El gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, estudia la posibilidad de que otros ejecutivos autonómicos copaguen el bono transporte a estudiantes no empadronados de estas regiones que usen la tarjeta de transporte público autonómica.
La lideresa regional pretende seguir de este modo los convenios ya firmado con Castilla y León y con Castilla-La Mancha, que han calculado un gasto de siete millones de euros entre 2022 y 2026, y de más de 39,4 millones de euros entre este año y 2030, para que estudiantes y trabajadores de algunos municipios puedan beneficiarse de los descuentos en el transporte público de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, Madrid también hace aportaciones millonarias como resultado de estos dos acuerdos, que proyectan que los pagos se presupuestan primero y después se realizan únicamente en función de los viajes realizados.
Forma parte de la rectificación de la Comunidad de Madrid con el bono transporte
La última decisión adoptada por el Ejecutivo madrileño; la posibilidad de que este tipo de acuerdos se vayan a extender a otras regiones, es producto de la suerte de rectificación llevada a cabo por el gobierno de Ayuso, que ha pasado de exigir el empadronamiento a las personas no empadronadas en Madrid a abrirse a firmar convenios para eximir de este requisito al alumnado de otras autonomías.
La recogida de cable de la presidenta autonómica, en realidad, es a medias, ya que no arregla la situación de las personas migrantes que no estén dadas de alta en el padrón. Tampoco de los alumnos extranjeros, que se enfrentan desde hace meses al colapso del sistema de citas que ofrece Madrid, lo que ha llevado al Ayuntamiento a habilitar la vía telemática.
La Autonomía defiende que la manera de operar con los territorios sería igual que con Castilla-La Mancha o Castilla y León. En este caso, la primera autonomía presupuestó más de 15 millones de euros para el periodo 2022-2024, mientras que la de Alfonso Fernández-Mañueco tiene previsto un presupuesto también millonario.
La Comunidad de Madrid no aporta más detalles sobre los tiempos que maneja para que los convenios salgan adelante o acerca de las regiones que priorizará a la hora de firmar los documentos. Tampoco habla del coste económico que tendrá para Madrid y el resto de comunidades transformar un sistema que funcionaba de la misma manera desde hace décadas.
La medida de la Autonomía, que pasaba en un primer momento por dejar fuera del bono transporte a las que no dispusieran del padrón en Madrid, generó mucha polémica el viernes pasado, en el momento de su anuncio.
El lunes, la presidenta reculó en cierto modo y anunció que buscaría una fórmula alternativa para los estudiantes de otras regiones. En un desayuno informativo protagonizado por el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, la lideresa autonómica señaló que “del mismo modo que tenemos convenio con otras regiones como, por ejemplo, Castilla-La Mancha, vamos a promover otros acuerdos con el resto de regiones para que, por ejemplo, los jóvenes universitarios y los demás estudiantes en Madrid puedan acogerse al abono joven y la subvención que conlleva”.
Coincidiendo con la "prioridad nacional" de Vox
La administración de la Puerta del Sol asegura que ha esperado 15 años en adoptar la decisión que le permite condicionar la tarjeta de transportes al empadronamiento, pues ésta está en vigor desde 2011.
Defiende haberlo hecho por una sucesión de acontecimientos, como la pandemia o limitaciones relacionadas con la tecnología, pero no escapa a que llega en un momento crucial -a menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales de 2027- y coincidiendo con el momento en que Vox impulsa su proyecto de “prioridad nacional” Vox impulsa su proyecto de “prioridad nacional” que está intentando imponer en sus negociaciones allí donde es fundamental para que exista gobierno.
Tribunales
La cuestión ya ha llegado a los tribunales. PSOE y Más Madrid, así como el Gobierno central, ven qué cabida jurídica puede tener la exclusión, mientras que Izquierda Unida (IU) -que no tiene representación en la Asamblea de Madrid- llevará la medida a los tribunales.
Por su parte, la asociación Acción Contra el Odio (ACO) ha denunciado ante la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación al Consorcio Regional de Transportes y a la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid por discriminar al colectivo de personas migrantes de la región.
Asimismo, Renfe tachó de “discriminatoria” la medida, que afectaría, según cálculos de Madrid, a unas 200.000 personas, mientras el gobierno de Ayuso no firme los convenios anunciados con sus homólogos de otros lugares.
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