El proyecto de Altri para Palas de Rei tiene unas patas muy largas que abarcan diferentes ámbitos públicos y privados en Galicia. Estos tentáculos tienen que ver, al margen de las implicaciones administrativas derivadas de las autorizaciones procedentes de diferentes órganos o departamentos autonómicos, fundamentalmente con el apartado económico.
Siguiendo los datos, en ocasiones cambiantes, facilitados por la multinacional portuguesa en varias ocasiones, esta macrocelulosa requiere de una inversión de alrededor de 1.000 millones de euros. De ellos, los iniciales, tal y como han repetido desde la compañía lusa, tienen que proceder de las arcas públicas. Se trata de 250 millones de euros. A estos hay que sumar el resto, que irán aportándose siguiendo diferentes fórmulas, entre ellas la correspondiente a la financiación bancaria.
La parte pública es la que más 'chirría' a los partidos de la oposición y a los colectivos que se oponen al proyecto.
En ella destaca el papel de Impulsa, Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia, dependiente de la Xunta que tiene un 40% del accionariado de forma directa y otro 10% de manera indirecta a través de la empresa pública Sogama (Sociedad Galega do Medio Ambiente). El resto del capital de Impulsa pertenece a Abanca (38%) -siempre presente en los proyectos que desarrolla la administración gallega- y Reganosa (12%). La sociedad Impulsa Galicia, curiosamente, fue creada en 2021, siendo presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo; justo un año después el de Os Peares dio el salto a Madrid para dirigir el Partido Popular.
En los últimos tiempos Impulsa Galicia ha adquirido mucho protagonismo mediático por cuestiones positivas, así calificadas por el PP ya que vinculan la sociedad con los proyectos estratégicos, y negativas, por las denuncias de oscurantismo y opacidad que rigen su gestión.
En este ámbito hay que situar el informe del Consello de Contas de principios de este mes en el que recordaba a la Xunta la necesidad de “transparentar” Impulsa Galicia en lo que a su actuación financiera se refiere. Unos días después, la propia conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, también presidenta de esta sociedad, defendió que no daba explicaciones en el Parlamento en forma de comparecencia puesto que “no es una sociedad pública”, sino “privada”; a esto ya había respondido Contas en su recomendación asegurando que, si bien no es una empresa pública, sí que tiene en cuenta la “influencia” de lo público en ella (la Xunta en la máxima accionista) por lo que ya concluía la conveniencia de incrementar “las exigencias de transparencia y control”.
"Fraude en la gestión del dinero público"
Este martes, el diputado del Bloque Nacionalista Galego, Mon Fernández, acaba de presentar en la comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos una proposición no de ley en la que se incide en la recomendación del Consello de Contas.
En concreto, instan los nacionalistas a la Xunta a que incorpore Impulsa Galicia al “perímetro de entidades y sociedades públicas autonómicas y reclamó que sea sometida al control público”.
Hace tan solo unos días, a raíz de la repuesta de la conselleira de Economía e Industria, el parlamentario del Bloque Luís Bará ya indicó que “se creó un chiringuito para situarse fuera del control público”.
Ahora, su compañero de formación acusa a Alfonso Rueda de cometer “fraude en la gestión del dinero público, montando una empresa pantalla para ocultar a los gallegos sus operaciones con la empersa Altri”.
El BNG es contundente al argumentar su petición ya que Impulsa está presidida por una integrante del Gobierno gallego, que tiene el 50% de sus títulos de acciones y cuya sede se ubica en un edificio de la propia Xunta. Ante todo esto y la negativa del Ejecutivo del PP, Fernández no duda en señalar que en un "ejercicio indigno y desvergonzado de escapismo político mantiene su negativa a dar explicaciones sobre las actuaciones de la sociedad que ella misma preside”.
La denuncia de los nacionalistas van más allá, puesto que acusan al presidente gallego y a su equipo de “utilizar el carácter privado de Impulsa como un parapeto frente a la demanda de información respecto del funcionamiento” de la misma Impulsa. El objetivo, a juicio de Mon Fernández, es “sobre todo, ocultar información sobre el proyecto Greenfiber para montar una macrocelulosa, y los acuerdos existentes entre la Xunta, a través de la Sociedad Impulsa y la empresa Altri".
El parlamentario del BNG critica que mientras la administración gallega exige información exhaustiva para conceder subvenciones públicas, para montar una celulosa coma la de Altri, el Gobierno de Rueda escapa de los procedimientos habituales que tienen que cumplir otras empresas”.
Según sus palabras, el PP y la Xunta de Galicia están cometiendo “fraude en la gestión del dinero público”. Crearon “una sociedad pantalla para ocultarnos sus operaciones con la empresa Altri”.
Como era de esperar, la mayoría absoluta del PP ha echado por tierra la propuesta presentada por el Bloque Nacionalista Galego.