Este jueves, 17 de septiembre, se conocía el final del proceso de subasta del ático situado en el barrio de Chamberí que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de su empresa pública Planifica Madrid, adquirió por un valor superior a seis millones de euros y cuya compra no se comunicó oficialmente en los portales de transparencia, donde deben plasmarse los gastos que realizan las instituciones y los motivos por los que se utilizan las partidas económicas. Este piso, de más de 400 metros cuadrados, que cuenta con cinco habitaciones y cinco baños, además de una extensa terraza, pasaba a ser ofrecido por el Ejecutivo madrileño en un proceso de venta pública tras haber estallado todo el escándalo relativo a este inmueble y el uso que iba a tener. Ahora bien, ningún comprador ha mostrado interés por la vivienda y la subasta quedaba desierta.
Como se mencionaba, el Gobierno de la Comunidad de Madrid pasó a poner a la venta este inmueble tras la enorme polémica surgida en torno al mismo. Todas las preguntas que surgían alrededor de este ático y el posible uso particular, en lugar de institucional, que podría llegar a hacer del mismo Isabel Díaz Ayuso generaba una notable controversia y debate debido al cual la presidenta madrileña ha mantenido un perfil muy bajo durante este verano, minimizando lo máximo posible sus apariciones públicas y su contacto con la prensa, además de esquivando de manera continuada este asunto. El piso de más de seis millones de euros situado en el barrio de Chamberí puso contra las cuerdas a Ayuso, cuyo Ejecutivo, ante la presión pública, realizó una maniobra política para rebajar la tensión y anunció este proceso de subasta pública, asegurando que lo recaudado por la venta sería destinado a la reparación de los daños causados por los incendios que, durante el verano, asolaron la sierra de Madrid.
Toda la polémica surgida propició la aparición de denuncias contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y su empresa pública, que llevaron ante las instituciones judiciales la compra de este inmueble al cual, según ha podido conocerse tras publicarse en las últimas horas el expediente de compra, sí que se le otorgaba desde el Ejecutivo madrileño un "carácter residencial", pese a que, según habían defendido durante el verano, iba a estar destinado a un uso profesional, de oficinas y despacho por las obras en la Real Casa de Correos.
Uno de los denunciantes de la compra de este inmueble fue el abogado Javier Flores, quien comunicaba en la red social 'X' que, a raíz de la denuncia que presentó el 3 de agosto, el Tribunal de Cuentas le trasladaba su decisión de abrir una pieza de Acción Pública, un procedimiento a través del cual se investigan posibles daños a los fondos públicos. "Se han acumulado a ella otras tres denuncias posteriores por los mismos hechos. El Tribunal me da diez días para decidir si me quedo como mero denunciante o si ejerzo la acción pública de responsabilidad contable. Voy a ejercerla", aseguraba Flores.
En el Tribunal de Cuentas las preguntas no se responden con declaraciones, sino con documentos
El abogado hablaba en la red social sobre el procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas, que se suma a la investigación que se está realizando en el Juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid. Tal y como argumentaba, la subasta desierta cierra una salida para el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la hora de defenderse, pues al no vender, por el momento, este ático no dispone de la posibilidad de alegar que el perjuicio causado a las arcas públicas ha sido reparado. "En la malversación, reparar el perjuicio de forma efectiva e íntegra atenúa la pena (art. 434 CP)", explicaba Flores, quien señalaba que, sin embargo, ante la ausencia de comprador "lo gastado desde abril en la operación, el mantenimiento y una licitación fallida no se recupera".
Javier Flores hacía en 'X' un repaso al proceso de compra del ático que llevó a cabó Planifica Madrid, apuntando que "la compra se firmó el 14 de abril de 2026. La firmó el consejero delegado, Pedro Corbalán, con un poder para representar a la sociedad 'sin limitación alguna' y comprar 'en el precio, forma y condiciones que estime convenientes'... ¿Decidió la compra Corbalán por propia iniciativa o siguiendo órdenes de alguien al margen del Consejo de Administración? Planifica no lo ha aclarado. Lo que sí consta es que no hay expediente previo, se justifica la compra tres meses después y que por lo tanto el Consejo no pudo aprobarla, a lo sumo pudo ratificar la compra en el consejo de administración de julio, tres meses después de firmarse".
En su análisis, el abogado subraya que, por lo que ha podido conocerse, la memoria de necesidad que redacta la Consejería de Presidencia está firmada el 2 de julio, once semanas después de haber adquirido el inmueble. Precisamente, Flores remarca que, en un procedimiento por prevaricación, se examina si este tipo de documentos fueron preparados antes o después de la decisión.
Todo este proceso de compra para adquirir un alojamiento institucional, el cual tal y como recuerda Flores no cuenta en la Comunidad de Madrid con ninguna norma que lo permita, ha contado con diferentes versiones. Entre ellas, además de todas las ocasiones en las que Ayuso ha asegurado que solo iba a tener un uso de oficina y despacho, se encuentra la facilitada por el mencionado expediente y en la cual se halla una explicación que, según el abogado, posee una consecuencia clara: "el piso sirve para dormir".
Ahora bien, tal y como explica el abogado, "la única norma que regula qué recibe un presidente madrileño al dejar el cargo es el Decreto 59/2025, de 23 de julio, publicado en el BOCM núm. 175 del 24 de julio de 2025... El propio decreto reconoce que, antes de él, la Comunidad de Madrid, a diferencia de otras comunidades autónomas, no disponía de una normativa específica para los miembros de su Consejo de Gobierno al finalizar su mandato". Si bien, esta circunstancia cambiaba el año pasado tras aprobar esta normativa "el Consejo de Gobierno a propuesta del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, la misma consejería que ahora firma la memoria del ático". Así, pone sobre la mesa que este Decreto da un "tratamiento de excelencia y el lugar protocolario siguiente a los miembros del Consejo de Gobierno y, a quien haya presidido la Comunidad al menos dos años, dos personas de apoyo, medios auxiliares necesarios en las dependencias de la Comunidad de Madrid y un servicio de vehículo con conductor".
Sobre el proces de compra, el abogado relata que "un portavoz sostiene que comprar inmuebles es actividad propia de la empresa y no necesita encargo del Consejo de Gobierno". No obstante, según señala "el artículo 2 de esos mismos estatutos exige que esas operaciones estén 'siempre vinculadas a la actividad administrativa' de la Comunidad... A 14 de abril no consta ningún documento que acredite esa vinculación. El primero que la intenta explicar es la memoria de julio. Y queda un dilema: si la necesidad era de la Consejería, faltaba el encargo del Consejo de Gobierno; si la decisión fue solo de Planifica, faltaba la vinculación administrativa. Se construye tres meses después con el documento que enseñan hoy".
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