La Xunta de Galicia pagó cerca de dos millones de euros a empresas del entorno de Alberto Núñez Feijóo mediante contratos que registró como menores a pesar de que superaban el límite legal que permite este tipo de contratación.
Según informa el diario Público, la administración gallega registró 35 expedientes en su plataforma de contratación como contratos menores, que fueron asignados por varios departamentos de la Administración autonómica y cuya cantidad excede el máximo legal que permite esa modalidad de acuerdo.
Concretamente, atendiendo al medio mencionado, la situación engloba 32 adjudicaciones a la cabecera y las filiales del Grupo Eulen, la empresa de seguridad, limpieza y servicios que encuentra en la hermana del líder del PP, Micaela Núñez Feijóo, su directora para el noroeste de España; y a Universal Support, la firma de telemarketing vinculada a la multinacional Konecta, cuyo director comercial es el cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas.
A ellos hay que añadirle dos licitaciones más consecutivas en favor de otra filial de Eulen que se valoraron tan solo un céntimo por debajo del límite máximo que permite la normativa para poder proceder a este tipo de contratación.
34 contratos
Según la documentación a la que ha tenido acceso el medio de comunicación mencionado, existen un total de 34 adjudicaciones al entorno de Alberto Núñez Feijóo que se han llevado a cabo bajo mandato del actual líder de la oposición o de su sucesor, Alfonso Rueda.
Con Feijóo como presidente de la Xunta se otorgaron 24 adjudicaciones por un valor total de 703.151 euros, mientras que con Rueda ya en el gobierno autonómico se produjeron una decena más. En total, son 34 los contratos que se han adjudicado con la familia consanguínea o política del candidato a presidente del Gobierno de España. La suma de todos ellos se queda muy cerca de los dos millones de euros (1.935.975 euros).
Desglose de la contratación
Desglosando algunos de estos contratos, solo tres días antes de que se anunciara de manera formal la dimisión de Feijóo tras su marcha a Madrid para centrarse en la política nacional, el Servicio Galego de Saúde (Sergas) publicó la adjudicación directa a Universal Support S.A de dos contratos archivados como menores, pero con valores superiores al límite legal, de 107.757 y 33.317 euros, respectivamente.
Las referencias de éstos, que hizo públicas la Consellería de Sanidade, contempla un objeto similar en ambos casos, los dos con la palabra “call center” y variando únicamente un número.
En 2021, la Xunta había contratado a esta empresa de telemarketing y sin experiencia en el sector sanitario para poner en marcha los centros de atención telefónica contra el Covid y seguimiento de casos de la enfermedad. Esta adjudicación se realizó mediante procedimiento de urgencia y la Xunta se amparó en la situación de estado de alarma para su justificación.
En cuanto a Eulen, el Sergas adjudicó, ya con Rueda en el Ejecutivo, ocho contratos que también se registraron como menores. Todos tenían como objeto la “seguridad” y superaban el tope legal de la contratación menor.
Algunos de ellos multiplican por doce el límite establecido por ley y contemplan la misma cantidad (222.254 euros), mientras que otros superan en distintos porcentajes -22%, 39% o 56%- ese tope.
El Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar adjudicó a Eulen Servicios Sociosanitarios SA otros 24 contratos registrados como menores, cuyos precios también se situaron por encima del máximo legal, en un 25% aproximadamente en este caso.
La Consellería de Cultura, Educación e Universidades otorgó sin concurso a Eulen SA, la matriz del grupo, otros dos contratos menores consecutivos por 18.149,99 euros cada uno el mismo día, el 3 de septiembre de 2021. Esto es, solo un céntimo por debajo del máximo legal.
Explicación de la Xunta de Galicia: no son contratos menores
El Ejecutivo gallego defiende que no se trata de contratos menores, sino de pagos mensuales por convenios previos que sí se licitaron siguiendo la senda habitual: procedimientos abiertos a otras empresas, prórrogas de otros concursos de carácter público que ganaron estas empresas; o facturas de contratos menores que, si bien se acometieron por un valor por debajo del límite legal, se agruparon en un único pago que sí supera la cantidad que establece la ley.
A preguntas de Público, los portavoces de los departamentos que adjudicaron estos aseguran que se registraron como licitaciones menores “por error” o “incidentes en la codificación”, y es que el periódico se ha puesto en contacto con las diferentes partes para que analizasen estos contratos.
Así las cosas, el Sergas asegura que algunas adjudicaciones se corresponden con un solo contrato o pago y/o alude a “errores en el código empleado en el documento contable mediante el que se abonó la factura”.
Sobre varias de ellas, apuntalan que son en realidad “prórrogas de un procedimiento abierto que se hicieron para garantizar la continuidad de un servicio público esencial”. Si bien, no han facilitado la justificación documental de dichas prórrogas a las que están obligados por ley si no se trata de contratos menores.
La Consellería de Políticas Sociales defiende que sus pagos responden a facturas de cuatro conciertos previos, licitados en concurso público y que ganó Eulen, pero que “aparecen reflejados en la plataforma como contratos menores por la forma de tramitar su pago mensual”. “La facturación se realiza por centro y por mes para facilitar la contabilidad y la liquidación del servicio”, mantienen las fuentes que han respondido al medio de comunicación que ha publicado la información.
El departamento de Cultura no ha respondido a las preguntas formuladas, lo mismo que Eulen ni la hermana de Alberto Núñez Feijóo, Micaela.
En lo que respecta a Konecta, empresa para la que trabaja Ignacio Cárdenas, asegura que en lo que a ellos se refiere todo “se llevó a cabo conforme a los procedimientos internos y el marco normativo aplicable, tal y como es habitual en la organización”.
Ley de Contratos del Sector Público
La Ley de Contratos del Sector Público establece como contratos menores aquellos que tienen un valor estimado por debajo de los 40.000 euros sin contar el IVA cuando se refiere a la ejecución de obras, o de 15.000 euros sin tener en cuenta el Impuesto si hace alusión al suministro de bienes o la prestación de servicios.
En ese caso, los contratos se pueden adjudicar directamente y sin someter a concurso -es decir, bajo el procedimiento que comúnmente se conoce como ‘a dedo’- a cualquier firma o a título individual sin tener en cuenta las normas generales de publicidad, concurrencia y transparencia de la contratación pública convencional.
Si se acoge a ellos, la región en este caso no tiene obligación de hacer pública la documentación completa de los expedientes (memorias justificativas, pliegos de cláusulas y prescripciones técnicas, empresas que presentan oferta, resoluciones de la mesa…). Por el contrario, es suficiente con facilitar únicamente el objeto genérico del contrato, la duración y cuantía del mismo, así como la identidad de quién se lo lleva.
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