Gonzalo Durán se enfrenta a un horizonte penal que podría acarrear penas de hasta diez años de cárcel

El cerco judicial sobre el alcalde se estrecha de forma definitiva. Tras haber sorteado diversos procesos judiciales de calado, la investigación por el vaciado de cuentas del patrimonio familiar y el impago sistemático de deudas amenaza con ser el golpe de gracia para su carrera. La gravedad de los hechos que fundamentan la demanda dibuja un posible horizonte penal demoledor con delitos que podrían acarrear penas de hasta diez años de cárcel.

El balance de tres décadas de "era Durán" es un rastro de promesas incumplidas y cuentas saqueadas. Mientras los ciudadanos de Vilanova siguen atrapados en la espera de proyectos "fantasma" que el alcalde les oferta desde hace más de veinte años —promesas eternas como el Talasso, el centro comercial o una modernización que jamás se materializa—, el municipio languidece con un saneamiento que colapsa y el bloqueo sistemático a las energías renovables.

Pero mientras en Vilanova vende humo, en Santiago los vecinos sufren las consecuencias de una administración desleal que priorizaba el enriquecimiento personal propio. El dinero que debería haber ido destinado a las cuentas de las comunidades de vecinos y al mantenimiento de los edificios —evitando el abandono de los ascensores o la aparición de goteras— Gonzalo Durán se lo desviaba, en muchas ocasiones bajo el concepto de "nóminas", a sus cuentas personales.

El impago de los gastos de mantenimiento no es un simple error de gestión; es un problema que afecta directamente al día a día de las familias. Al no ingresarse las cuotas de las viviendas controladas por el alcalde, las comunidades se han quedado sin fondos para cubrir servicios que son fundamentales para que un edificio sea habitable. No se trata de una cuestión estética, sino de la degradación real de los inmuebles por una administración que, según la demanda, priorizaba el desvío de dinero a cuentas personales antes que el cuidado de las zonas comunes.

Vecinos "secuestrados" y un hermano "acorralado": las víctimas civiles de la gestión del clan Durán

En esta trama de intereses y supuestos cobros irregulares, las víctimas tienen nombres y apellidos. Por un lado, se encuentran los propietarios de las comunidades de vecinos de Santiago. Personas que pagan sus cuotas religiosamente pero que ven cómo sus edificios se degradan, las goteras se multiplican y el ascensor corre el riesgo de ser precintado porque el administrador de la mitad de los pisos de un bloque —el alcalde de Vilanova— ha decidido no pagar. Estos vecinos son rehenes de una gestión que les asfixia económicamente para sanear, presuntamente, las cuentas personales de un cargo público.

Por otro lado, la figura de José Juan Durán emerge como una de las víctimas más directas de este "abrazo del oso" fraternal.

Mientras Gonzalo Durán movía el timón del patrimonio familiar, su hermano J.J. Durán se encontraba —según la demanda— en la peor de las posiciones: copropietario al 50% de bienes y comunidades, responsable legal ante terceros, pero excluido de facto de la gestión. Cuando explotan las deudas, es él también quien puede verse señalado por las comunidades y por Hacienda, pese a no haber decidido sobre el destino de ni un solo euro de las rentas de los inquilinos.

La demanda pretende poner freno a lo que denomina una “sangría” constante, en la que el dinero que entraba cada mes nunca llegaba a cubrir gastos elementales de los edificios, como la luz de las zonas comunes o el mantenimiento de ascensores, mientras se abría un boquete de decenas de miles de euros en la contabilidad de las comunidades.

En la práctica, el hermano que no gestionaba se encuentra ahora “contra la espada y la pared”, obligado a responder por años de una administración que atribuye casi en exclusiva al alcalde de Vilanova, y según revela la documentación aportada en la demanda, también por su hija.

El salto a lo penal: el Administrador Judicial como "notario" del delito

Aunque el proceso arrancó por la vía civil —con la prioridad de J.J. Durán de frenar el caos y proteger el patrimonio restante—, el cerco judicial está a punto de estrecharse de forma irremediable. La jueza ha designado a un administrador judicial externo que, con plenos poderes, auditará cada entrada y salida de fondos de las comunidades.

