La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se empeña en que todo lo relativo a Madrid Network, la asociación empresarial en la que trabajaba la propia lideresa al inicio de su carrera, siga siendo una incógnita.
La última prueba de ello es que el Ejecutivo del PP anunciaba a inicios de esta semana que recurriría al Tribunal Supremo para evitar cumplir con la sentencia jurídica que dictó que la baronesa debía rendir cuentas ante su propio organismo de Transparencia.
Concretamente, la administradora de la Puerta del Sol se niega a entregar un documento de 2017 solicitado al bufete Uría Menendez en el que la Consejería de Economía pedía un análisis de la relación entre la firma y la Autonomía. Se trata de un estudio “de carácter económico, jurídico, presupuestario, financiero y contractual” sobre esta y otras empresas que recibieron 80 millones de euros de un convenio con el Gobierno de España, después de la liquidación del Instituto Madrileño de Industria (IMADE).
Dicho informe se pidió en diciembre del año mencionado, poco antes de que Madrid Network dejara de pagar sus cuotas y devolviera tan solo 15 millones de euros. La cadena Ser también intentó hacerse con una copia del documento en abril de 2022 ateniéndose a la Ley de Transparencia, pero la Comunidad de Madrid tampoco se lo cedió, defendiendo entonces que se trataba de un documento interno.
La pregunta parece evidente, ¿qué es exactamente ese análisis y por qué parece tan importante para el PP como para esconderlo bajo siete llaves? ElPlural.com ha contactado con la diputada de Más Madrid Marta Lozano, quien sigue muy de cerca el asunto, para que arroje algo de luz y los lectores puedan comprender la envergadura de la citada documentación.
La semana pasada, Lozano pidió en la comisión de Hacienda saber qué iban a hacer con el informe; muy demandado, y es que ella también lo había solicitado anteriormente. Ya en sede parlamentaria preguntó a la consejería si iban a recurrirlo como finalmente ha ocurrido para llegar hasta el Tribunal Supremo, algo que el Ejecutivo ya hizo con otras cuestiones relativas a Madrid Network como las memorias económicas.
"Cristina Cifuentes encargó el informe cuando se dieron cuenta de que era un pufo"
¿Qué “miedo” puede tener el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a que este estudio se haga público?: “El miedo pasa porque Cristina Cifuentes lo encargó cuando se dieron cuenta del pufo que era Madrid Network, que se había repartido el dinero y que podían incurrir en algún tipo de responsabilidad. Querían saber qué medidas tenía que tomar la Comunidad de Madrid frente a ese caso”, explica Lozano en conversación con este periódico.
Por el momento, el relato se limita a sospechas que no pueden confirmarse hasta que el texto vea la luz, pero que darían buena cuenta de la importancia del mismo: “Sospechamos que se produjeron una serie de orientaciones que la Comunidad de Madrid no cumplió, sino que decidió mirar para otro lado”. Sea como fuere, lo que parece claro es que la región capa la información porque “dice cosas que no quieren que se sepa”.
Las excusas, considera la parlamentaria de la formación progresista, carecen de sentido. “Dicen que es una información auxiliar, pero no, es un informe que se pagó con dinero público, por lo que saben que debería ser transparente”, sostiene.
En esta línea, Marta Lozano incide en esas “sospechas” de que el bufete les habría orientado a llevar a cabo una serie de acciones que desoyeron. Así, recuerda que “Cristina Cifuentes suspendió primero los convenios que tenía Madrid Network con la Comunidad de Madrid” y se refiere a otros hechos que precipitaron su caída y que podrían guardar relación con dicha información.
“Hasta que no veamos qué pone en él, no podemos confirmar las sospechas, pero todo apunta a que ese informe era para sugerir qué medidas debía iniciar la Comunidad de Madrid en este caso concreto (…) Avisaba de que estaban pasando cosas, que en 2017 ya se sabía que había empresas que no estaban pagando”.
El TSJM ya quitó la razón a la Comunidad de Madrid
El pasado 21 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) revirtió el argumento de la Comunidad, diciendo que el documento que pedía la emisora “no es de naturaleza interna, sino todo lo contrario”, y rechazando el recurso de la Abogacía General autonómica.
Los jueces son muy claro al considerar que el Gobierno regional aplicó los límites al acceso a información de forma “indebida”, y que estos no pueden interpretarse “de modo amplio o extensivo”.
A más a más, la sentencia también condena a la Comunidad de Madrid, es decir, a todos los madrileños, a pagar las costas judiciales, “al no apreciarse que el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho”.
El Ejecutivo de Ayuso anunciaba en las últimas horas su disconformidad con la resolución, por lo que ha presentado recurso de casación ante el Alto Tribunal.
Ayuso estuvo en nómina en sus inicios
La presidenta madrileña estuvo en nómina en la asociación entre 2008 y 2011, cuando trabajaba como responsable de redes del PP de Madrid. De hecho, fue su predecesora Esperanza Aguirre quien creó la entidad (de carácter público-privada) y concedió ese préstamo de 80 millones de euros del que solo se devolvieron 15.
Por Madrid Network pasaron cargos vinculados al PP y fue un foco de contratos, subvenciones y préstamos. Sobre el espacio ha existido siempre cierto oscurantismo.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
