Almeida condena a Madrid al 'Basurazo': 141 euros de media por hogar sin distinciones

Pese a estar en los tribunales, el Basurazo de José Luis Martínez-Almeida sigue su camino. Los ciudadanos de Madrid tendrán que poner de su bolsillo 141 euros de media al año por hogar para sufragar el servicio de recogida y tratamiento de la basura, según cálculos del propio Ayuntamiento capitalino. El importe puede ser superior o inferior, en función de la situación de cada vecino. Denuncias y críticas de los grupos de la oposición al margen, el Consistorio se ha lavado las manos a golpe de cargar toda la responsabilidad al Gobierno central de Pedro Sánchez, argumentando que el tarifazo nace de una normativa aprobada por el Ejecutivo en el ejercicio 2022 para cumplir con las demandas de la Unión Europea en términos de reciclaje. Los grupos de izquierdas, así como Vox – que también llevó la maniobra de la Corporación municipal a los tribunales -, denuncian que el alcalde no se ha movido en los márgenes que permitía la ley estatal para gravar la gestión de la basura en función de la renta de la población. O, en su defecto, que contabilizara una penalización por el uso turístico de las viviendas. Tampoco surtió el efecto deseado por el equipo de gobierno la rebaja del Impuestos sobre Bienes Inmuebles que aprobó el PP a finales del 2024. El lío en la ciudad de Madrid está servido, una vez más.

La corporación conservadora se defiende de los ataques de los grupos de la oposición, señalando en dirección al Palacio de La Moncloa y descargándose de toda responsabilidad. Los datos, sin embargo, corrigen la versión del Ayuntamiento, habida cuenta de que la normativa comunitaria no contempla la imposición de una tasa específica. No obstante, sí que exige el cumplimiento de una serie de requisitos en materia de gestión de residuos. Por lo tanto, según se desprende del articulado que transpone la directiva europea aprobada en 2018, Bruselas demanda alcanzar al 55% de reutilización y reciclaje de desechos para el año 2025. Dicho texto forzaba a aquellos municipios de más de 5.000 habitantes a delimitar una tasa impositiva a modo de “coste real” de tal gestión. Para ello, se concedía a las corporaciones municipales un margen de tres años que caducó el pasado mes de abril.

La izquierda, en llamas

El sistema que ha diseñado el Gobierno municipal se calcula el pago sumando el valor catastral del inmueble al resultado de multiplicar la tarifa de generación – que varía en función del barrio – por el coeficiente de separación de residuos. Según ha revelado el diario El País, desde el equipo de Almeida han asegurado que “la tasa se reclamará al propietario del inmueble, quien a su vez puede repercutirla en el inquilino”. Es decir, una fórmula que se aplica a los contratos firmados después de la entrada en vigor de la ordenanza.

De ahí que la oposición se haya levantado en armas contra la Corporación e incluso haya recurrido a los tribunales el modelo diseñado por el Ejecutivo del Partido Popular. Los grupos de la izquierda capitalina (PSOE y Más Madrid) califican la medida de injusta, además de señalar el cinismo en el que incurre el Ayuntamiento al descargarse toda la responsabilidad del Basurazo. Al mismo tiempo que le afean la falta de alguna bonificación en función de la renta o un recargo a las viviendas de uso turístico.

Un planteamiento que comparten con miembros de la sociedad civil, como la Asociación de Vecinos del Barrio de las Letras, que el pasado jueves reclamaba a la Junta Municipal de Distrito Centro que el Consistorio asuma dos tercios del coste total de la Tasa de Gestión de Residuos, en consonancia con sectores comerciales, turísticos y hoteleros.

En cualquier caso, la ordenanza del Basurazo sí que contempla una serie de reducciones para personas en situaciones de vulnerabilidad, así como para familias numerosas. De este modo, aquellos beneficiados con el Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, tendrán derecho a una reducción del 100% en la cuota de la tasa, siempre y cuando aparezcan empadronados en la vivienda para la que se pretende la aplicación de dicha bonificación. No obstante, en el caso de familias numerosas, se podrán beneficiar de una reducción mínima del 10% y máxima del 90%, dependiendo del valor catastral del inmueble y la categoría de familia numerosa.