El Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva entregando desde 2019 un centenar de parcelas públicas para su explotación, durante los próximos entre 40 y 70 años, por operadores privados con importantes márgenes de beneficio, según ha publicado El País tras revisar la documentación del portal de contratación de la región. Se trata de suelos de origen municipal en su mayoría y cedidos sin coste para albergar colegios privados concertados, residencias y centros de día, y miles de viviendas destinadas a alquiler presuntamente asequible (bajo el Plan Vive, que tantos problemas ha causado ya). Así, los inversores combinarán la oferta de plazas públicas con la obtención de ingresos procedentes de plazas privadas, alquileres y servicios complementarios. Un modus operandi que la oposición denuncia como liberador para las cuentas actuales de la región, pero detrimental para el futuro, y que desde el Ejecutivo defienden por "cuestiones de eficiencia".
"Es una fórmula de colaboración público-privada que permite una puesta en servicio de las infraestructuras necesarias de forma más rápida y bajo criterios de eficacia y eficiencia", argumenta un portavoz madrileño sobre un plan que afecta, con distintos matices, a cerca de cien parcelas: cinco destinadas a colegios concertados (dos aún en fase preliminar); 40 previstas para residencias y centros de día; y 72 incluidas en el Plan Vive, de las que 19 siguen pendientes de adjudicación formal, de acuerdo con el portal oficial.
El municipio capitalino, Móstoles, Alcobendas, Tres Cantos, Torrejón de Velasco o Torrejón de la Calzada son algunos de los lugares donde la política de cesión gratuita de suelo público se ha extendido por bajo el sello del Ejecutivo de Ayuso y se ha visto reforzada por el amplio poder municipal obtenido por el PP en los comicios de 2023. Frente a la oposición del PSOE a que los ayuntamientos gobernados por los socialistas se sumen a estos programas, la presidenta ha optado por reactivar una fórmula impulsada intensamente durante la etapa de Esperanza Aguirre (2003-2012) y que el Gobierno de Cristina Cifuentes (2015-2018) frenó en el ámbito de los colegios concertados. "El suelo público debe destinarse a reforzar los servicios públicos y garantizar derechos, no a facilitar los negocios privados de un rentista, la Iglesia o una mercantil”, sostiene María Pastor, portavoz adjunta de Más Madrid en la Asamblea. "Con decisiones como estas, el Gobierno de Ayuso consolida un modelo que desvía recursos hacia lo privado en vez de fortalecer lo público. Ceder parcelas debe ir acompañado de cláusulas estrictas que impidan que se mercadee con el derecho a la educación, a la vivienda y a los cuidados", lamenta también.
"Suelo público para intereses privados"
Este lunes, tras conocerse la apertura de un concurso para ceder una parcela municipal destinada a una residencia, Ana Lima, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, criticó con dureza la medida: "Volvemos a ver una fórmula que ya conocemos bien, la cesión de suelo público para que intereses privados hagan negocio. Lo hemos visto ya en vivienda y ahora lo vemos también en el ámbito residencial. No estamos ante una simple decisión de gestión, sino ante un regalo con efectos estructurales a largo plazo: Lo que se presenta como eficiencia implica en realidad un cambio de modelo: menos gestión directa y mayor dependencia de operadores privados en un sector tan sensible como los cuidados. La prioridad debe ser el interés general, la calidad y la universalidad, no la rentabilidad".
En términos similares lo hizo el socialista Javier Guardiola, habitualmente incisivo con el Gobierno de la región. "Durante años se ha estado dando el suelo público para gestiones privadas, y nos encontramos en barrios o municipios donde tienen una carencia absoluta de servicios públicos. El suelo público es un recurso finito. La Comunidad de Madrid tiene una carencia de servicios públicos. Hay que usar ese suelo para generarlos", manifestaba.
Por su parte, las grandes beneficiarias serán, claramente, las empresas adjudicatarias, que tendrán entre manos un negocio altamente rentable. En el caso de los colegios concertados, tradicionalmente han podido hipotecar el propio suelo público para financiar las obras comprometidas, y a cambio de garantizar plazas concertadas en enseñanzas obligatorias, pueden ofrecer otras de pago íntegro en etapas como Infantil o Bachillerato, donde la Administración ha aportado becas para los alumnos captados en la fase financiada con fondos públicos.
En cuanto a las 40 residencias y centros de día que la Comunidad acaba de comenzar a licitar, con la previsión de empezar a inaugurarlas durante el verano de 2028, los concesionarios podrán obtener ingresos adicionales por servicios como aparcamiento, cafetería y numerosas plazas de carácter privado. Una vez desplegado el sistema completo, la Comunidad reservará 2.400 plazas públicas y las empresas podrán comercializar 1.755 en el mercado libre, según datos oficiales.
Por último, las parcelas destinadas al Plan Vive será el negocio más lucrativo de todos, ya que el beneficio estimado para los adjudicatarios alcanza cifras de cientos de millones de euros netos por promoción, de acuerdo con la documentación de los concursos analizada por el citado diario.