trabajos denunciados a instancias del interesado”. Pese a que la norma es clara, la Confederación aseguraba ya en aquel momento que no existía “ninguna orden de demolición de viviendas”.
Por su parte, Sogeviso explicaba que "como subcontratista de la concesionaria (Tarvos/Culmia), únicamente se encarga de la gestión de inquilinos y del mantenimiento una vez están finalizadas las obras"; y Culmia indicaba que contaba con una “concesión administrativa sobre un suelo propiedad de la Comunidad de Madrid tras resultar adjudicatarios de un concurso público, y una licencia de edificación concedida por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para levantar la promoción de viviendas asequibles que estamos construyendo”. Finalmente, las viviendas serán entregadas.