El Ayuntamiento de Almeida impulsa el desahucio de una histórica activista de 77 años de una vivienda pública

Paca Blanco, activista histórica que lucha contra el poder y defiende a la clase trabajadora desde antes de llegar la democracia a España, se enfrenta ahora a una lucha por mantener su vivienda. El Ayuntamiento de Madrid quiere desahuciarla de la vivienda pública, en manos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), en la que reside desde hace más de 10 años. El juzgado de primera instancia de Madrid ha fijado la fecha del desalojo el próximo 23 de febrero, pese a que la mujer tiene 77 años y necesita de un andador para desplazarse.

Hija de un preso político republicano torturado durante el franquismo, Paca nunca ha dejado de luchar y llegó a la capital huyendo del acoso, amenazas y agresiones que sufrió en Extremadura por posicionarse contra el macroproyecto turístico de Marina de Valdecañas. En Madrid, corría el año 2014, la acogió su hijo, que residía en la misma vivienda pública en la que todavía, doce años después, duerme la activista y referente histórico de Ecologistas en Acción. Su descendiente partió a Brasil con su pareja y ella permaneció en el inmueble.

Paca ha intentado, desde entonces, subrogarse el contrato de su hijo, pagar el alquiler como inquilina y regularizar su situación con la EMVS. Sin embargo, la empresa pública controlada por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida siempre se ha negado. Esta negativa impidió el abono del alquiler, dado que no se la reconocía como la inquilina legítima, y ha derivado en una orden de desahucio autorizada por un juzgado que considera a la activista una okupa, pese a que la EMVS nunca ha querido negociar sobre los pagos, que Paca lleva realizando desde hace un año por su cuenta.

“A pesar de que ha intentado regularizar su situación, la EMVS pretende desahuciarla”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas y otros colectivos de vivienda agrupados. Sin embargo, no lo tendrán sencillo. “Colectivos de vivienda, ecologistas y anticapitalistas de todo el Estado exigen que se reconozca el derecho de Paca, y con ella el de toda la clase trabajadora, a una vivienda digna, con un alquiler social adecuado a sus ingresos”, reclaman, anticipando que lucharan junto a Paca, y frente a las fuerzas del Estado, para evitar que se produzca el desahucio.

“Una batalla de clases”

El movimiento de vivienda tiene claro que la habitacional, como el resto, es una lucha que se enmarca dentro de la “batalla de clases”. “La cuestión de la vivienda es uno de los núcleos de la batalla política y social en el Estado español, y es así porque el mercado de vivienda se constituye en uno de los elementos de generación de riqueza y desigualdad más importantes. Además, el impacto del turismo masivo ha sido enorme en los últimos años y ha multiplicado el uso especulativo de la vivienda, dejando el valor social de la vivienda en una caricatura”, exponen.

“El uso financiero de la vivienda es una lucha de clases porque constituye un mercado en el que los grandes capitalistas generan beneficios extremos, las clases medias copan parte del pastel acumulando inversiones mientras las clases populares se ven expulsadas”, analizan con contundencia. Y esto es posible gracias a una legislación que protege a los especuladores y entrega la construcción de este bien de primera necesidad a manos privadas, mientras “la vivienda social es insuficiente y la construcción de vivienda protegida, en muchos casos, solo ha sido una forma de garantizar el negocio de venta para clases medias”.

Paca, una más

Una realidad, la de Paca, que tan solo personaliza un caso más entre las miles de historias de precariedad que abundan en el país. “Una mujer que ha trabajado toda su vida, se ha entregado a luchas ecologistas y sociales y ha sacado adelante a cinco hijos. Una mujer con una actividad social de primer nivel y que tiene el reconocimiento de sus compañeras. Sufrió el internamiento en el Patronato de la Mujer del franquismo, donde miles de niñas y mujeres fueron encarceladas y torturadas sin proceso ni defensa, donde se robaron niños y se intentó disciplinar a las mujeres de las clases más desfavorecidas”, recuerdan su trayectoria sus compañeras.

Y Paca “no se dejó disciplinar”, aunque sí hereda “la persecución a la que toda su clase ha sido sometida: precarización laboral, dificultades económicas y carencia de vivienda”.  La activista ya tuvo que huir de su vivienda de Extremadura por la persecución política y la agresión de los sectores más reaccionarios, llegando incluso a sufrir el intento de incendiar su vivienda. “Otra vez las instituciones intentan doblegar a Paca, arrebatándole su hogar y empujándola a la calle o a un nuevo internamiento en una institución para mayores”, denuncia el movimiento. Pero Paca no está sola, “Paca somos todas”.