Estos últimos días han sido especialmente complicados debidos a varios incendios forestales activos en Galicia. El más importante, el ocurrido en el ayuntamiento ourensano de Calvos de Randín. Este fuego ha arrasado casi 520 hectáreas, de las que, según datos de la Consellería do Medio Rural, 370 correspondieron a superficie arbolada. Se consideró extinguido anoche, y requirió en algunos momentos de su evolución la declaración de Situación 2 “de forma preventiva”, por su proximidad a algunas viviendas.
No fue el único. También se registraron durante la semana pasada incendios en el concello lucense de Quiroga, otro en Manzaneda, Ourense y en O Porto do Son, en A Coruña, a los que se suman los ocurridos en As Neves, Pontevedra, donde los investigadores han iniciado sus pesquisas para determinar su origen.
En medio de todo esto, la Xunta de Galicia decidió también la semana pasada extender el período de riesgo alto de incendios hasta el próximo 15 de octubre.
Sin embargo, una vez más, el Gobierno presidido por Alfonso Rueda vuelve a estar en entredicho a propósito del anteproyectoi de la nueva Ley de Lucha Contra los Incendios Forestales de Galicia.
Esta normativa fue presentada hace una semana y no goza del consenso de las entidades y organizaciones sociales, ecologistas y especializadas en este ámbito.
Dos de ellas son el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) y Amigas da Terra. Ambos colectivos denuncian que dicho anteproyecto de ley “ni es integral ni es el adecuado para proteger los ecosistemas y el conjunto del territorio”.
A juicio de estas entidades lo que verdaderamente precisa la región es “una Ley Integral de Prevención de Incendios Forestales”, que incluya una “nueva estrategia frente a los incendios dejando atrás el modelo actual basado principalmente en la extinción”.
“Todos los representantes del sector (empresas de servicios, industria, organizaciones agrarias, colegios oficiales, propietarios, asociaciones ambientalistas, universidades, viveristas...) le pedimos a la administración que era preciso crear un grupo de trabajo para elaborar una ley más adecuada e integradora”, una solicitud ante la que, no obstante, “no nos hicieron caso y siguen adelante con el trámite parlamentario de 'su ley'”.
Deja a un lado la participación
Para Amigas da Terra y el Sindicato Labrego Galego, con el anteproyecto no solo se llega tarde, “muy tarde”, sino que se pierda “la oportunidad de crear una ley enfocada a la prevención, a la gestión del riesgo y a la recuperación de los ecosistemas”.
Su argumento de partida es más que claro. Una regulación que se hace a espaldas de las entidades interesadas, expertas y de la propia ciudadanía, no puede funcionar. “Parte de los vocales que estamos en el Consello Forestal lo hemos dicho desde su creación (Decreto 2006/2004) que este tipo de ley no se le puede imponer a la comunidad, tiene que configurarse con un carácter participativo de las instituciones y los agentes interesados”, señalaron la semana pasada los representantes de ambos colectivos.
A juicio de sus representantes, la nueva ley tiene que tener en cuenta la actual crisis-emergencia climática, que modifica los condicionantes meteorológicos, y que ha de obligar a “integrar estrategias que hagan más resilientes los ecosistemas forestales con soluciones basadas en la naturaleza y en los conocimientos, que, aun teniéndolos, no se ponen en práctica por los poderes públicos”.
Tanto SLG como Amigas da Terra recordaron que es preciso intervenir de manera urgente. Y para ello se disponen ya de diferentes acciones con respaldo legal como son la moratoria del eucalipto, la no forestación de tierras agrarias, la distancia a pastos, tierras de labor, granjas, viviendas, etc. Sin embargo, a pesar de existir, “no se están cumpliendo”.
Por este motivo proponen un catálogo con hasta cinco medidas que atacan el problema de los incendios forestales desde la adaptación de los mecanismos al cambio climático, eso sí, siempre desde la perspectiva de la prevención.
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