El papel de este Administrador Judicial será el de un forense contable. Su misión no es solo gestionar los pagos a partir de ahora, sino que tiene la obligación de reportar al juzgado cualquier irregularidad previa. Su informe final servirá como prueba de cargo y será, en la práctica, la hoja de ruta para la Fiscalía. Es en este punto donde la vía civil se convierte en una pasarela directa hacia la justicia penal.

El catálogo de delitos que podría acabar con la carrera del "eterno alcalde de Vilanova"

El primer gran bloque de la acusación se asienta sobre la Administración Desleal, tipificada en el artículo 252 del Código Penal. El regidor habría utilizado su control absoluto sobre el patrimonio de su madre y, posteriormente, la herencia compartida al 50 por ciento con su hermano, para gestionar estos bienes de espaldas a los intereses de los propietarios legítimos. Al anteponer su beneficio personal al cuidado de los inmuebles, Durán habría incurrido en un abuso de funciones que la ley castiga con dureza cuando se traduce en un perjuicio económico tan evidente como el que hoy denuncian sus familiares.

Pero el cerco judicial va mucho más allá. El rastro de los alquileres que se esfumaron antes de llegar a su destino apunta directamente a un delito de Apropiación Indebida. Según el artículo 253 del Código Penal, Durán habría hecho suyas de forma ilícita las rentas que debían estar blindadas para el mantenimiento de las fincas. En lugar de cumplir con su mandato como gestor, el alcalde presuntamente desvió esos fondos, dejando las cuentas de las comunidades a cero mientras el dinero fluía hacia su órbita personal.

Especialmente grave resulta la sospecha de un Alzamiento de Bienes o Frustración de la Ejecución, bajo el amparo del artículo 257. Las maniobras para desviar los cobros de los inquilinos hacia cuentas propias o de su círculo familiar —evitando así que Hacienda pudiera hincarle el diente a las deudas pendientes— no son una simple picaresca, sino una estrategia para burlar la acción de la justicia y del fisco. Si se confirma que el alcalde diseñó esta red para blindar el dinero ante los embargos de la Agencia Tributaria, el escenario de la inhabilitación se quedaría corto frente a la gravedad de los hechos.

Finalmente, la sombra de la Falsedad Documental planea sobre cada una de esas transferencias marcadas bajo el sospechoso concepto de "nómina".

Si estos registros bancarios fueron creados artificialmente para dar una apariencia de legalidad a lo que en realidad era un vaciado de cuentas, Durán habría cruzado la última frontera. El uso de conceptos falsos para justificar movimientos de capital sin causa real es una manipulación que los tribunales suelen castigar como el agravante definitivo en las tramas de corrupción patrimonial.

Gonzalo Durán se enfrenta a un horizonte penal que podría acarrear penas de hasta diez años de cárcel

Habiendo estado implicado en varias causas judiciales de peso, esta investigación sobre el vaciado de cuentas y el impago sistemático de deudas podría ser, si termina de sustanciarse en la vía penal, la peor de todas para el alcalde. La gravedad de los tipos penales que se manejan en la demanda —administración desleal, apropiación indebida y alzamiento de bienes— dibuja un horizonte penal que podría acarrear penas de hasta diez años de cárcel. Para el PPdeG de Alfonso Rueda, el dilema es total: seguir protegiendo a un regidor que, según los extractos que ya obran en el juzgado, habría generado un agujero económico que ya rozaría los 200.000 euros, o soltar lastre antes de que la inhabilitación especial para cargo público se convierta en una realidad jurídica inevitable.

El fin de una era y la "patata caliente" para Rueda y Feijóo

Este escándalo estalla en un momento de máxima cercanía personal en la cúpula del PP. Este mismo verano, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se abrazaba a Durán en la celebración de su 30 aniversario como alcalde, un gesto que ahora se vuelve en contra del líder del PPdeG. Tampoco es ajeno Alberto Núñez Feijóo, quien desde Madrid mantiene una histórica buena relación con el regidor de Vilanova.

Más allá de los años de cárcel, el verdadero "jaque mate" político para Durán reside en la inhabilitación especial para empleo o cargo público. En el momento en que se abriera juicio oral por delitos relacionados con la administración desleal o el fraude, su continuidad en la alcaldía sería insostenible. El PPdeG de Alfonso Rueda se enfrentará entonces al dilema de seguir protegiendo a un regidor que, según los extractos que ya obran en poder del juzgado, confundió presuntamente la cuenta de su madre con su propio cajero automático.