La cruzada de Isabel Díaz Ayuso con las universidades públicas parece afrontar un nuevo horizonte. Con motivo de su viaje a Estados Unidos, al que han viajado junto a la delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid los rectores de las universidades públicas de la región, ambas partes han acercado posturas para encauzar las negociaciones sobre la futura Ley de Universidades madrileña.
Según avanzó este jueves El País, tras reunirse con la dirigente madrileña, los rectores han acordado formalizar reuniones semanales con el consejero de Educación, Emilio Viciana, para progresar en las negociaciones. Así las cosas, y previamente al viaje a Nueva York y Miami, el quinto que realiza Ayuso desde el comienzo de su mandato en el Ejecutivo de la Puerta del Sol, los rectores aseguran ver ahora “receptiva” a la presidenta.
Las denuncias de la comunidad universitaria pública por la asfixia de financiación que viven desde los últimos tiempos ha ido creciendo, más aún con el anuncio del impulso de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) por parte de Ayuso, pero con este punto de inflexión, la mirada parece indicar una vía de entendimiento en su primera fase.
El consejero Viciana llegó a decir la semana pasada ante los medios de comunicación que la normativa madrileña se ha trazado “de la mano de los rectores y con muy buena sintonía”; similares palabras las esgrimidas entonces por la presidenta regional, quien dijo que el trabajo con la comunidad universitaria se lleva prolongando “muchos meses”.
No obstante, según recoge el medio citado en anteriores líneas, los rectores de la pública no recibieron una copia oficial de este contenido hasta el pasado 13 de junio, cuando trascendió que el borrador de la norma contemplaba multas de hasta un millón de euros por manifestaciones y protestas “no autorizadas” en el ámbito universitario.
Con este viaje a tierras estadounidenses, los principales representantes de las universidades públicas habrían trasladado a Ayuso las líneas rojas que no cruzarán de los márgenes de la ley regional. El epicentro del debate radica en la financiación de este pilar educativo, el cual, en el caso de la Comunidad de Madrid, es de las peores financiadas de España, teniendo a su vez en cuenta la proliferación del modelo privado con el decimocuarto centro en proceso de desarrollo.
Por lo pronto, la Cruma -la conferencia que recoge la representación de las seis universidades públicas madrileñas- se reunirá el próximo martes con el telón de fondo de cómo abordar la LESUC, sobre la que abogan que se reduzca de manera sustancial en su fondo y forma.
Esta nueva vía de diálogo se produce al mismo tiempo que la controversia en materia de financiación: el agujero de cerca de 200 millones de euros que podría darse en las universidades públicas, debido a que el sistema de la Comunidad de Madrid pasaría de ganar 16 millones de euros en las operaciones corrientes en 2023 a perder ahora 180 millones. En otros términos, si los ingresos se incrementan a 1.596 millones, y con el nuevo documento se quedarían en 1.400, supondría un total de 196 millones menos. Cabe recordar que el pasado otoño, con la presentación de los presupuestos autonómicos, el Ejecutivo de Sol anunció que tan sólo aumentaría la cuantía universitaria a un 0,9%, la mitad de lo que reclamaba el sector; entonces, ante la presión, se logró una subida final del 4,2%, aunque aun insuficiente.
Claves de la Ley de Universidades de Ayuso
La LESUC contiene puntos y detalles que han centrado el foco en cómo evolucionará la situación de las universidades en la Comunidad de Madrid en los próximos meses. Fue a principios de este mes de junio cuando trascendió el contenido del borrador de la normativa autonómica, por el cual se barajan multas de hasta 100.000 euros, incluso llegando al millón, por protestas universitarias “no autorizadas”.
Las sanciones también contemplan entre 300 y 15.000 euros por “colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización o arrancar los que han sido debidamente autorizados”. Así, como infracciones muy graves, se plantean supuestos escenarios como “no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y libertad en los campus, especialmente la libertad de expresión y de cátedra”, con multas que ascienden incluso hasta el millón de euros la más elevada y 100.000 euros la más baja.
Sin quedarse en este punto, la ley que recoge el ‘modelo Ayuso’ en clave universitaria también pasa por permitir la creación de un distrito único de prácticas y un nuevo sistema de financiación plurianual, básico y por objetivos, este último, constando de tres niveles diferentes.
El impulso de esta normativa regional viene de la mano del rechazo de la presidenta madrileña al Real Decreto estatal, del cual se desmarcó y abrió otra cruzada contra el Gobierno de Pedro Sánchez, considerando, desde su postura, que “ataca a las universidades privadas, va en contra de la Constitución e invade competencias autonómicas”. El mapa universitario de la Comunidad de Madrid recoge seis centros públicos y 13 privados, con el decimocuarto en camino.