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La Asamblea de Madrid ha abierto un expediente sancionador a la diputada de Más Madrid Jimena González por preguntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso si prefería que las protestas por la vivienda abandonasen su carácter pacífico y siguieran la “vía francesa”. El PP ha considerado que sus palabras aludían a la posibilidad de incendiar la Real Casa de Correos, mientras que la formación de izquierdas niega que existiese amenaza alguna y ha acusado a los populares de tergiversar la intervención.
Los hechos ocurrieron durante el Pleno del pasado 22 de octubre, cuando González se dirigió a la presidenta regional en relación con las movilizaciones por el derecho a la vivienda y las acampadas en la Puerta del Sol. Tras la intervención, el PP presentó un escrito ante la Mesa de la Cámara al considerar que las declaraciones podían interpretarse como una referencia a posibles actos violentos contra la sede del Ejecutivo autonómico. El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, calificó las palabras de "en extremo graves" y pidió a la parlamentaria que las retirase, algo que no hizo. A su juicio, de la intervención podía deducirse una incitación a la violencia.
Más Madrid niega cualquier amenaza
La formación de Manuela Bergerot ha rechazado la interpretación de los populares y sostiene que González utilizó la ironía para cuestionar la postura de Ayuso ante las movilizaciones sociales. Desde el partido insisten en que la diputada nunca planteó quemar ningún edificio público. Bergerot ya había defendido a su compañera en los días posteriores al Pleno, cuando acusó al PP de intentar "criminalizar las protestas que hay en todas las calles y las plazas de Madrid". Posteriormente, calificó las declaraciones de González de "claramente irónicas".
La polémica se enmarca en el enfrentamiento entre ambos grupos políticos por las movilizaciones relacionadas con el acceso a la vivienda. Mientras Más Madrid defiende el derecho a la protesta y cuestiona la respuesta del Ejecutivo autonómico, el PP considera que las expresiones de la parlamentaria sobre la "vía francesa" sobrepasaron los límites de la crítica política. Desde la formación de izquierdas mantienen que la interpretación de los populares no se corresponde con el sentido de la intervención y rechazan que se utilice el procedimiento parlamentario para cuestionar unas declaraciones que consideran una crítica irónica a la presidenta regional.
El expediente se tramitará por una posible infracción del artículo 33.3 del Reglamento de la Asamblea, que contempla los comportamientos contrarios a la dignidad de la institución, la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria. La instrucción recaerá en la diputada del PP María Josefa Martínez de la Fuente. Durante el procedimiento, González podrá presentar alegaciones y ejercer su derecho de defensa. Una vez examinadas las circunstancias y escuchada la parlamentaria, se determinará si existe responsabilidad disciplinaria y qué medida corresponde aplicar.
Las posibles consecuencias van desde un apercibimiento hasta la suspensión de determinados derechos parlamentarios durante un máximo de 30 días. Por el momento, la apertura del expediente supone el inicio de un procedimiento, no una sanción firme contra la diputada. Se trata del tercer expediente de este tipo abierto a un diputado de la Asamblea madrileña durante la legislatura. Los anteriores afectaron a la ex portavoz de Vox Rocío Monasterio, sancionada en 2024 por votar dos veces, y al diputado de Más Madrid Pablo Padilla, suspendido tras simular disparos durante un Pleno.
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