El pasado mes de marzo se dio a conocer el cambio auspiciado por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de trasladar a varios magistrado de dicha sección. En concreto, se trata de jueces adscritos a las áreas que, hasta ese momento, se encargaban de conocer los procedimientos abiertos contra autorizaciones administrativas de parques eólicos.
Curiosamente, esta sección es la que más quebraderos de cabeza han generado a la Xunta de Galicia con las suspensiones cautelares o definitivas de instalaciones de este tipo.
La situación alcanzó tal punto que el propio Gobierno presidido por Alfonso Rueda decidió llevar el asunto hasta Bruselas.
La decisión adoptada desde la cúpula judicial encontró enseguida una importante respuesta social en contra. Diferentes entidades y colectivos se pronunciaron pidiendo la vuelta de los jueces trasladados a su puesto, ya que observaban que la medida solo beneficiaba a las empresas del sector, algo que denunciaron públicamente.
Las quejas tienen que ver con las modificaciones legislativas que se han ido introduciendo en la regulación de esta materia, unos cambios que, según los denunciantes, solo han buscado “eliminar las garantías que podían valorar los grandes impactos que los proyectos industriales (mineros, eólicos, etc.) tienen sobre nuestra tierra, nuestra agua y nuestro patrimonio natural”, como la semana pasada indió el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas.
Una de las cuestiones más llamativas, y que se ha convertido en maniobra recurrente por parte de la administración autonómica para agilizar y simplificar los trámites en este tipo de proyectos es declararlos estratégicos, con lo que, según el SLG “se agilizó la expropiación y se otorgó a la Consellería de Industria la potestad de decidir acerca de la utilidad pública de los proyectos y de su prevalencia sobre la actividad agraria”.
Ejemplos en este sentido hay muchos, pero en estos casos siempre la sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo se encargaba de velar por el cumplimiento de la legalidad vigente, de ahí que se hayan visto los cambios como inapropiados o buscados.
Recurso ante el Consejo General del Poder Judicial
Precisamente, en materia de política eólica, en algunas ocasiones se han denunciado presiones hacia los magistrados del alto tribunal gallego, asunto que fue trasladado, incluso, hasta el Parlamento autonómico.
Ahora la asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha anunciado la presentación de un recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial frente, según explican en un comunicado, “a las resoluciones por las que se alteraban las secciones de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”.
Tal y como argumentan, estos “adolecen de graves defectos que ponen en tela de juicio la inamovilidad de los magistrados afectados y, con ello, la propia independencia judicial”.
Luis Villares es uno de los jueces 'removidos' y es, de los cuatro afectados, asociado a Juezas y jueces para la democracia. Según esta entidad, el procedimiento para adoptar la medida del traslado “se ha verificado sin audiencia” de ninguno de los afectados, y con una motivación “meramente aparente e inidónea para justificarla, incumpliendo la norma que exige una serie de contenidos y trámites que no se atienden en el presente caso”.
Para esta organización, son concluyentes y graves los defectos detectados en la medida, debido a la ausencia de “criterios objetivos y motivos claros, que ponen en tela de juicio la propia medida, dentro de un contexto de presión por parte de representantes políticos y empresariales que hacen más necesario, si cabe, extremar las garantías”.
Ante esta situación, JjpD reclaman al Consejo General del Poder Judicial “la suspensión de los acuerdos recurridos, recordando que la quiebra en la formación de los órganos judiciales y en el nombramiento de sus integrantes, puede llegar a ser motivo de nulidad de las resoluciones según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.