El pasado mes de abril la Sección Segunda de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó un auto desestimatorio de la paralización cautelar de las autorizaciones de la línea de evacuación eléctrica Campelo-Mesón. Esta resolución supuso un cambio en la tendencia del alto tribunal gallego que, hasta ese momento, “todos los procedimientos de impugnación de autorizaciones de líneas eléctricas para la evacuación de la energía producida por los parques eólicos habían sido asignados a la Sección Tercera, competente en materia de industria”, explica hoy la Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galicia, como miembro de Eólica Así Non.
Esta entidad, compuesta por una veintena de colectivos, desde estos cambios ha mostrado su disconformidad e, incluso, ha llegado a hablar de un movimiento posiblemente político. Ahora, la entidad va más allá y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Galicia para que investigue si la decisión de la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio, de trasladar los litigios eólicos de la Sección Tercera a la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del TSXG pudiera constituir un delito de prevaricación de los previstos en el artículo 446 del Código Penal.
Eólica Así Non insiste hoy en que este cambio de criterio “comenzó a aplicarse sin modificar las normas de reparto aprobadas en 2023”, atendiendo al interés manifestado por la Xunta de Galicia y las empresas del sector eólico en los procedimientos relativos a las autorizaciones de líneas eléctricas.
Los colectivos y plataformas que forman parte de la entidad están seguros de que este cambio de Sección, “además de no encontrar respaldo en ninguna modificación previa de las normas de reparto de asuntos aprobadas a finales de 2023, entra abiertamente en contradicción con el rechazo previo de la Sección Tercera a inhibirse de sus competencias en favor de la Segunda ante las solicitudes formuladas por la Xunta de Galicia y por empresas del sector codemandadas”.
Presiones y más denuncias
A lo anterior añaden el hecho de que “este cambio arbitrario de criterio” que atribuyen a la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo “sin la aquiescencia de la Sección Tercera”, solo era para “para satisfacer las demandas” del Gobierno presidido por Alfonso Rueda.
En este sentido, recuerdan que la propia directora general de Energías Renovables y Cambio Climático, Paula Uría, llegó a mostrar públicamente su satisfacción tras el cambio llevado a cabo en las Secciones que afecta a lo procedimientos relacionados con proyectos eólicos.
Cabe recordar que, en los últimos años, ha sido decenas los proyectos de parques eólicos paralizados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La Xunta, incluso, acudió a pedir ayuda a Bruselas. Precisamente, en este tiempo también ha habido denuncias públicas por supuestas presiones del Ejecutivo autonómico sobre el TSXG por este motivo.
Ahora, insisten desde Eólica Así Non, que “esta decisión se produce en el marco del debate público sobre el actual modelo eólico”, con la confrontación entre los intereses empresariales y la administración pública con las organizaciones defensoras del medio ambiente, una lucha que “en no pocas ocasiones” ha acabado en los tribunales.
Por ello, critican como “inadmisible” las injerencias del Gobierno de Rueda “en las actuaciones y decisiones de la Justicia con el único objetivo de aplicar sin trabas un modelo de expolio energético que solo beneficia a las grandes multinacionales, sin tener en cuenta el impacto social, ambiental y económico de estas instalaciones y sin procurar que los beneficios de esta actividad reviertan en el desarrollo de Galicia”.
Eólica Así Non muestra su sorpresa por “las duras críticas que el PP lanza a nivel estatal contra el Gobierno español por sus presuntas injerencias en los órganos judiciales”, convirtiéndose en una especie de defensor de la independencia de la Justicia. Sin embargo, en Galicia “cuestiona abiertamente a aquellos jueces que, actuando conforme a la legislación vigente, ponen en entredicho la política industrial y energética de expolio que promueve la Xunta”.
Según informan este viernes, hasta el momento ya han denunciado estos hechos ante la Fiscalía una veintena de colectivos, a los que se sumarán otras entidades en los próximos días.
Al margen de esto, la entidad también ha anunciado la presentación sendos escritos de queja ante las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y del Consejo General del Poder Judicial. En estos casos, todavía no han recibido respuesta.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.