Importante sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que tiene incidencia sobre cuestiones importantes y puede afectar a proyectos que, en la actualidad, están pendientes de las correspondientes autorizaciones ambientales. La resolución anula de manera parcial el decreto de la Xunta por el que se regularon las Entidades de Colaboración Ambiental (ECA); ese decreto es también la génesis de la creación del registro de Entidades de Colaboración Ambiental de Galicia y el banco de personas expertas en evaluación ambiental. Entiende el Alto Tribunal que supone una privatización parcial de los procedimientos de evaluación ambiental.
La decisión, que es una respuesta a un recurso interpuesto por la Confederación Intersindical Galega, declara en concreto disconformes a Derecho los artículos 27 y 28.1. inciso final, así como el 29.5 del citado Decreto. De la importancia de la medida habla el hecho de que, los organizadores de la gran manifestación contra la macrocelulosa de Altri y la reapertura de la mina de Touro-O Pino, se refirieron a este fallo en la comparecencia para ofrecer detalles de esta convocatoria prevista para el 22 de marzo.
Así, el presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, indicó que, con ella en la mano, "tenemos más motivos aún que ayer para manifestarnos”. Lo que conlleva la sentencia del TSXG, según recordaron, es la anulación de "varios artículos del Decreto 102/2023 de 15 de junio de la Xunta de Galicia que regula las tramitaciones administrativas coma las de Altri y la Mina de Touro-O Pino por la privatización de la tramitación de las evaluaciones ambientales que hace el Gobierno gallego" y que ahora "tumba" la justicia.
“En la tierra y en el mar estamos en peligro y el más alto tribunal gallego viene a decirle a la Xunta que sus tramitaciones ambientales no son acordes a la ley", en palabras del portavoz de PDRA. Por eso, insistió en exigir tras esta sentencia a Alfonso Rueda a su Ejecutivo que paralice "de una vez por todas estos proyectos industriales contaminantes, expoliadores del territorio y que ponen en peligro el futuro de nuestro sector primario".
Con respecto a la resolución de TSXG, en esta se establece que "tanto por el carácter privado de la ECA como por la completa externalización de toda la tramitación de la evaluación ambiental, que se concibe además con carácter estructural", por ejemplo el artículo 27 del mencionado Decreto es contrario a lo que establece el artículo 9.2. del Estatuto Básico del Empleado Público y al 8.1. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Aún más llamativo es que los magistrados recalquen que no constan "mecanismos de control realizados por funcionarios públicos sobre la actuación de estas empresas en el procedimiento en concreto", algo que, a juicio del tribunal, provoca que las decisiones que han de adoptar las autoridades públicas "sean simples ratificaciones, sin posibilidad de contraste".
Hay que recordar que en la actualidad el proyecto de Altri, sin ir más lejos, está pendiente de los informes relacionados con su impacto ambiental, de ahí que los afectados por su implantación, así como los colectivos y entidades que se oponen también a ella, vean en esta sentencia un poco de luz al final de un túnel auspiciado por el apoyo directo de la Xunta a la macrocelulosa.
Va más allá el auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo al subrayar que la ECA "no colabora con la administración, sino que suplanta a la administración durante nada menos que toda la tramitación de la evaluación ambiental", a lo que agrega la jurisprudencia que "veta esta completa transferencia a una empresa privada porque, en realidad, nos encontramos delante de una abdicación de la tramitación administrativa y, por lo tanto, del ejercicio de la competencia, que es irrenunciable para la administración".
Impacto ambiental
Sin duda alguna, el medio ambiente, su defensa y protección, se ha convertido en un gran quebradero de cabeza para el Gobierno de la Xunta de Galicia. En muchos de los casos por lo que existe esta sensación y que ya han tenido respuesta (negativa para la administración) en los tribunales de justicia como este último caso, se trata de proyectos, políticas o acciones públicas puestas en marcha o modificadas durante los años de Alberto Núñez Feijóo al frente del Ejecutivo regional, y que su sucesor no ha sabido o querido poner freno o cambiar.
Los dos asuntos mencionados ocupan buena parte del interés social porque, a su vez, congregan el mayor rechazo colectivo. La macrocelulosa que la multinacional portuguesa Altri quiere construir en la localidad lucense de Palas de Rei y la reactivación de la mina de Touro-O Pino, de la compañía Cobre San Rafael, están pendientes de trámites y autorizaciones por parte del Ejecutivo autonómico que pueden quedar ahora mismo, con esta sentencia en la mano, en agua de borrajas.
Ambos supuestos afectan a zonas comunes y desembocan en el mismo área, es decir, en la Ría de Arousa. De ahí que los colectivos que luchan desde hace tiempo contra estos proyectos apoyen de forma decidida la convocatoria lanzada para el próximo día 22 de marzo la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y ahora con más motivo, tras la sentencia del Alto tribunal.
Desde esta entidad social han ofrecido detalles de lo que se está organizando de cara al próximo fin de semana. Los organizadores esperan batir las cifras importantes de otras convocatorias contra la macrocelulosa de Altri, y a poco más de una semana parece que van logrando destacados hitos en este sentido.
Uno de ellos tiene que ver con los alrededor de 500 barcos que se sumarán en la Ría de Arousa a la protesta. Lo harán con su presencia en la ensenada de A Pobra do Caramiñal, concello donde tendrá lugar la protesta "por terra e mar".
Cabe recordar que la Xunta de Galicia ha dado a estos proyectos el carácter de Industriales Estratégicos. El motivo, según los denunciantes, es dar mayor rapidez y agilidad a las tramitaciones administrativas correspondientes y, de este modo, evitar posibles obstáculos de carácter procedimental.
Según anunciaron desde la Plataforma, ahora mismo están preparando los detalles de esta manifestación “en defensa de nuestro mar y de nuestra tierra". La hacen coincidir, por razones obvias, con el Día Mundial del Agua y se desarrollará desde la estación de autobuses hasta el puerto de A Pobra do Caramiñal.
Ayer, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa recibió el apoyo explícito del sindicato CIG, de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, los patrones mayores de las cofradías de la Ría de Arousa, las asociaciones de mariscadoras y los colectivos que, desde hace tiempo, se han posicionado contra los proyectos de Altri y la mina de Touro.
Esta preparación logística de la gran manifestación prevista para el próximo sábado 22 de marzo ha coincidido con la buena noticia para los convocantes de la publicación de esta sentencia del TSXG que supone un verdadero varapalo en materia medioambiental para la Xunta y el Ejecutivo que preside Alfonso Rueda.