El pasado 7 de abril, el PSOE remitió un escrito al juzgado número 19 de Madrid, en el que pedía una prórroga de seis meses del procedimiento en el que se investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por corrupción en los negocios. Los socialistas, que ejercen la acusación popular en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, iban en sintonía con lo que pide la Fiscalía, y reclamaban al mismo tiempo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregue el informe pendiente desde el pasado 27 de junio.
Más allá de la petición de la prórroga de las diligencias y de nuevas testificales y requerimientos, el escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, menciona directamente hechos en los que por primera vez, Isabel Díaz Ayuso es protagonista. Nunca antes había aparecido en un documento de la causa el nombre expreso de la baronesa popular, que es mencionada como participante de una de las relaciones comerciales por las que se investiga a su novio. Concretamente, esto pertenece a la pieza separada en la que González Amador está acusado de corrupción en los negocios y administración desleal en torno a operaciones empresariales en el sector de la sanidad privada, que se suma al otro procedimiento en el que se le imputan dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental.
El nombre de la presidenta aparece mencionado en el marco de una cena "reservada y privada en León" con Fernando Camino, socio comercial de su pareja en el sector sanitario, del que los socialistas piden su declaración como investigado. Fue el 15 de enero de 2022, diez días después de una transferencia del empresario a su esposa, la mujer que vendió Círculo de Belleza, S.L. a Maxwell Cremona, la sociedad del novio de Ayuso. La primera empresa está bajo sospecha de ser en realidad una vía instrumental para las contraprestaciones económicas entre González Amador y Camino.
El escrito solicita también, entre otras diligencias, la testifical del empresario que firmó el contrato que autorizaba ceder parte de la facturación de Maxwell Cremona a Masterman S.L., anteriormente Círculo de Belleza, y que se inste a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a investigar y trasladar a la UCO "las relaciones societarias y económicas, entre las personas relacionadas con los hechos".
Más de nueve meses sin informe de la UCO
Además de mencionar a Ayuso, el escrito -que firma el letrado en representación de PSOE y Más Madrid como acusaciones populares- habla de "una parálisis que obstaculiza la fase de instrucción", y alega que "la situación procesal del procedimiento ha permanecido invariable en lo que a la práctica de diligencias se refiere, estando pendiente de llevarse a cabo, tanto prueba acordada (informe de la UCO), como proveerse escritos de prueba solicitada, reiterada mediante escritos de impulso procesal presentados", por lo que es "absolutamente necesaria la continuación de la instrucción mediante una nueva prórroga", según lo que recoge el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Además, los socialistas insisten en que la UCO tiene pendiente cumplir "la investigación de los hechos encomendada" en el auto del 27 de junio de 2025. "desconocemos incluso cualquier informe inicial, del que se podrían derivar nuevas diligencias derivadas del mismo, e incluso si el mismo ha sido reiteradamente requerido, habiendo transcurrido más de nueve meses", señalan.
La UCO reconoció en noviembre que no habían comenzado la investigación requerida en el mencionado auto de junio. La brigada de la Guardia Civil dijo al diario El Mundo que "fuentes" del cuerpo llevaban "solicitando las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento", pero que no fue posible hasta el 8 de noviembre, cuando el juzgado avaló dicho trámite cuyo objetivo era el inicio de las pesquisas por parte del organismo que capitanea el coronel Antonio Balas, que la Fiscalía Anticorrupción había encargado el pasado verano.
Tal y como tuvo acceso ElPlural.com, en el texto se recuerda el incremento patrimonial del que disfrutó la empresa presumiblemente principal del empresario investigado, Maxwell Cremona, entre 2020 y 2021; tiempo en el que se investiga una presunta corrupción en los negocios y administración desleal, y mismo periodo en el que se le acusa de haber cometido un presunto fraude fiscal a la Hacienda Pública por un valor superior a los 350.000 euros, que es lo que ocupa la pieza principal en los juzgados de instrucción de Madrid.