A Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, le queda una bala -probablemente la última- en la recámara para evitar el juicio después de que la jueza instructora del juzgado número 19 de Madrid abriera juicio oral contra él por dos delitos de fraude fiscal, un delito continuado contable y pertenencia a banda criminal.
La última opción que tiene el empresario para evitar que el proceso siga adelante pasa por alcanzar un acuerdo de conformidad con las partes, algo que parece a todas luces imposible. ElPlural.com se ha puesto en contacto con la defensa de la pareja sentimental de la responsable de Sol para saber si, al menos, lo intentará, pero, en el momento de redacción de estas líneas, no ha obtenido respuesta.
De hecho, es con PSOE y Más Madrid con quienes debería llegar a buen puerto, lo cual parece poco menos que una quimera. Pero es que González Amador también debería pactar con la abogacía del Estado y con la Fiscalía, y el éxito de esto último parece que sería el mismo, sobre todo si se tiene en cuenta que el novio de Ayuso se querelló contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por las presuntas filtraciones en su contra.
González Amador hizo lo propio contra la fiscal jefe de la capital, Pilar Rodríguez, en su caso por supuesta revelación de secretos; y también contra el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, en su caso por una nota informativa difundida por un canal oficial en el que la Fiscalía de Madrid informaba del intercambio de correos entre el abogado de González Amador -al que este periódico ha consultado en las últimas horas- y el fiscal.
Este medio de comunicación ha intentado arrojar luz y taquígrafos al tratar de conocer la estrategia que la defensa del empresario llevará de ahora en adelante, pero el resultado ha sido el mismo que en otras ocasiones en las que ha intentado contactar con la parte implicada. Es decir, no ha obtenido respuesta.
Begoña Gómez, sí; González Amador, no
La presidenta de la Comunidad de Madrid mira de distinta forma la causa de su novio, con todo, presumiblemente, demostrado; y la de Begoña Gómez, en la que el juez Juan Carlos Peinado ha sido incapaz de encontrar nada punible, aunque ha seguido actuando en esa línea, amenazando a la esposa de Pedro Sánchez con enviarla ante un jurado popular acusada de malversación de fondos públicos en el supuesto de que sea juzgada.
Ayuso considera que “el procesamiento” de Gómez “es de extrema gravedad”. “Al final la realidad es tozuda. Y le guste o no, pues la Justicia sigue implacable, sigue sus pasos”, indicaba este miércoles después de guardar silencio ante los ataques que Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, vertió contra la jueza que envió a su novio al banquillo. “Que intente lo que sea, que es a lo que estamos acostumbrados. Ellos son los únicos que enjuician y que deciden lo que se legisla y de lo que se habla en España”, acentuaba.
No obstante, horas antes la lideresa autonómica emplazaba que no tenía “nada que ver” con el fraude fiscal del que se acusa a su pareja, ni con el resto de delitos, asumiendo que el escenario se enmarca en una “inspección fiscal que se retrotrae a una época en la que ni siquiera se conocían”. Es una inspección que se produce, y no tiene nada que ver con mi gestión, y yo entiendo que será mediáticamente muy atractivo, pero por mi parte poco puedo decirlos”, señalaba.
Esto obedece a una mentira, pues la primera factura falseada por parte de González Amador está fechada en julio de 2021, y para entonces ya llevaban meses saliendo, tal y como confirman las publicaciones de varios medios de comunicación y los comentarios de varios periodistas cercanos a la propia Ayuso, como Federico Jiménez Losantos.
En lo que se refiere a los ataques a los jueces, Ayuso respondió de este modo cuando le preguntaron por los exabruptos de su jefe de gabinete: “No puedo valorar ni cada comentario que se hace en redes ni tampoco la trayectoria de cada juez (…) Creo que siempre me he mantenido en esa misma posición”.