Revés judicial con onda expansiva política en el Ayuntamiento de Valladolid que trae de nuevo a la primera línea el controvertido nombramiento de un director de “Coordinación de Políticas Públicas” por parte del regidor vallisoletano, el popular Jesús Julio Carnero, puesto que el PSOE rebautizó como “alcalde B”, interpretando que el cargo, creado ad hoc para un conocido excolaborador de Carnero, era en realidad un “alcalde a la sombra” del primer edil con la tarea de tomar el mando del Consistorio durante las ausencias del también senador en la Cámara Alta.
En concreto, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia responde a la apelación presentada por el PSOE municipal contra la sentencia que desestimaba su recurso frente al acuerdo de la Junta de Gobierno de agosto de 2023 dándole la razón sobre el procedimiento: resuelve que el Ayuntamiento debe modificar el reglamento orgánico antes de crear el puesto, por tanto, anula el nombramiento.
Contra la Ley de Bases de Régimen Local
El PSOE sostenía que previamente a modificar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento para la creación del puesto debió ser modificado el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid, algo que no se hizo y que vulneraba varios artículos de la Ley de Bases de Régimen Local.
También afirmaban los socialistas que se vulneraba esa norma en lo referente al sueldo que se fijó para el alto cargo de nueva creación en la Alcaldía, puesto que, señalaban en su recurso, “la Junta de Gobierno Local carece de competencia para fijar la retribución de un órgano directivo del Ayuntamiento”.
Un puesto con nombre propio y 85.000 euros de sueldo
Aunque la convocatoria para el puesto fue pública, el ex alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ya le puso nombre y apellidos a mediados de agosto de 2023: según Puente, el elegido sería el que fuera número dos del propio Carnero en la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León de la que salió para tomar posesión como alcalde, es decir, el exviceconsejero de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano, Indalecio Escudero, como así fue finalmente.
El salario tenía un complemento específico anual de 54.868,38 euros, bastante por encima del que tienen el resto de directores de Área asignados a las concejalías, de modo que la retribución íntegra alcanzaba los 85.534 euros.
“O va al Supremo o el señor Indalecio se tiene que ir a su casa”
Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, la sentencia solo deja al alcalde dos salidas: o bien el Ayuntamiento recurre en casación al Tribunal Supremo —como hizo con la supresión de los carriles bici en la ciudad que ahora el alto Tribunal también ha anulado— o “el señor Indalecio se tiene que ir a su casa”.
Se trata de la segunda sentencia desfavorable en pocos días a las más polémicas decisiones del nuevo equipo de gobierno: “Vamos de bofetada en bofetada”, ironiza Herrero.
Carnero: “La sentencia no es firme”
El alcalde insiste en que hay que estudiar la sentencia que, recuerda, no es firme, de modo que, a su juicio, el varapalo judicial “no deja sin efecto el nombramiento”.
“Veremos el modo de mantener esa asistencia dentro de la Alcaldía cumpliendo la sentencia, bien interponiendo recurso, bien adoptando la decisión que corresponda”, responde Carnero, sin pronunciarse.
Herrero augura un futuro difícil al asunto, puesto que la última modificación del Reglamento, en 2019, se sacó adelante con un amplio consenso de los grupos: PP, PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Ciudadanos, pero no es probable que cuente ahora con el acuerdo suficiente.
Carnero no aclara si el plazo de meses para esa reforma que calcula Herrero, en caso de que se apoyara por mayoría, sería de meses o de años. “En este momento yo no le puedo decir los plazos, los trámites ni los tiempos. Si le digo la verdad, todavía no he profundizado en la sentencia”, concluye.