La Asamblea de Madrid podría ampliarse por 23,6 millones sobre un suelo que se negó para viviendas públicas

La Asamblea de Madrid podría ampliarse a través de una operación que podría costar hasta 23,6 millones de euros y que contemplaría también la construcción de una nueva sede para la Cámara de Cuentas. La particularidad del proyecto, más allá del montante, es que la idea primera para los terrenos sobre los que se levantarían los edificios era que éstos albergaran pisos públicos.

Hay que remontarse a la época de Alberto Ruiz-Gallardón para hablar de ese origen. Por aquel entonces, la Comunidad de Madrid cedió los terrenos al Ivima -actual Agencia de Vivienda Social-, concretamente en el año 2000. Sin embargo, en todo este tiempo no ha pasado nada, también porque el suelo no tenía el uso urbanístico para construir vivienda, tal y como cuenta El País, medio que se ha hecho eco de una historia que podría calificarse, cuanto menos, de llamativa.

Ya en 2025, la Autonomía de Isabel Díaz Ayuso recuperó la propiedad y cedió la parcela a la Asamblea para un proyecto que liderara Enrique Ossorio, ahora presidente de este organismo y, antes, vicepresidente de la región y Consejero de Educación, Universidades y Ciencia, cargo que desempeñó entre 2019 y 2023.

El PP lo considera un “obrón” y la oposición lo ve innecesario

Como suele ocurrir con obras de esta envergadura, desde la región lo consideran un acierto. Se trata de un “obrón”, llega a definir un portavoz parlamentario en declaraciones a El País. Sin embargo, la izquierda lo ve completamente innecesario y pide que los terrenos se destinen a vivienda pública, para lo que nacieron, coincidiendo con un momento en el que la crisis habitacional marca la agenda política y social.

A partir de ahí, las voces consultadas por el periódico mencionado que justifican la decisión, si finalmente se materializa, señalan que la Asamblea tenía más de 40 millones de euros para la ampliación de la Cámara que se localiza en Vallecas, a la vez que sostienen desconocer si la Cámara de Cuentas aportará alguna cantidad monetaria o no.

Quienes mantienen su apoyo a la ampliación, apuntan que los más de 23 millones de euros que costaría la operación se corresponden con una cantidad normal para este tipo de actuaciones. El pliego fijaría un Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de un máximo de 16,4 millones de euros, que alcanzaría la cantidad indicada con la aplicación de los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA, divididos en el 13% del IPEM, un 6% y un 21%, respectivamente. Estos datos, siempre atendiendo a la documentación a la que se refiere el periódico que publica el artículo. El gasto, recuerdan las líneas, puede ser inferior a los 23,6 millones de euros.

La oposición, por su parte, tacha de “indecente”, en el caso de Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, el objetivo de extender la sede regional en un suelo que estaba pensado para vivienda pública. La persona que defiende cada jueves la voz de la formación de la izquierda a la izquierda del PSOE frente a Ayuso cree que, más allá de que la Asamblea no requiere de ninguna ampliación, la Cámara de Cuentas podría situarse en otro edificio de los que la Comunidad de Madrid tiene en su propiedad.

A más a más, Bergerot destaca en sus declaraciones a El País que la extensión se fuera a realizar en Palomeras, “uno de los barrios más empobrecidos e infradotados” de la ciudad, el cual “necesita viviendas y servicios públicos” y no “un monumento a la clase política”. En la misma línea se pronuncia el PSOE, que centra su reprimenda en el edificio de la Cámara de Cuentas y cruzan datos, como que la administración pública “ejecuta solo el 2% del Plan Estatal de Vivienda” en sus cuentas o “menos del 30% de toda el área de vivienda”.

El uso del suelo

La Comunidad de Madrid argumentó en su día que no se construyó vivienda de carácter público en estos terrenos porque la utilización atribuida al suelo lo impedía. Una orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid recogió el año pasado que se había considerado “considerar resuelta la cesión” de los más de 3.000 metros cuadrados que contemplan los terrenos “por no destinarse al fin previsto”.

“Transcurridos 25 años desde la transferencia (...), la Agencia de Vivienda Social no ha destinado la parcela que le fue transferida por la Comunidad de Madrid a la promoción de vivienda protegida, debido a los usos urbanísticos de la parcela, quedando resuelta la cesión y debiendo revertir la parcela a la Comunidad de Madrid”, rezaba el texto.