Tras conocerse el escándalo del Hospital de Torrejón de Ardoz, un abogado ha presentado este jueves la primera denuncia por cinco posibles delitos ante la Fiscalía Provincial de Madrid, así como la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid, según ha adelantado elDiario.es.
La denuncia, a la que ha accedido Somos Madrid, alega la existencia de grabaciones internas en las que "un alto directivo del grupo habría impartido instrucciones destinadas a reducir actividad asistencial, incrementar listas de espera y supeditar decisiones clínica a criterios económicos". Con ello, se hace referencia a la información que publicó este miércoles El País con la que, mediante un audio, se conocía que el CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, ordenaba a los trabajadores del hospital de Torrejón rechazar a determinados pacientes y alargar las listas de espera e intervenciones quirúrgicas con el objetivo de beneficiarse económicamente.
A raíz de ello, en su escrito el letrado Javier Flores solicita la apertura de diligencias, tomar declaración a los denunciados y que se requiera a la Comunidad de Madrid la entrega de expedientes de supervisión, inspección y control contractual del hospital. En esta línea, el abogado considera que se trataría de "prácticas que podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, lesiones imprudentes, coacciones y represalias contra alertadores internos". En este mismo orden de cosas, en la denuncia se señala también el cese de cuatro directivos del hospital que habían informado de las irregularidades, a la vez que "una reacción inmediata de la Administración sanitaria, pese a ostentar la obligación legal de supervisar la correcta prestación de un servicio público esencial".
“Estas instrucciones podrían haber afectado especialmente a personas mayores de 65 años, población con mayor prevalencia de patologías crónicas y con mayor probabilidad de sufrir consecuencias graves por retrasos en diagnósticos y tratamientos”, reza la querella.
"Modelo sanitario del PP"
Tras conocerse el escándalo, los servicios jurídicos del PSOE-M han asegurado que “están estudiando emprender acciones legales” contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y solicitarán la comparecencia de su consejera de Sanidad, Fátima Matute, en la Asamblea de Madrid. El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, ha asegurado que “es una vergüenza absoluta lo que está haciendo Ayuso con la sanidad pública. Lo que hemos sabido del hospital de Torrejón demuestra que se trata a los pacientes como clientes. Las privatizaciones convierten un derecho de todos en el negocio de unos pocos”.
Por su parte, la ministra de Sanidad y lideresa de Más Madrid, Mónica García, ha criticado la gestión de la entidad y “el modelo sanitario del Partido Popular” por dejar el servicio sanitario “en manos de empresas que seleccionan a los pacientes priorizando los beneficios económicos”. A través de sus redes sociales, García ha acusado de “asfixiar” la sanidad pública y de priorizar “el dinero por encima de las vidas”. En esa misma línea, Emilio Delgado, portavoz adjunto del grupo parlamentario, ha sostenido que "Ayuso y el PP han puesto la salud de 7 millones de personas en un mercado Persa".
El CEO de Ribera, Pablo Gallart, ordenó en una reunión con una veintena de altos mandos del grupo y el hospital el 25 de septiembre, a cuya grabación ha tenido acceso el periodista de El País, Pablo Linde, reducir gastos prescindibles porque hacen “una actividad que nos perjudica”, dijo. En aquella reunión, Gallart solicitó dejar de hacer intervenciones que no sean rentables para la empresa que gestiona un hospital público, a todos los efectos, para los más de 150.000 habitantes de la zona del Corredor de Henares a los que da atención y servicio, así como a pacientes del resto de la capital que decidan acudir a este centro hospitalario, en virtud de la libre elección sanitaria de la comunidad, que engorda el negocio de hospitales privatizados en la región presidida Ayuso.
“En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, dijo Gallart, quien reclama “hacer iteraciones”, es decir, ajustes, para “alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”, comentó Gallart. El empresario señaló que, si acumulan demoras, gastarán menos en intervenciones porque necesitarán menos personal y medios. El consejero delegado justificó esto ante su audiencia alegando que el Hospital de Torrejón es deficitario, que nunca va a dar beneficios hasta el final de la concesión, ya que cada año pierden nueve millones de euros en amortizaciones y gastos financieros. Aseguró que lo que aporta la administración no es suficiente para cubrir los gastos que tiene el hospital.