El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, municipio madrileño gobernado por el Partido Popular, ha decretado este lunes el cierre definitivo del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) del Gobierno central alegando que carece de la licencia adecuada para continuar con su funcionamiento.
Con esta decisión a cargo del Ejecutivo municipal de Paloma Tejero se cumple la dinámica de actuación del PP de Isabel Díaz Ayuso en torno al reparto de menores migrantes en España según el plan estatal. La instalación, inaugurada en 2022, acogió a más de 100.000 personas, en un importante porcentaje de ucranianos -desplazados por la guerra de Vladimir Putin- y migrantes de distintos países de África y América.
En el comunicado que ha hecho público el Ayuntamiento se anuncia que se otorgan “cuatro meses de plazo al Ejecutivo central “para que realoje” a los “más de 400 personas” que aún residen en este centro, “evitando así el cierre inmediato que es preceptivo en estos casos”. Asimismo, alegan que el centro de Pozuelo “no podrá acoger nuevos residentes en ese plazo y su incumplimiento provocaría el mencionado cierre inmediato”, en referencia así a la resolución que se dio a conocer tras el estudio de las alegaciones presentadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz el pasado 14 de agosto.
Una decisión del Consistorio popular que se da después de que el pasado 30 de julio se notificase al centro el cese cautelar de su actividad “al comprobar que no disponía de licencia de funcionamiento”, prosiguen explicando, reiterando que, “según la información que el Ministerio aporta, en la instalación se viene realizando una actividad de centro de acogida y alojamiento, que no está autorizada y cuyo uso es incompatible con la normativa municipal”.
Su capacidad es de 546 plazas gestionadas por la Fundación ACCEM, pero la licencia de funcionamiento se limita a la de un centro de formación de la Tesorería General de la Seguridad Social, la cual cuenta con auditorio y hospedaje para un máximo de 90 habitaciones. “Un uso que nada tiene que ver con el que el Gobierno ha venido haciendo en los últimos meses y mucho menos aún con lo que pretendía hacer trasladando a 400 menores no acompañados a dicha instalación”, ha defendido Tejero en el comunicado.
Choque político por los centros de menores
En los últimos meses, la gestión de los centros de menores en todo el país con el reparto estatal, especialmente en la Comunidad de Madrid, se ha situado en el foco. Debido a la violación de una menor de 14 años en otro centro en Hortaleza, la extrema derecha ha situado toda la culpa en el significado de estos centros, abogando por su cierre definitivo en toda España.
Por su parte, el Gobierno regional de Díaz Ayuso no sigue esta misma línea, pero sí ha dejado caer que contemplaría echar el cierre en los centros de migrantes mayores de edad, siendo ejemplo de ello este de Pozuelo, pero también otros como el de Campamento, dependiente del Estado.