Cuatro meses después de las elecciones, y tras criticar duramente a la ultraderecha, María Guardiola ha doblado la rodilla ante Vox. Este jueves se conoció el pacto de investidura para investir presidenta extremeña a la popular, alcanzado después de que ella misma dijera que no pasaría "por el aro de lo que quiera el señor Abascal", como aseguraba al empezar la campaña en diciembre.
Pues ha pasado, y ha reabierto las puertas de la Junta de Extremadura a Vox, como ya hizo en 2023. Las negociaciones que asumieron desde Madrid se han desbloqueado como ya ha ocurrido en muchas ocasiones en gobiernos autonómicos del PP con la ultraderecha: asumiendo el discurso de los de Abascal con cesiones en ámbitos como las políticas migratorias, los pactos verdes o la fiscalidad. De esta forma, se consuma el giro ultra de Alberto Núñez Feijóo, que se allana el camino para que, si le dan los números, hacer en la Moncloa lo que ya ha hecho en Mérida y está a punto de hacer en Zaragoza y Valladolid.
Un giro que lamenta la izquierda y hasta muchos miembros del PP, que ven cómo, por ejemplo, Vox ocupará la cartera de Familia, justo un día después de que uno de sus diputados en Murcia dijera que hay que combatir el aborto "incluso con violencia". O cómo se le da la llave de las instituciones en medio de una semana marcada por el apoyo de los ultras al parlamentario que se encaró con la presidencia del Congreso.
Pero volviendo al acuerdo, el resultado de los cuatro meses de negociaciones ha sido un texto de 23 páginas y 59 medidas, divididas en apartados como energía e industria, sector primario, sanidad, inmigración, vivienda, seguridad o gasto improductivo; además de un principio rector como mantra de la política antimigratoria de Vox: "prioridad nacional".
Las carteras que ocupará Vox
Lo más inmediato del pacto conocido este jueves son las cesiones en lo político: Vox ocupará una Vicepresidencia, la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia y la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Además, el PP se compromete a apoyar al candidato ultra para ser el senador de designación autonómica, que se elige, en este caso, en la Asamblea regional. A cambio, la única prevenda asumida por los de Abascal es garantizar que la legislatura va a durar cuatro años, prometiendo apoyar cada año el proyecto de presupuestos.
Nada más por parte de Vox, ya que el resto del acuerdo incluye las cesiones del PP. Los ultras ya anunciaron que alcanzar un "acuerdo programático" iba a ser la prioridad, y en Bambú -sede nacional de Vox desde donde se comandaron las negociaciones- han sido firmes, esperando pacientemente a que los de Feijóo agacharan la cabeza medida que el tiempo para llegar a un pacto se agotaba.
Inmigración: el PP habla de "menas" y prohibirá el burka
En donde está una de las mayores muestras del cómo el PP ha cedido ante la ultraderecha es en el apartado del acuerdo que habla de inmigración. Guardiola se compromete a adoptar desde el primer día una posición de rechazo frontal a la política migratoria del Gobierno central, y aparecen bajo su firma expresiones como "menas" para referirse a los menores extranjeros no acompañados. Sobre ellos, Vox obliga al PP a rechazar el reparto de inmigrantes "ilegales", tanto adultos como menores, al que Extremadura está obligada.
Además, la Junta retirará las subvenciones a ONGs que "favorezcan la inmigración ilegal" o promuevan el "efecto llamada", algo que los de Abascal exigen que se incluya en el primer presupuesto. Tras esto, aparecen dos medidas enmarcadas en la ofensiva de Vox contra el Islam: en primer lugar, la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos antes de acabar 2026, un debate que la ultraderecha sostiene a nivel nacional; y la supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que el Ministerio de Educación promueve para integrar a los alumnos marroquíes, antes de septiembre.
"Prioridad nacional": vivienda y ayudas
Uno de los principios que rigen todo el acuerdo es el de "prioridad nacional", con el que PP y Vox mantienen su rechazo a la inmigración. Uno de los apartados en el que lo emplean es en el de vivienda en el que acuerdan un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social basado en este mantra, dando prioridad a quienes mantengan un arraigo "real, duradero y verificable". También se comprometen a construir al menos 3.500 viviendas protegidas antes de que acabe la legislatura, y a reformar la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de Extremadura (LOTUS).
Y también hay un apartado expreso llamado "Seguridad, Libertad y Proridad Nacional", que aborda también varios de los campos de batalla de la ultraderecha. Por ejemplo, el de las subvenciones, que proponen basar en este principio con un periodo mínimo de arraigo para acceder a ayudas y prestaciones públicas. Además, PP y Vox acuerdan facilitar los desalojos exprés para combatir la "ocupación ilegal" y mayor defensa jurídica a las "víctimas".
Memoria: protección de un monumento franquista
Y otro de los campos en los que Vox derrota al PP es en el de la Memoria. Si bien no han incluido como tal la derogación de las leyes estatales, como en el pasado, el acuerdo para Extremadura contiene un punto para la "promoción de la concordia", en el que hablan de "leyes ideológicas de la izquierda".
Y para promover la concordia, Vox ha conseguido arrastrar al PP a su batalla para ensalzar la dictadura. El acuerdo contempla declarar Bien de Interés Cultural la cruz de los Caídos de Cáceres, un monumento franquista situado en la Plaza de América y que el bando nacional levantó durante la Guerra Civil. Algo a lo que se comprometen desde el primer día, y con lo que entierran la lucha de las asociaciones de Memoria, que llevan décadas luchando porque se traslade el monumento a otro lugar.
"Gasto improductivo": menos impuestos y recortes a sindicatos
Otro de los huesos de la ultraderecha es la lucha contra lo que llaman el "infierno fiscal". En ese sentido, el acuerdo incluye una serie de rebajas de impuestos, como el 0,25% anual del IRPF en los dos primeros tramos autonómicos y el 1% total en los dos siguientes, más bonificaciones en Sucesiones y Donaciones, la reducción del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y otras tasas autonómicas.
Además, incluye un apartado expreso de "gasto improductivo" en el que dan rienda suelta a la idea neoliberal de reducir al máximo las instituciones. En concreto, contemplan recortar al 50% las subvenciones a sindicatos, patronal y entidades privadas que no demuestren "utilidad pública efectiva". Acuerdan también un mayor control de las ayudas con auditorías periódicas y una reducción al mínimo legal de la cooperación internacional.
Misión, salvar Almaraz
En otros asuntos que tienen más que ver con la actualidad, las derechas han pactado blindar la continuidad de la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre está previsto en 2028. El resto de políticas energéticas comprometidas son la eliminación progresiva de la ecotasa energética, el impulso industrial con más suelo empresarial, menos trabas administrativas y freno a macroparques de energías renovables en suelo productivo.
La política para el campo pactada también está muy influida por las posiciones de la derecha frente a la actualidad. Por ejemplo en la defensa del sector primario frente a la Agenda 2030, las "imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde" y el rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur. También se comprometen a impulsar el regadío de Tierra de Barros, la modernización de regadíos, caminos e infraestructuras hídricas, y reforma de normas ambientales, agrarias, de caza y pesca.