Ciudadanos deberá remitir al juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena toda la información relativa a las primarias de 2019 que enfrentaron a Leonardo Pérez e Isabel Franco por la presidencia de la Región de Murcia. El magistrado titular, Ignacio Munitiz, dio el jueves pasado un plazo de cinco días al partido liderado por Inés Arrimadas para aportar toda la documentación relativa al plebiscito interno señalado por la Justicia y la por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial).

La decisión de Munitiz responde a un informe previo de la UDEF, con fecha del 30 de julio de 2020. En aquel momento, la Dirección General de la Policía ya requería a Lazarus Technology (empresa encargada de guardar todos los datos relativos a las primarias) “cualquier tipo de información a documentación respecto a las primarias celebradas por el partido Ciudadanos en la Región de Murcia en el mes de marzo de 2019”. Especialmente, la inspectora solicitaba “información detallada” sobre la participación de la empresa en el proceso interno, el listado completo de las direcciones IP asociadas a cada uno de los votos y el de los “identificadores de voto” generados por cada uno de las votaciones efectuadas.

Para la formación naranja resolver el entuerto de sus primarias no está siendo sencillo. Después de que se demostrara que se habían malversado las votaciones en Castilla y León, localizando votos en masa a altas horas de la noche desde direcciones IP concretas, la desconfianza se afianzó en los procesos en Madrid, Cantabria y Murcia. Es en esta última plaza donde la Justicia está actuando con mayor diligencia, teniendo en cuenta como pruebas palpables del presunto delito los distintos informes de peritos informáticos independientes que reproducían el ominoso modus operandi que se habría dado en este proceso participativo.

Tal y como ha venido recogiendo ElPlural.com, ya en abril la empresa Oficia Sistems SL sacó a relucir un informe pericial en el que se dejaba sobre el papel que cerca de un 40% de los votos cosechados por la candidata vencedora (Isabel Franco, actual vicepresidenta autonómica) se realizaron desde direcciones IP de fuera de Murcia. Días más tarde, un nuevo estudio técnico cosechado después de que el equipo de Leonardo Pérez pidiera a la Comisión de Garantías todos los pormenores del cuestionado proceso, concretaba el punto de partida de los votos externos a la región de las primarias: un 12,63% se realizó desde Madrid, un 14,73% desde Cataluña, un 11,57% desde la Comunidad Valenciana y un 4% desde otras comunidades.

Pero la investigación no se dirige únicamente hacia los votos realizados fuera de Murcia, ya que a principios de 2020 un nuevo informe pericial aportaba más pruebas en contra de Ciudadanos. Este informe, realizado por la empresa TecnoPeritaciones, concluía que más del 90% de los votos logrados por la candidata en Murcia salieron del entorno de la sede del partido: “En Murcia capital recibió 160 votos, de los cuales, 149 tienen la misma geolocalización y salieron desde la misma ISP. Todos ellos son compatibles con haber sido emitidos desde un punto de vista técnico lógico de la sede de Ciudadanos en Centrofama, ubicada en las cercanías del módulo ISP identificado en la geolocalización”.

Pero no se quedaba ahí, ya que en Cartagena se podía apreciar un modus operandi similar: “Recibió 59 votos, de los cuales 45 tienen la misma geolocalización”; y en el resto de municipios en los que se votó por Isabel Franco los apoyos “se emitieron desde una misma geolocalización, es decir, desde la misma zona de cada uno de los municipios, destacando los 27 de Molina de Segura, 11 de Yecla, 9 de Alcantarilla y 8 de San Pedro”.

Un proceso judicial tormentoso

Fue el 25 de abril de 2019 cuando Leonardo Pérez, perdedor de las primarias presuntamente malversadas, decidía presentar la denuncia en comisaría al apreciar que Ciudadanos daba largas a su petición reiterada de información y no actuaba con la transparencia que exigen sus propios estatutos. Seis meses después, en diciembre del mismo año, los naranjas reconocían implícitamente el ‘pucherazo’ presentándose como acusación particular (sin explicación mediante ni sustitución de Isabel Franco, principal señalada en la investigación).

