El ático, México o el verano en el que a Ayuso se le juntaron los problemas

Están siendo semanas complicadas para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A las incógnitas que todavía rodean al ático que la región adquirió para que ella, atendiendo a la versión oficial, usara como “oficina” el tiempo que durasen las próximas obras de la Puerta del Sol, se sumaba en los últimos días la controversia que ha generado la publicación de los gastos derivados de su viaje a México.

Después de comprometerse a reflejar el dinero invertido en aquel desplazamiento -que tampoco estuvo exento de polémica- en el Portal de Transparencia, la Autonomía hacía públicos esta semana varios desembolsos aparejados a él entre los que se encuentra un gasto de 600 euros por la reserva de la sala de autoridades del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. También figuran otros importes por valor de unos 400 y 220 euros, si bien la información no incluye los costes de vuelo ni de alojamiento.

“¿Qué clase de broma es esta?”

Como ocurriera con todo lo relativo al ático, la oposición no tardó en reaccionar, pero en las últimas horas ha ido un paso más allá. En este sentido, el PSOE de Madrid (PSOE-M) ha registrado una batería de preguntas en la Asamblea que contiene, entre otras cuestiones, “cuándo va a publicar el gobierno de la Comunidad de Madrid los gastos relacionados con el viaje de la presidenta a México en mayo de 2026” o “cuál ha sido el coste total del viaje institucional a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid en mayo de 2026”. Así, los socialistas piden también conocer los “gastos de manutención”, “de alojamiento” o “de locomoción”.

“Tres meses después, la Comunidad de Madrid publica solamente los gastos de la zona de autoridades de Barajas del viaje que hizo Ayuso a México, ¿y el resto?, ¿el alojamiento, los vuelos, la vida padre que se pegó en Riviera Maya?”, preguntaba la portavoz del partido en la Cámara madrileña, Mar Espinar.

“¿Qué clase de broma es esta? Le estamos pagando los áticos en Madrid y las vacaciones en México y tienen el cuajo de esconder lo que nos cuesta a los madrileños mantenerle ese tren de vida. ¿Creen que la gente es idiota?”, dicta en un tono muy contundente, pidiendo encarecidamente “saber quién ha pagado ese viaje”, y “si lo hemos pagado con dinero público”, saber “cuánto nos ha costado”: “Los hoteles, las fiestas los restaurantes…”. “Y si se lo han pagado, queremos saber a cambio de qué y para favorecer qué negocietes de qué amigo (…)”, indicaba, contemplando que “se están riendo de todos los madrileños, sin pudor y sin vergüenza”.

Otras voces tanto socialistas como de Más Madrid afeaban el escaso importe registrado a pesar de los nueve días de instancia que la lideresa regional estuvo en México. Manuela Bergerot, portavoz de la izquierda alternativa en la Asamblea cuestionaba asimismo y al momento “quién pagó y a cambio de qué” esos “diez días a todo tren” por el país y la Riviera Maya “sin agenda de interés público y sin un solo euro justificado”.

Desde el Gobierno regional explicaron que el tiempo en que Ayuso no tuvo actos oficiales estuvo dedicado a gestionar su regreso, mientras que parte de los gastos los asumió la Administración y otros la entidad promotora del viaje.

Ayuso refrendaba en su posterior defensa que “uno solo puede publicar los gastos que son imputables a la administración, a sus instituciones o a sus organismos”. “Todo aquello que no ha sido gasto de la Comunidad de Madrid, en este caso, no se puede publicar, porque no es nuestro”, asumía.

Respuesta de la presidenta sobre el inmueble

Volviendo al ático, la izquierda ha relacionado esta falta de transparencia que acusan con la compra que la Comunidad de Madrid realizó en abril y cuya venta anunció el día después de que El País publicara la noticia. Marta Carmona, de Más Madrid, considera que la política del PP habría intentado instalarse “gratis” en una vivienda de Chamberí, pero sus intenciones, dice, se frustraron con la publicación de la información.

Ayuso respondía el pasado miércoles, con un discurso que dista mucho del que defendió al principio, a las insinuaciones: “He visto la intención de mezclar dónde vivo con dónde vamos a trabajar en estos meses, tema que todavía no sabemos, porque las obras empezarán en otoño (…) Solo digo que si yo hubiera querido tener una vivienda para mí he tardado un poquito, siete años. Lo lógico es que hubiera llegado el primer día y hubiera decidido como tantos ministros de los que no sabemos nada. En mi caso no tiene nada que ver. Entiendo que se unan puntos porque se han dado dos circunstancias a la vez y suena muy bien para intentar hacer daño (…) No puedo ocultar dónde vivo ni dónde trabajo, hubiera sido muy poco inteligente”.

En el marco de la controversia generada por este inmueble, varios dirigentes apelan a la hemeroteca y recuerdan el uso privado y de ocio por parte de la presidenta de un chalé en la localidad madrileña de Rascafría. Todo a la vez que la cuestión inmobiliaria no acaba ahí, y es que tal y como publicaba en exclusiva ElPlural.com, en los últimos días  se encontraba a la venta el piso en el que vive con su pareja, Alberto González Amador.

Después, El País adelantó que también se encontraba a la venta el ático que el empresario había comprado en 2025, tras pagar un alquiler con derecho a compra de 5.000 euros al mes. Las últimas palabras de la política están relacionadas con todo ello. En las últimas horas, este periódico ha comprobado que el anuncio ya no se encuentra disponible en las webs de compra, venta y alquileres (concretamente Gilmar e Idealista).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, por tanto, se limita a estas explicaciones. Se niega a comparecer para dar más en la Asamblea y, frente a la prensa, deja muchas preguntas sin contestar cuando se le plantean -sobre el precio de la operación respecto del ático que adquirió la región por ejemplo-, a la vez que rechaza que dicha vivienda fuese a ser utilizada como residencia personal pese a que solo tiene licencia para uso residencial.

Asimismo, a algunas cuestiones planteadas por los periodistas, la baronesa del PP les “remite a la Consejería de Presidencia, entre otras cosas porque quien tiene no solo la información detallada, sino los canales de comunicación a tal efecto”. “No tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo”, llegaba a decir descargando cualquier responsabilidad en el departamento de Miguel Ángel García Martín, al que está adscrita Planifica Madrid, la empresa pública que adquirió el inmueble.

Denuncias y novedades

La oposición ha recurrido a todas las vías posibles, también la judicial, y es que Más Madrid anunciaba hace unos días que denunciaría la operación por un posible delito de malversación. En una dirección también jurídica, el asunto ha llegado al Tribunal de Cuentas después de que el abogado Francisco Javier Flores Vaquerizo presentara una denuncia para que se investigue un posible “menoscabo de caudales públicos” por parte de la compañía.

Entre las actualizaciones de los últimos días respecto del ático, se encuentra que ya se sabe cuánto costó a la Comunidad de Madrid: 6,3 millones de euros. Igualmente, se conoce que lo vendió una de las inmobiliarias más exclusivas de La Moraleja, que firmó un acuerdo de confidencialidad y a la que pidieron discreción