Desde este fin de semana el verano ya está instalado y, por lo tanto, comienza la estación del año en la que mayor cantidad de incendios forestales se producen. Para ser justos, en Galicia, los fuegos ya se iniciaron hace algunas semanas, con los primeros registrados y que han devastado cientos de hectáreas.
Tras la experiencia, no solo del pasado año cuando se batieron todos los récords negativos, sino de las últimas décadas, la pregunta recurrente en el momento en que arrancan los meses más calurosos del año es la de si se han hecho los deberes.
A la vista de lo que dicen desde los colectivos afectados la respuesta parece ser negativa. A esto se suma que, hoy mismo, el Grupo Socialista en el Parlamento autonómico ha hecho la advertencias de que la región podría perder varios millones de euros por “mala gestión” de la Xunta de Galicia.
Esta formación de la oposición cifra esa cantidad en 8,5 millones, dinero aportados por el Gobierno de España con destino a la recuperación de los montes afectados por la plaga de incendios del pasado año.
En total, esa partida ascendía a 9,5 millones para impulsar hasta 13 actuaciones de restauración hidrológico-forestal. Sin embargo, según los datos que este lunes ha hecho públicos el PSdeG, “la ejecución certificada apenas alcanza los 928.151 euros”, es decir, el 9,77% del montante global.
En palabras de Lara Méndez, viceportavoz primera del Grupo Socialista, y Carmen Rodríguez, también diputada socialista, los plazos para finalizar las obras vencen, “según cada expediente, entre el 16 de agosto y el 30 de septiembre”. Esto supone que la Xunta dispone, por tanto, de entre dos y tres meses para ejecutar el 90 % del presupuesto pendiente, algo que las denunciantes consideran muy improbable.
Cabe recordar que estos fondos partieron del Ministerio para la Transición Ecológica. Se impulsaron tras los incendios que “arrasaron Galicia durante el verano de 2025, con especial dureza en la provincia de Ourense”.
Colaboración económica del Gobierno central
Solo los fuegos de Larouco y Oímbra supusieron con una superficie quemada de más de 55.000 hectáreas los dos mayores de la serie histórica. No obstante, a esos se sumaron también otros de gra afectación, como los vividos en municipios como Chandrexa de Queixa, A Mezquita o Carballeda de Valdeorras.
La repercusión y devastación de estos incendios provocó, incluso, que los Reyes y el presidente del Gobierno se desplazaron hasta estos puntos de la geografía gallega para comprobar in situ las consecuencias del fuego y trasladar su solidaridad a los afectados.
Como han recordado hoy desde el Grupo Socialista, fue la misma conselleira de Medio Rural, María José Gómez, la que reclamó “por escrito la colaboración económica del Gobierno central”.
Según Lara Méndez, a la petición de la responsable de la Xunta respondió el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez “con rapidez”, mediante el visto bueno a obras por valor de 9,5 millones de euros, “adjudicadas a trece empresas pequeñas y medianas gallegas” y en diciembre pasado “estaban todas iniciadas”.
La propia administración autonómica se encargó de determinar las áreas de actuación, propuso los proyectos y asumió la dirección de los trabajos sobre el terreno. Sobre esto ha incidido Méndez para dejar claro que el Gobierno central no intervinó en todo el proceso, sino que “fue la Xunta la que decidió dónde actuar y la que dijo que esas actuaciones eran urgentes. Siete meses después, no ha ejecutado ni el 10%”.
Para Carmen Rodríguez, las cifras que, por ahora, se corresponden con estas actuaciones “no admiten maquillaje”. Por ello, el Ejecutivo de Alfonso Rueda tiene que explicar “cómo piensa hacer en dos o tres meses lo que no hizo en los siete anteriores”, hasta completar los 8,57 millones de euros que restan por ejecutar.
Un aspecto llama la atención para las diputadas socialistas. Según la información de la que disponen, “la Consellería estaría priorizando la retirada de la madera con valor comercial antes que los trabajos de restauración ambiental financiados con estos fondos”. Ante esto, hoy mismo ha reclamado al Gobierno gallego que aclare “si su prioridad es recuperar los montes o facilitar primero el aprovechamiento comercial de la madera, aunque eso retrase todo lo demás”.
Al margen de lo anterior, pero relacionado con todo ello, ha aprovechado para pedir a Alfonso Rueda que dé a conocer qué cantidades ha aportado su administración, sobre todo teniendo en cuenta que la legislación determina que en este tipo de actuaciones la aportación del Estado no puede superar el 50 % del coste total, lo que significa que la Xunta debe asumir el resto.
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