Castilla y León viaja al pasado. En esta ocasión, no por iniciativas que pongan en jaque derechos conquistados, sino porque la región revive uno de los casos de corrupción de mayor tonelaje de su historia. Por no decir el que más. La Fiscalía Anticorrupción cifra en 75 millones de euros la cantidad en materia de beneficios que supusieron las prácticas de todos los inmiscuidos en la trama eólica. Sin embargo, 10 años y varios dirigentes después, nadie en el Partido Popular ha pedido disculpas. Ni tan siquiera ha asumido la responsabilidad o aplicado medidas para que no vuelva a ocurrir. Es más, la sombra del caso es tan alargada que incluso amenaza a un Alfonso Fernández Mañueco que, pese a no estar entre los procesados, su etapa en el Gobierno de la Junta coincide con el periodo en el que surgió la red. En Génova, todo sigue igual, como el modus operandi para afrontar estas cuestiones.
Una década después de destaparse, este lunes arrancó el proceso judicial relativo a la trama eólica, el mayor caso de corrupción en la historia de Castilla y León. A la memoria de los ciudadanos vienen los más de 75 millones de euros que sacaron los implicados en la red corrupta, conjugando con otra lección de cómo actuar ante un entramado de tal calibre desde el cuartel general del Partido Popular. El PSOE, que a finales del primer semestre enseñó la puerta de salida a su número tres por las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, marca diferencias con una formación que “siempre sigue el mismo esquema”.
Idéntico esquema
Voces dentro del partido subrayan que no se trata de una “excepción”, sino que ya forma parte del libro de recetas del Partido Popular en su sección anticorrupción. “Es una constante: de la Gürtel a la trama eólica, pasando por los escándalos de Valencia o Madrid”. La historia se repite y así lo desgranan desde la Ejecutiva socialista, precisando que hasta 15 ex altos cargos de la formación conservadora se sentarán en el banquillo a lo largo de las 43 sesiones previstas por la Audiencia Provincial de Valladolid. Una quincena de “responsables” de un sistema fraudulento que obligaba a la inclusión de empresas locales como “socias para poder obtener permisos de parques eólicos”.
Entre los encausados, el nombre que más resuena es el de Rafael Delgado, que en tiempos asumió la Consejería de Economía. Sobre él recae ya una condena en el marco del caso de la Perla Negra, en el que Anticorrupción describió cómo amasó una fortuna en calidad de comisiones con las que posteriormente pagaría desde Suiza a través de testaferros u otras prácticas delictivas.
La cuestión reside en que desde Génova se ha implantado una contención de daños que se cimenta sobre los mismos puntos, independientemente del caso en concreto y, por supuesto, sin disculparse ante la sociedad como hiciera Sánchez con José Luis Ábalos o Santos Cerdán. Los socialistas recuerdan el reguero de imputaciones que conduce hasta el cuartel general de los conservadores, incluyendo la imputación de sus dos ministros de Hacienda. “Primero Rato, ahora Montoro con toda una red de colaboradores”, precisan voces socialistas. Sin embargo, pese a severos varapalos judiciales, “lejos de romper con ese pasado”, Feijóo ha optado por la técnica del avestruz.
“Guarda silencio. Nada cambia. El PP nunca ha hecho limpieza”, puntualizan desde Ferraz, afeando a los conservadores que ni tan siquiera sopesasen la opción de disculparse ante la sociedad o, como mínimo, “asumir sus culpas o adoptar medidas” para evitar casos similares. Todo lo contrario. Los populares, con Mañueco y Feijóo a la cabeza respectivamente, no se salen de su carril: “El partido de la corrupción”.
Mañueco, ¿amenazado?
El contexto es importante y es lo que ahora presiona a un Alfonso Fernández Mañueco que se libró de la red de la imputación, pero habrá que ver cómo sortea el peso del titular a las puertas de una campaña electoral en la que no sólo ha de contener el resurgimiento de la ultraderecha; también de un PSOE con aires renovados en la región.
Este es el escenario que se cierne sobre un Mañueco que, entre los años 2003 y 2011, asumió la consejería de Presidencia de la Junta de Juan Vicente Herrera. Es decir, durante la época en la que se produjeron la mayoría de las autorizaciones investigadas. Si bien es cierto que el actual jefe del Ejecutivo autonómico no figura en la causa, la oposición se ha encargado de señalarle en reiteradas ocasiones por su responsabilidad política al formar parte de un equipo de Gobierno que permitió el desarrollo de la red corrupta.
El presidente de la Junta de Castilla y León siempre se ha mantenido en la tesis de que “los corruptos deben pagar por sus actos” y que, en última instancia, será bajo el criterio de la Justicia. No obstante, su papel en aquellos años alimenta el debate sobre si el propio Mañueco pudo desconocer un entramado que operó de forma estructural en las entrañas del Ejecutivo. De hecho, la cercanía de Mañueco al núcleo de poder era palpable, lo cual confirmó su posterior ascenso hasta el primer escalafón del organigrama. Sobre ello construyen los grupos de la oposición su narrativa, de hecho, al considerar que el PP no ha asumido la responsabilidad política del caso.
El calendario judicial prevé que el juicio se extienda durante cuatro meses, con sesiones en las que se escuchará a los acusados, decenas de testigos y peritos. Las defensas tratarán de plantear nulidades en las primeras jornadas, mientras que la Fiscalía confía en que la abundante documentación y los informes periciales avalen la existencia del entramado.