El Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso ha cerrado filas con el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ante la denuncia de una exconcejal por presunto acoso laboral y sexual, a la que el ‘número dos’ de la mandataria, Alfonso Serrano, ha acusado de actuar de “mala fe” y de “prefabricar pruebas” contra la dirección política.
Así se ha pronunciado en rueda de prensa Serrano desde la sede de Génova, reiterando que, según el partido, “no existió” el acoso denunciado, sino que se ha intentado “construir un caso” para darle “presunción de veracidad”, cerca de las elecciones de Aragón este domingo. “No es un caso de acoso sexual y la presidenta no tiene nada que ver”, ha reiterado.
Sobre las grabaciones, que han trascendido mediáticamente, que prueban que tanto Serrano como la ‘número 3’ de Ayuso y secretaria de Organización del PP madrileño, Ana Millán, espera que salga “entera y sin cortes ni manipulaciones”, por lo que ha ahondado en que valoran “desde luego tomar alguna acción legal”: “Yo invito a alguien a nuestra casa y lo que yo creo que no es obvio es grabarnos, al margen de cualquier tipo de injurias”.
A ojos de Serrano, lo que pretendía la exconcejala era “usar al partido para prefabricarse pruebas o coartadas ante una vendetta personal y política contra un alcalde” y, de confirmarse las grabaciones, ha expresado su “máxima indignación”, que declinaría en la “absoluta pérdida de la confianza y la credibilidad en los testimonios e intenciones de esta concejala”.
Acciones contra cualquier acusación de “tapar un abuso”
Sobre las actuaciones que podría llevar a cabo la dirección del PP de Ayuso, su ‘número dos’ ha avanzado que extenderán estas acciones legales a cualquier persona que les acuse de “encubrir o tapar un abuso o una agresión sexual”, porque es “un delito”.
“No vamos a permitir que se ensucien ni orquesten campañas ni contra el partido ni contra sus cargos públicos sin pruebas que lo sostengan”, ha precisado Serrano, correlacionando esta denuncia con las inminentes elecciones de Aragón. “Un año, como digo, han tenido que sacar este asunto o para denunciar judicialmente este presunto acoso. No se hizo porque no existió”, ha aseverado.
A su vez, Serrano ha defendido, en nombre del conjunto del partido, que Bautista cuenta con “todo el respaldo” al considerar que no se puede “condenar” a alguien “sin pruebas”.
Cierran filas frente a las acusaciones sobre Ayuso
Ante las acusaciones en los últimos días de los partidos de la oposición sobre que Díaz Ayuso era conocedora de este caso de presunto acoso, el ‘número dos’ del PP madrileño ha criticado que la denunciante haya tratado de “involucrar” a la presidenta no dirigiéndose al partido por los canales correspondientes sino comunicando su situación al gabinete del Ejecutivo de la Puerta del Sol.
“Hay quienes pretenden utilizar a la presidenta de la Comunidad para decir que no defiende a las mujeres, cuando los que han tapado abusos sexuales en este país es el PSOE y el Palacio de La Moncloa. Porque esto no es un caso de abuso sexual y la presidenta no tiene absolutamente nada que ver”, ha insistido Serrano ante los medios.
La exconcejala denunciará al alcalde de Móstoles
En paralelo a estas declaraciones, la exedil presentará la próxima semana una denuncia ante los juzgados por presunto acoso sexual contra Bautista, además de otra contra la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de correos personales de las reuniones mantenidas entre las partes a nivel interno.
Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés y especialista en delitos de acoso, ha detallado que la denuncia relatará las presuntas maniobras de acoso sexual que habría sufrido por parte del regidor y el posterior acoso laboral, además de precisar que la exconcejala no denunció antes por presiones con mensajes como "piensa en tus hijos" o "en tu padre", especialmente tras la última reunión mantenida.
Además, la exedil denunciará ante el Alto Tribunal la filtración de correos electrónicos, que habrían sido difundidos sin su consentimiento. La afectada sostiene que se produjo "una invasión" de su correo oficial, con accesos no autorizados, borrado de mensajes y utilización del contenido con fines ajenos a su función pública. Según el letrado, buscarán esclarecer quién ordenó o facilitó dicha filtración, si desde la Comunidad de Madrid o desde el entorno del Partido Popular de Madrid, por un posible delito de revelación de secretos y otros.