La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) se ha reunido este miércoles con el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para abordar las mejoras que necesitan las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid para ofrecer una vida digna a sus residentes. Es así como los representantes de la plataforma han trasladado a las portavoces del grupo popular en la Asamblea, Mónica Lavín y Esther Platero, y otros seis miembros de sus equipos, sus preocupaciones por las “escandalosas inspecciones” que se realizan en estos centros en las que se aplican “normativas, cuanto menos, equivocadas”; las insuficientes dotaciones para las comidas, el personal y los incumplimientos de la Comunidad en cuanto a la transposición de los acuerdos del Consejo Territorial de la Dependencia.

Frente a ello, y una vez más, los familiares de ancianos en las residencias han recibido la espalda del Gobierno de la Comunidad de Madrid. “Esperamos que, más adelante, nos den las explicaciones que hoy no nos han dado sobre las cuestiones planteadas”, ha sentenciado la plataforma en el comunicado difundido tras celebrarse el encuentro. Además, han mostrado su malestar al intuir que el Gobierno de Ayuso quiera “dar una patada al Gobierno central en el trasero de las residencias”.

Exposición de motivos de los familiares de ancianos en residencias

Han sido varios los motivos que han llevado a los representantes de Pladigmare a reunirse con miembros del Gobierno de Ayuso en materia de residencias. En este sentido, le han trasladado al PP las “malas condiciones de vida” de los residentes y le han reclamado un cambio de rumbo en la gestión de estos recursos por parte de la Comunidad de Madrid. Le han explicado que el hecho de que más del 92% de las residencias estén en manos privadas, con independencia de su titularidad pública, condiciona la asistencia que reciben las personas mayores. En estas condiciones que influyen han puesto de manifiesto las partidas dedicadas a la alimentación (algo más de cuatro euros diarios es lo que se dedica en los pliegos de algunos concursos de gestión de residencias públicas y cuatro es lo que devuelven residencias privadas en concepto de comida).

Desde Pladigmare también han puesto en relieve la insuficiencia del personal actual, denunciando que hay residencias públicas con ratios de personal inferiores a los establecidos, con carácter de mínimos, en el Acuerdo de Acreditación del Consejo Territorial de la Dependencia del año 2008. Este es el caso de residencias como las de Getafe, de Parla y de Cisneros, de Alcalá de Henares, según los datos del Portal de Transparencia.

En este aspecto remarcan que las ratios de personal deben establecerse por turnos y por categorías y partiendo del establecimiento del tiempo mínimo indispensable que necesita una persona residente de grado II o III (el perfil actual del residente).

La inspección en las residencias

Las quejas de Pladigmare, además, vienen también con las inspecciones que se realizan en las residencias. El presidente, Miguel Vázquez, ha dicho al salir de la reunión que quienes realizan las inspecciones “deberían ser cesados”: “Los servicios de inspección tendrían que conocer la legalidad. Los responsables de los servicios de inspección, que firman además las contestaciones diciendo que cumplen las ratios, también la tendrían que tener”.

En este sentido, han explicado que, por un lado, se realizan inspecciones ante denuncias de familiares, que algunas residencias conocen de su existencia con anterioridad a su realización y, por otro, se están aplicando normativas, que no resultan de aplicación, en las inspecciones realizadas a residencias privadas que atienden a residentes con el cheque-servicio. Concretamente, han señalado que los servicios de inspección aplican una ratio de personal del año 1990 (0,35 para todo el personal) cuando, al estar acreditada la residencia, la ratio aplicable es la del Acuerdo de Acreditación, que establece un 0,28 solo para gerocultoras y un 0,47 para todo el personal.

Además, han puesto en relieve el Acuerdo de Acreditación publicado en el BOE de agosto de 2022, señalando que han recibido más de 69 millones de euros para fomentar otro modelo de residencias en el que la persona esté en el centro de atención. Sobre ello, la Comunidad de Madrid ha manifestado que está en contra del acuerdo, pero no han contestado a qué medidas concretas son las que les produce el rechazo.

Entre otras medidas que se señalan en el acuerdo del año pasado son: (unidades de convivencia de 15 personas, ambiente hogareño, personal de referencia, supresión de las rotaciones del personal, residencias como máximo de 120 plazas en grandes ciudades, 75 en zonas rurales y 90 en ciudades de tamaño medio, protocolos de maltratos, ausencia de sujeciones o participación de familiares en órganos de representación.

Conclusión de Pladigmare tras la reunión

“Hemos reconocido el hecho de que nos hayan recibido y puesto de manifiesto que desde diciembre de 2022, la Gerencia del AMAS no ha querido reunirse con Pladigmare y desde julio de 2023 ni la nueva Consejera, ni el nuevo Director General de Atención al Mayor y la Dependencia lo han hecho”, han señalado desde Pladigmare tras el encuentro.

Y, para terminar, han puesto de manifestó: “Hemos hecho un llamamiento a la cordura, porque como país debemos ser capaces de ponernos de acuerdo en lo que deben ser unos cuidados dignos para las personas mayores en las residencias, con independencia de las diferencias políticas. Como sociedad nos lo merecemos. Esperamos que, más adelante, nos den las explicaciones que hoy no nos han dado sobre las cuestiones planteadas”.

En este sentido, el presidente de la plataforma ha remarcado en sus declaraciones la preocupación de que el Gobierno de Ayuso utilice las residencias para atacar al Gobierno central: “Estamos temiéndonos que quieran dar una pata al Gobierno en el culo de los residentes. Eso no lo vamos a permitir, eso es totalmente inaceptable”. En el mismo sentido, ha reclamado un impulso para “reequilibrar” el sistema “a favor de lo público” a través de la creación de residencias. Ha afirmado que la insuficiencia de plazas públicas está llevando a personas a tener que vender su patrimonio para poder hacer frente al pago de una residencia privada.

El PP defiende que trabaja por los mayores

Por su parte, la diputada del PP Esther Platero ha señalado que han “escuchado y anotado” todas las consideraciones presentadas por Pladigmare con el objetivo de analizar dónde se podría mejorar la atención.

“La Comunidad de Madrid ya está haciendo un modelo centrado en la persona y sobre todo en nuestros mayores. Es verdad que atendemos a más de un millón de personas al año en Servicios Sociales, pero sí que queremos tener muy claro que está en la legislatura de los mayores y vamos a estar centrados en ellos”, ha expuesto en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara autonómica.