La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podría estar en su momento más delicado por la gestión que hizo su equipo de gobierno durante lo más duro de la pandemia del coronavirus en materia de residencias.
Más de cien personas presentaban el pasado mes de octubre una macrodenuncia contra los bautizados como 'protocolos de la vergüenza' que impidieron el traslado de sus seres queridos a hospitales en 2020 a partir de la cual la Fiscalía ha abierto una investigación esta semana en la que citaba a declarar a familiares de los mayores que fallecieron sin la prestación sanitaria adecuada. Un procedimiento que la oposición espera que tenga lugar también en la Asamblea regional.
Así las cosas, Más Madrid vuelve a pedir a la Mesa que estas personas den su versión sobre lo que ocurrió y en qué basan sus denuncias. En concreto, la formación de Manuela Bergerot insiste en solicitar que hablen las asociaciones Verdad y Justicia y Marea de Residencias, lo cual ya han intentado anteriormente, pero sin éxito.
La diputada Diana Paredes emite en declaraciones a ElPlural.com que su partido quiere llevar a los mismos declarantes que van a pronunciarse en los juzgados a la Cámara regional “para que toda la ciudadanía los escuche”, que lo relativo a aquellas fatídicas jornadas “no caiga en el olvido” y, en definitiva, “para que se haga justicia”.
“Sabemos que el Gobierno de Ayuso solamente ha puesto trabas y bloqueado a todas las iniciativas que desde la oposición se han solicitado con el objetivo de conocer la situación de las residencias en la Comunidad de Madrid, pero si le queda algo de decencia a Ayuso y su Gobierno debería permitir que los familiares puedan comparecer en la casa de todos los madrileños y madrileñas, que es la Asamblea de Madrid, en lugar de denigrar e insultar a las familias como ha venido haciendo hasta ahora”, resuelve la formación progresista.
En manos de la Justicia
La Fiscalía citaba a declarar el pasado jueves a varios familiares de personas que fallecieron en los centros de la tercera edad de la autonomía durante la primera ola del coronavirus. La apertura de la causa se da en el marco de la denuncia colectiva presentada hace unos meses en la que la parte firmante considera que se cometió un delito continuado de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios.
Las dos organizaciones, encargadas de coordinar la demanda colectiva, celebran los pasos dados por la jurisprudencia, que contrasta con la “pasividad mantenida” ante movimientos previos. Sin embargo, con el paso del tiempo como telón de fondo advierten del riesgo de que “los delitos denunciados prescriban” si no se actúa “con rapidez”. Todo caería en saco roto si se alcanza la segunda quincena de marzo, momento en el que se cumplirían cinco años de los hechos.
Macrodenuncia contra el Gobierno de Madrid
La denuncia fue presentada por la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid el pasado 10 de octubre y lleva la rúbrica de 109 denunciantes, familiares de 115 personas que vivían en estos centros en marzo de 2020, repartidas en 72 geriátricos diferentes del mapa madrileño. Entienden todas ellas que se cometió un delito de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios que queda tipificado en el artículo 511 del Código Penal, aunque apuntan a otros documentos sacados de Europa y otras instituciones.
La denuncia está dirigida a cuatro antiguos altos cargo del entonces equipo de la presidenta -Carlos Mur y Francisco Javier Martínez como directores de Coordinación Sociosanitaria; Pablo Busca como director gerente del SUMMA 112 y Antonio Burgueño como asesor sanitario de la lideresa de Sol- y a un total de 29 personas (el resto son geriatras de referencia de varios centros hospitalarios).
Los denunciantes hacen alusión en su escrito a la discriminación que sufrieron sus familiares en cinco aspectos, pero lo que más destacan es la falta de medicalización de las residencias y la prohibición de trasladar a los residentes a hospitales. Las otras aristas llegan al veto a la atención de los residentes en hospitales privados, a no ser que tuvieran seguro privado; en el hospital de Ifema y en los hoteles medicalizadas.
La Consejería de Familia, juventud y Asuntos Sociales mantiene que hasta ahora la justicia ha archivado todas las denuncias y querellas sobre este asunto, y acusa a la izquierda de un “uso partidista” del tema.