7.291 es la cifra que persigue a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde hace ya cinco años como consecuencia de los conocidos como protocolos de la vergüenza, que evitaron la derivación de mayores que vivían en residencias a hospitales de la región.
Estos documentos se firmaron durante los primeros días del Covid, concretamente el 18, 20, 24 y 25 de marzo, y hacen referencia a pacientes a los que no se les permitió la atención hospitalaria por cuestiones cognitivas o de movilidad. Sin embargo, el número de muertos en la autonomía aumenta considerablemente con aquellos sí fueron derivados, algunos de ellos al disponer de seguro privado.
9.470
Así las cosas, el total de fallecidos en los dos primeros meses de pandemia en Madrid ascendió a 9.470, de los cuales 7.291 perdieron la vida sin derivación hospitalaria y 2.179 lo hicieron en centros sanitarios. De los más de 9.000, 5.795 murieron por coronavirus confirmado o síntoma compatible; y los restantes por otras causas.
Estos datos reflejan la realidad que se vivieron en las residencias de la región. El número sería mayor ya que hay cinco residencias que nunca llegaron a facilitar los datos de defunciones, por lo que el número muestra las muertes de 470 centros de la tercera edad, de los 475. Con todo, destacar que durante la pandemia estuvieron operativas 472.
Estos datos se desprenden del Portal de Transparencia. Eso demuestra dos cosas, por un lado da buena cuenta del escenario que asoló a las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y, por otro, que la presidenta niega la mayor cuando habla de 4.100 fallecidos y no de los 7.291 que, por otra parte, nunca ha negado hasta ahora.
Señalados por Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid lleva semanas de bulos y mentiras a tenor de la emisión del documental 7.291, que muestra las costuras de su Ejecutivo durante lo peor del Covid, en RTVE.
De esta manera, coincidiendo con el quinto aniversario del coronavirus, Ayuso ha cargado contra la televisión pública, miembros el Gobierno de España actual y el de entonces -como Salvador Illa o Pablo Iglesias-, o profesionales del ámbito sanitario o jurídico a los que vincula a partidos políticos para retorcer la realidad. Tampoco se libra de las acusaciones el que fuera consejero de Políticas Sociales en la comunidad, Alberto Reyero, que dimitió precisamente al desaprobar los mencionados protocolos, que llevaban la firma de entonces un alto cargo de la región, el doctor Carlos Mur.
ElPlural.com ha hablado con ellos en los últimos días. Empezando por Reyero, principal señalado desde entonces por el equipo de la presidenta, respondía a las palabras de la misma con las que ésta decía que los datos de residencias eran un “invento” de él: “Yo nunca doy ese dato, esa información forma parte del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid”. Y apuntaba: “Es extraño que ahora salgan a hablar de una cifra tan exacta y redonda como 4.100 (…) Creo que el objetivo es confundir a la gente para que a la ciudadanía no le quede claro el número de fallecidos consecuencia de los protocolos”.
Tras asegurar que el ex de Ciudadanos fue “apartado de sus responsabilidades por ineficaz”, él recuerda que renunció a mantener el cargo y contesta también a las negativas de Sol acerca de los protocolos. “La cifra podría haber sido inferior de no haberse aplicado unos polémicos protocolos que impidieron el acceso de muchos residentes a los hospitales y que les condenaron a una muerte en condiciones indignas”, recoge el propio Reyero en su libro Morirán de forma indigna, en el que denuncia toda esta situación.
Otra de las señalada, la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, a al que Ayuso limita a “activista vinculada con Podemos” a pesar de la extensa trayectoria que la ampara, emplaza en declaraciones a este periódico que los datos son los que son y están ahí. “Es muy fácil explicar qué ocurrió exactamente (…) Tenemos los datos de todas las residencias de Madrid (470 de 475, ya que cinco no facilitaron las cifras de mortalidad) (…) Los pacientes que fallecieron en estos centros, en hospitales, sospechosos de Covid y por otras causas”.
La científica se reconocía activista, sí, pero nada que ver con la formación morada ni ninguna otra: “Defiendo los derechos humanos, la justicia social y muy en particular el derecho de las personas mayores a tener una vida y una muerte digna, pero eso no es nuevo, sino lo que llevo haciendo siempre.
También habla con este periódico José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, quien explica a este medio el recorrido que pueden tener las denuncias interpuestas hasta el momento contra la gestión de residencias de ancianos por parte de la administración pública. Asimismo, se muestra contundente con la lideresa, que le vincula con Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista: “Es cierto que viajaba mucho a Perú en misiones de derechos humanos y había un partido allí que se llamaba así, pero fuera de eso…”.
El ex magistrado es muestra una a una las realidades de aquellos días: del sesgo económico que permitió la derivación solo a unos pocos, a la cifra real de fallecidos pasando por los textos calificados de la vergüenza. “Me parece extraño que durante dos años y pico o tres el Ejecutivo no haya negado el número”, dicta sobre lo primero. “Parece que el impacto del documental les ha puesto contra las cuerdas y por ello sacan una nueva cifra, que no por menos es despreciable”, destaca. “Pero esto no va de contabilizar muertos, sino de explicar por qué murieron, porque protocolos como los de Madrid no existieron en ningún sitio”, afianza.