La Xunta de Galicia se enfrenta a un nuevo problema de carácter ecológico y medioambiental con su actitud con otro proyecto que llega procedido de mucha polémica, al igual que sucediera con el de la macrocelulosa prevista por la multinacional Altri en el municipio lucense de Palas de Rei.
El último día de agosto Ecoloxistas en Acción hizo pública su denuncia sobre el Proyecto Cobre San Rafael, por supuestas irregularidades en su tramitación. Esto sucedió después de que se analizase la documentación correspondiente a la mina de Touro difundida por la propia empresa de forma interna a su accionariado.
Según Ecoloxistas, la intención de la empresa es crear una “macroexplotación minera de dimensiones muy superiores a las presentadas en el actual proyecto”. Cabe recordar que el mismo ha sido declarado estratégico y que acumula ya una Declaración de Impacto Ambiental negativa cuando en una ocasión anterior se intentó su reapertura.
Esta semana este proyecto vuelve a la actualidad, pero por otra cuestión igualmente grave. Sobre ella se han pronunciado sobre este asunto las plataformas Vecinal Mina Touro-O Pino y en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA), que cuenta con el apoyo de Ulloa Viva y lo han hecho con claridad: exigen el “cierre definitivo del proyecto minero de Cobre San Rafael después de conocer el contenido de un informe de la Consellería do Mar”.
Según los denunciantes, ese análisis del departamento gallego “alerta de los riesgos irreversibles para la Ría de Arousa y el sector acuícola”, en caso de que se dé el visto bueno a la reapertura de la mina.
En este escrito, la administración autonómica pone de relieve que el beneficio económico actual de la Ría de Arousa "supera con creces el rendimiento temporal del proyecto minero", tal y como recuerdan. En este sentido, el informe también señala que la economía del mar "genera de forma sostenible más de 106 millones de euros al año y da sustento a miles de familias gallegas; por el contrario, la mina pretende destruir el medio a cambio de un beneficio privado y pasajero".
Cierre definitivo del proyecto
Por estos motivos, las citadas plataformas, como han hecho desde que iniciaron su lucha, ponen el foco en que el valor socioeconómico real y permanente de los recursos de la ría que “es infinitamente superior a la actividad extractiva pretendida, la cual pondría en riesgo mortal un motor económico ya existente, rentable y estratégico para Galicia”.
Frente a estos recursos naturales, avisan de que el megaproyecto de mina en Touro-O Pino llega a poner "en peligro el sector del marisqueo y la acuicultura en la ría, los abastecimientos de agua potable, la Red Natura 2000 y el Camino de Santiago”.
Por todo lo anterior, el propio informe de la Consellería do Mar, según las plataformas, "recomienda el cierre definitivo de la mina atendiendo al principio de precaución y denuncia que la empresa omite el estudio de bioacumulación de metales pesados y las sinergias contaminantes con otros proyectos como Altri".
Se da la circunstancia de que el análisis elaborado por la subdirección general del mencionado departamento autonómico coincide con lo que ha venido advirtiendo la Plataforma Vecinal Mina Touro-O Pino Non, con sus protestas iniciadas hace años.
Los funcionarios subrayan que las aguas residuales y las escorrentías de la mina acabarían vertiéndose al río Ulla y, en última instancia, llegarían a la Ría de Arousa, la más importante de Galicia en producción acuícola.
Sin embargo, señalan desde las plataformas, “resulta un despropósito poner en juego un sector productivo permanente y vital para la economía gallega a cambio de un proyecto extractivo privado con fecha de caducidad que dejará tras de sí un rastro de contaminación y destrucción”.
No obstante, no se quedarían ahí los perjuicios, sino que también afectaría al patrimonio y al Camino de Santiago, puesto que los terrenos de la mina se encuentran en el Camino Francés, además de afectar de forma notable, en caso de reabrirse, a yacimientos arqueológicos y conjuntos etnográficos.
De todo esto avisaron las entidades que se oponen al proyecto. Sin embargo, desde el Ejecutivo regional se ha hecho caso omiso, algo similar a lo ocurrido con la macrocelulosa de Altri. Por eso, las plataformas han insistido en “la cancelación definitiva” del proyecto, que la Xunta de Galicia, casualmente, sigue tramitando, hasta el punto de que está pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental.
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