La Xunta de Galicia ha celebrado esta misma mañana la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la gestión que la administración autonómica ha venido haciendo en materia de energía eólica que en tantas ocasiones se ha encontrado de frente con las resoluciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En un comunicado, el Gobierno presidido por Alfonso Rueda ha informado de que TJUE ha dictado una sentencia en la que “avala el procedimiento de evaluación ambiental” utilizado por la Xunta respecto a todos los proyectos de parques eólicos “nuevos” o “ya existentes” que se han tramitado en la región en los últimos años.

Es este un tema que preocupa y mucho porque son decenas las instalaciones paralizadas bien de forma cautelar, bien definitiva por la justicia, con el consiguiente deterioro económico.

La secretaria general técnica de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático ha asistido a la lectura pública en Luxemburgo de la citada resolución judicial. Al término de la misma, Carmen Bouso, ha mostrado su “satisfacción” con el contenido de la sentencia, puesto que el “Alto Tribunal comunitario da la razón al Gobierno gallego y de este modo despeja cualquier tipo de duda sobre las autorizaciones eólicas que ha otorgado en base a ese procedimiento”.

Cabe recordar que a esta resolución se llega tras la presentación de una cuestión prejudicial presentada ante el órgano comunitario por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y ahora, según Bouso, “la justicia europea fija con claridad su criterio”.

Una de las primeras organizaciones en pronunciarse sobre esta sentencia, aparte de la propia Xunta, ha sido la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, Adega, una de las más beligerantes contra la política eólica de la administración autonómica.

Reconoce que la decisión del TJUE avala el proceso de consulta pública llevado a cabo por la Xunta en la tramitación de la autorización de los proyectos en materia eólica, puesto que considera que, al tiempo que se produce la exposición pública del proyecto, se pueden recabar los informes sectoriales sin necesidad de someterlos a consulta pública. 

"Mensaje de tranquilidad"

La Asociación pone de manifiesto su "decepción" por este resolución al "imponer una interpretación de la normativa comunitaria y, en particular, de la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente". Esto, a juicio de Adega, "menoscaba el espíritu de la misma al restringir los derechos de participación de la cidadanía hasta convertirlos en una mera ilusión", al privar a la ciudadanía de la posibilidad de tener conocimiento de los informes correspondientes.

El malestar de los integrantes de esta entidad es más que evidente y en un comunicado han señalado, además de lo anterior y en relación con la situación de "irresponsabilidad administrativa, descontrol y prevalencia sistemática de los intereses privados frente al interés general", que es necesario poner de relieve que la patronal eólica está "engañando" a la ciudadanía cuando señalan que la sentencia del Tribunal Europeo "implicará el levantamiento de todas las paralizaciones cautelares de los proyectos eólicos establecidos por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a instancias de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por la vecindad y las organizaciones ecologistas".

A la espera de "conocer con detalle" la resolución del TJUE, Adega señala que la mismo no garantiza en nada que la situación de paralización en la que se encuentran decenas de proyectos eólicos "vaya a revertirse, dado que estas paralizaciones se sustentaron en errores de las evaluaciones ambientales practicadas", una materia que, según la entidad ecologista, no aborda el alto tribunal europeo, y que "centrará finalmente la razón de las futuras sentencias". 

Por ello, en el mismo comunicado ha mostrado su convencimiento de que la sentencia "no va a repercutir en la mayoría de las paralizaciones cautelares hoy vigentes", al tiempo que ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" a aquellas personas, entidades y plataformas vecinales que "legítimamente lograron en el TSXG la paralización cautelar de los proyectos en base a otros motivos jurídicos".