La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, destinó 800.000 euros de fondos públicos en 2024 a cuatro asociaciones dedicadas a impulsar la inteligencia artificial, sin empleados y que situaron un 20% de la subvención a pagar a un bufete de abogados vinculados al PP.
Uno de los socios del despacho es Rafael Catalá, quien fuera ministro de Justicia entre 2014 y 2018, con los gobiernos de Mariano Rajoy. Su hijo ejerce ahora como diputado en la Asamblea de Madrid.
Las asociaciones que recibieron el montante, denominadas “clústeres tecnológicos”, se constituyeron como asociaciones sin ánimo de lucro en reuniones que tuvieron lugar en septiembre de 2022, según consta en las actas fundaciones, y tal y como ha informado Infolibre. Todas las citas duraron diez minutos y estuvieron protagonizadas por la misma persona del Ejecutivo ‘popular’. Más llamativo es que los encuentros se habrían celebrado en sitios diferentes si se atiende a las actas.
Los socios fundadores son la propia región madrileña, representada en esto por el entonces consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo Torres, y la consultora Crowe Accelera Management. El tercer socio varía entre Funditec Tecnológica Advantx en los clústeres de IA, la Asociación Consorcio Red Alastria en el de blockchain; y Antalis Consulting Services en el de transformación digital.
Sin competencia ni justificación
Al principio, las cuatro asociaciones compartieron domicilio provisional en el número 30 de la Gran Vía madrileña, donde la Autonomía disfruta de parte de sus oficinas. Asimismo, en un primer momento establecieron una cuota mensual simbólica de 100 euros por socio, lo que suponía 800.000 en subvenciones directas.
Los convenios, autorizados por Consejo de Gobierno en diciembre de 2023, los firmó un día después la Consejería de Digitalización, dirigida por Miguel López-Valverde Argueso, por un importe de 200.000 euros cada uno.
La subvención se concedió de forma directa y sin competencia aludiendo a “razones de interés público y social” por la pandemia del Covid, a pesar de que las rúbricas llegaron años después.
Así se llega a 2025, cuando la fórmula de las subvenciones regionales a los clústeres pasa a ser una subvención nominativa. Sus justificaciones todavía no se han publicado en la sede electrónica ni facilitado al medio que saca esta información en exclusiva.
Los gastos indirectos se concentraron en el despacho de Catalá, mientras que se estableció que los indirectos no podían superar el 20% del importe total de la subvención; o lo que es lo mismo, 40.000 euros por asociación. Si bien, los costes se definen como los gastos generales de funcionamiento de la asociación -véase personal, dietas o desplazamientos- las justificaciones de las subvenciones del ejercicio 2024 revelan cómo todos los gastos de la partida de gastos indirectos -145.000 euros aproximadamente- se destinaron al despacho Carles Cuesta Abogados y Economistas, al que se incorporó un bufete de Catalá en mayo de 2021.
Toda la actividad justificada ante la Comunidad de Madrid se distribuyó íntegramente entre proveedores externos. Se trata de estudios encargados a firmas como Accenture, KPMG o Talent Hackers; promociones a través de Alcandora Publicidad y Merge Digital; o los citados gastos indirectos del despacho de Catalá. También las memorias justificativas de las cuatro asociaciones siguieron este modus operandi.
Además de lo que alcanzó el bufete de Catalá, el importe facturado a cada clúster fue de 36.300 euros; un 90% del tope máximo de gastos indirectos que permite el convenio. Dicha facturación se produjo entre abril y diciembre de 2024 y no durante todo el año, a razón de aproximadamente 12.000 euros mensuales entre las cuatro entidades.
Esta es la única justificación que existe, ya que las cuentas generales no se encuentran disponibles en la sede electrónica. Al no estar registradas como asociaciones de utilidad pública, su publicación no es obligatoria. Igualmente, no consta ningún gasto en estructura ni personal propio de las firmas.
El perfil del bufete no guarda relación aparente con las necesidades de cuatro asociaciones que se dedicarían a la promoción de tecnologías. De hecho, no existe respuesta sobre qué tipo de servicios presta exactamente un bufete concursalista a cuatro firmas en mayor o menos medida tecnológicas.
En lo que respecta a Catalá, fue subsecretario de Hacienda entre 2000 y 2002, con Cristóbal Montoro al frente del ministerio, secretario y consejero de Codere (dedicado a las apuestas), que pagó 679.000 euros al bufete de Montoro Equipo Económico. Ni Catalá ni su hermana Raquel, que aparece en citada en los informes del denominado caso Montoro por su papel como jefa de la delegación especial de la Agencia Tributaria, figuran como investigados en la causa que cerca al ex ministro de Economía.