El pueblo de Marcial Dorado, el narco amigo de Feijóo, negocia la compra de su patrimonio incautado

El proceso de liquidación del patrimonio del narcotraficante gallego Marcial Dorado, cuyo decomiso fue acordado por la Justicia en 2016, se ha convertido en el más largo y voluminoso de los últimos 20 años en Galicia. Valorado en 21,4 millones de euros, incluye más de 200 propiedades vinculadas a 19 sociedades españolas y nueve extranjeras, además de cuentas localizadas en Suiza y otros países. Aunque las subastas del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) avanzan lentamente, algunos bienes ya han sido adquiridos mediante venta directa por instituciones públicas, según recoge El País.

El primero en hacerlo fue el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa y, ahora, A Illa de Arousa, localidad natal del propio Dorado, ha dado un paso más. Su alcalde, el socialista Luis Arosa, ha acabado de cerrar la compra de dos parcelas destinadas a construir 70 viviendas de promoción pública y una zona verde, por un total de 361.000 euros, inversión ya recogida en los presupuestos de 2025 mediante un plan de pagos a siete años.

Pero Arosa ha apuntado más alto: su objetivo es hacerse con la mansión de Dorado, una de las más ostentosas levantadas por los capos del contrabando de tabaco en los años setenta y cuya tasación supera los tres millones de euros. El inmueble continúa en litigio, pues el narco, de 75 años, sigue peleando en los tribunales para mantener la propiedad. El alcalde, sin embargo, ha apuntado que el desenlace está cerca: “El día que tenga que abandonar esa casa, que es del Estado, está más cerca, y luego ya veremos cómo la pagamos”.

El extenso inventario de bienes embargados incluye inmuebles, fincas, bajos comerciales, gasolineras, aparcamientos y negocios distribuidos por distintas provincias, además de 16 cuentas localizadas en Suiza vinculadas a compañías con presencia en España, Portugal y Marruecos. En unos días se firmará ante notario la compra de los dos terrenos ya acordada, por la que el Ayuntamiento pagará 361.000 euros, inversión recogida en los presupuestos municipales de 2025 con un plan de pagos a siete años.

La intención del Ayuntamiento es transformar la mansión en un centro de la tercera edad y destinar otra parte del complejo a equipamientos deportivos para jóvenes. Arosa ha asegurado que ha puesto “todo el empeño” en que un bien procedente del narcotráfico revierta en utilidad pública para los vecinos: “El chicle judicial sobre esta propiedad no puede estirarse más y como alcalde he puesto todo mi empeño en defender la propuesta de que esta casa revierta en los ciudadanos del municipio, desde los mayores a los jóvenes, porque creo que es lo justo”.

El regidor ha retomado ahora las conversaciones con la delegada del PNSD, Francisca Sureda, continuando un diálogo iniciado con su antecesor, Joan Ramón Villalbí, quien ya se había comprometido a evitar que la mansión saliera a subasta para permitir que el Ayuntamiento optará a su compra directa. “No va a ser barata, pero sé que tendremos todas las ventajas posibles para adquirirla, y si yo sigo aquí, será propiedad de isleños”, ha asegurado Arosa. Además, el gobierno local ha negociado hacerse con otra finca rústica de 4.000 metros también embargada a Dorado, con la idea de habilitarla como zona verde ante las limitaciones urbanísticas de la isla.

La historia de adquisición de bienes públicos relacionados con narcotraficantes gallegos se remonta a diciembre de 2010, cuando el Ayuntamiento de Vilanova de Arousa compró el pazo de Vista Real, del siglo XVII, por 1.085.000 euros tras ser decomisado al clan de Los Charlines. En 2018, uno de los inmuebles emblemáticos de Dorado fue retirado de la subasta para ser adquirido por el Ayuntamiento de Vilagarcía por 174.000 euros. Este edificio, catalogado históricamente, se convertirá en un centro social una vez que la Xunta apruebe el proyecto de reforma. El gobierno local también pretende hacerse con el parking de gestión privada que se encuentra bajo este inmueble y que todavía no ha salido a subasta.

El mayor embargo narco de Galicia

El origen del proceso se remonta a 2011, cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena a Dorado por narcotráfico —10 años de prisión y 35 millones de multa—, sentencia que abrió la puerta al mayor embargo de bienes registrado en Galicia. En 2016, fue condenado por blanqueo, pero su patrimonio decomisado no empezó a venderse hasta noviembre de 2024.

“Es verdad que Marcial Dorado ha sido un contrabandista de tabaco (...), incluso a nivel popular era conocido como el ‘rey del tabaco’, pero esto no quiere decir que no se dedicase al narcotráfico, intentando justificar algo así como una ética del contrabandista, una aseveración que casa mal con su condena firme por este delito”, incidió la sentencia que lo condenó por blanqueo.

La Audiencia Nacional acreditó que Dorado mantenía una posición relevante en el narcotráfico, pese a su insistencia en atribuir su fortuna al contrabando de tabaco y a supuestos beneficios obtenidos en ‘duty free’. Los jueces no dieron credibilidad a esa versión y destacaron la red societaria opaca distribuida entre España, Portugal, Marruecos, Suiza, Panamá, Belice, Liechtenstein o Bahamas.

En febrero de 2017, la Audiencia Nacional le concedió su primer permiso carcelario, tras 24 solicitudes de excarcelación rechazadas. La Fiscalía se opuso aduciendo alarma social y riesgo de incumplimiento de la condena. Este permiso fue el primer paso hacia la obtención del tercer grado penitenciario, que finalmente le fue otorgado en julio de 2020, apenas dos meses antes de cumplir las tres cuartas partes de su última condena, que se extinguió en 2025.

A finales de los años noventa, Dorado fue el último en abandonar el negocio del tabaco que le había generado tanto dinero como influencia, manteniéndose siempre bajo la vigilancia de Aduanas. Pese a su perfil discreto, no pudo evitar los titulares que surgieron tras la investigación de un juez suizo sobre sus vínculos con el narcotráfico. Su detención en 2003, derivada de una operación de cocaína, constituyó uno de los mayores golpes a su trayectoria judicial. Recibió una condena de 10 años, cuya defensa aún intenta mediante la declaración de un testigo clave y una demanda contra el juez instructor.

En 2013, la publicación en El País de unas fotografías tomadas a mediados de los años noventa, que mostraban su amistad con el entonces número dos de la Consellería de Sanidade y futuro presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, fue considerada por Dorado como “su ruina personal y su lastre judicial”.

En 2017, el juez central de Vigilancia Penitenciaria dictaminó que Dorado cumplía uno de los requisitos fundamentales para salir de prisión: el arrepentimiento. Durante una comparecencia judicial, el propio preso firmó un acta en la que declaraba: “Me arrepiento de todo lo que sucedió y de haber estado en un mal punto en un momento determinado… fueron hechos que ocurrieron por una serie de circunstancias que ahora no podrían repetirse”.