Ayuso saca adelante su ley para reconocer al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar en el acceso a ayudas

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sacado adelante la polémica ley con la que pasa a reconocer al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar de cara a recibir ayudas públicas. La norma impulsada por la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recibido los votos favorables del Partido Popular (PP), suficientes por su mayoría absoluta, y Vox. El texto ha sido aprobado en un pleno extraordinario que contenía un único punto del día, pese a las protestas de la oposición.

La ley original ha sumado varias enmiendas del PP para homogenizar las ayudas, poder modificar la misma por decreto y para habilitar otras vías administrativas para quienes no puedan presentar las solicitudes vía telemática. “Es una ley a favor, que no va en contra de nadie ni de nada y que no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda y la ultraizquierda", ha expuesto el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, encargado de defender la norma.

El consejero de Ayuso ha ensalzado la iniciativa, con un claro cariz tradicionalista, aludiendo a las palabras pronunciadas por el Papa León XIV contra el aborto, apuntando que "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso". García Martín considera que la administración esta obligada a "cuidar, apoyar y proteger" esa vida, así como a las madres y a las familias que la esperan; sin embargo, el Ejecutivo madrileño no opina lo mismo en el caso de garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos, como demuestra la práctica.

No obstante, el titular de Presidencia, Justicia y Administración Local no encuentra contradicción entre defender a las madres y al concebido y "la defensa de la mujer y sus derechos y apoyar la posición de las familias que quieren tener un hijo". Es una "política útil frente a una política en blanco y negro de una izquierda sectaria y anclada en viejas consignas", que potencia "la eficacia y la coherencia”, ha seguido pronunciando ataques y palabras vacías.

“Reconocer al concebido no nacido es una iniciativa sensata, útil y necesaria. Porque no hay causa más justa, más necesaria y más digna que la defensa de la vida y el apoyo a la familia donde crecerá", ha cerrado su alegato añejo. Protección al no nacido, pero abandono de la familia cuando este ha crecido y no ha tenido la suerte de caer en algún hogar rico beneficiado de las políticas de Ayuso.

Críticas de la oposición

 La diputada del PSOE Lorena Morales ha reprochado al Gobierno autonómico que apruebe una ley para el concebido no nacido pero que una vez que pare la mujer "desaparecen". "Ustedes les dicen a las madrileñas que tengan hijos, pero cuando esos hijos nacen, deja solas a las madres. Porque una cosa es hablar de natalidad y otra, muy distinta, acompañar a las madres a los niños y a las niñas", ha defendido.

Asimismo, ha considerado que la norma no responde a una “necesidad social” sino a una “obsesión ideológica”. "Lo necesario es defender la vida cuando ya tiene nombre. Cuando tiene problemas, cuando necesita recursos públicos”, ha reprochado, recordando que en Madrid existen 155.000 niños que viven en pobreza severa. Por su parte, Más Madrid ha calificado la ley de “chapuza legislativa" que busca hacerle "guiños a los enemigos del derecho al aborto" y de "contentar la electorado más ultra".

"Si tanto le preocupan los concebidos, ¿qué tal hacer algo por los concebidos nacidos?", ha cuestionado la diputada Raquel Huerta, quien ha pedido medidas como climatizar colegios, un comedor escolar universal o el cuidado de los menores extranjeros no acompañados. La parlamentaria, cuyo embarazo está próximo a salir de cuentas, ha afirmado que la ley queda "muy lejos" de lo que precisan las familias madrileñas, al tiempo que ha asegurado que la "defensa de la vida" del PP acaba "en el paritorio".

Posteriormente la formación ha enviado a la Mesa de la Asamblea un escrito en el que ha advertido de que una de las enmiendas incorporadas sería "inconstitucional". Se trata de la que permite modificar vía decreto la norma. Sostienen que no sería legal porque el decreto tiene un rango inferior a la ley.