Llegado el 2020, las informaciones empezaron a sucederse y la investigación dio un sprint que supuso un auténtico varapalo para la voluntad de Ciudadanos de lavar su imagen. En abril, el juzgado rechazaba la personación de la estructura y de la propia Franco como acusación particular alegando que existían “indicios” de que el proceso por el que la presidenta fue elegida “no se produjo de forma legal”.

Antes de ello, la formación entonces presidida por Albert Rivera negaba al juez la documentación requerida exponiendo que le resultaba imposible conseguir los datos ya que estaban en poder de la empresa Lazarus Technology (desconocida hasta el momento), siendo esta la responsable de su obtención y custodia.

Una empresa experta en destrucción de datos

“¿Por qué no puede conseguir esta información si esta empresa es proveedora de Ciudadanos? Yo no puedo decirle a Hacienda que le pida mi documentación a mi asesor”, explicaba en declaraciones exclusivas a ElPlural.com Leonardo Pérez. Pero las dudas de los afectados eran mayores: ¿desde cuándo Ciudadanos externalizaba sus primarias?

El propio Ignacio Aguado, señalado también por presunto pucherazo en las primarias que le enfrentaron a Ignacio Aguado, preguntado por el buen hacer de Ciudadanos en sus plebiscitos internos, argumentó en una entrevista realizada en ‘Las Mañanas de TVE’ que Ciudadanos tenía un tracking propio: “Sabemos de dónde salen (los votos), cómo salen, desde qué IP ha salido. Somos un partido totalmente transparente”.

Pero el vicepresidente de la Comunidad de Madrid no era el único que había realizado declaraciones que negaban la versión de Ciudadanos ante el juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena. Manuel García Bofill, quien fuera presidente de la gestora de Ciudadanos después de que Albert Rivera dimitiera de sus funciones, alegó en una reunión con afiliados (cabreados por el sistema de votación telemático elegido por la formación para elegir a sus representantes en el Congreso de la formación) que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre supervisaba las primarias y que siempre podrían auditarse en caso de ser denunciadas a posteriori.

ElPlural.com ha intentado obtener declaraciones de Lazarus Technology en reiteradas ocasiones. Sin embargo, la empresa presidida por Manuel Huerta (exconsejero delegado de Recovery Labs) ha optado siempre por no dar declaraciones a este medio. Entre los servicios habituales de Lazarus destacan la prevención y gestión de riesgos reputacionales, peritación y reparación de daños, recuperación y borrado seguro, protección de la vida digital, coberturas ante ciber riesgos, informática forense y digitalización de pólizas: “Recuperamos cualquier dispositivo de almacenamiento, con procesos rigurosos y un alto nivel de éxito”, asegura la empresa en su propia página web.

Una larga lista de incongruencias

Conocido el plazo de cinco días que la Justicia dio este jueves a Ciudadanos y Lazarus Technology para aportar toda la información, ElPlural.com se ha puesto en contacto con el principal damnificado de todo este proceso. Leonardo Pérez, muy crítico en sus declaraciones, ha denunciado la larga lista de incongruencias que los investigados están aportando a los requerimientos judiciales: “Tenía esperanzas con que con el cambio de dirección de Ciudadanos algo se moviera. Pero no parecen tomarse en serio un asunto donde la policía ve indicios de delito. Pretendieron personarse como acusación particular pero tardan 14 meses en entregar, y bajo ultimátum del juez, un simple informe de funcionamiento del proceso electoral interno”.

“No se comportan como alguien que quiere esclarecer los hechos. Se escudan en una empresa que no gestionó las primarias para no entregarlo. Y cuando le preguntas a la empresa si tiene o no los datos, contesta a la policía de una forma que roza la obstrucción a la justicia durante meses. Las excusas son increíbles. La empresa, en vez de decir si tiene o no los datos, le dice a la policía que los tiene que hacer, como si fueran datos susceptibles de elaborarse”, prosigue Pérez.

“O los tienen o no”, sentencia, abriendo posteriormente una larga lista de interrogantes que, pese a la demora en las explicaciones, siguen sin estar resultas: “¿Qué clase de manipulación quieren hacer con unos datos concretísimos como la asociación de voto a su IP? Y para más inri, dicen a las autoridades que quién va a sufragar los costes del proceso. ¿Se imaginan a un particular diciéndole al juzgado que quien le va a pagar la documentación que le es exigida en una investigación penal?”.