Entre 2011 y 2012, la Xunta de Galicia, bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo, ha destinado un total de 44.200 euros (sin IVA) a sufragar los gastos de seguridad privada y del servicio de guías del Pazo de Meirás durante los días de apertura al público. Según ha revelado eldiario.es, estos pagos han contradicho el discurso oficial del entonces presidente gallego, quien aseguró que el convenio no implicaría “ningún pago ni compensación” para la familia Franco. Desde la Consellería de Cultura, sin embargo, han defendido ahora que se trató de “una partida puntual y no se volvió a destinar”.
El origen del conflicto se remonta a 2008, cuando el gobierno bipartito PSdeG-BNG declaró el Pazo de Meirás como Bien de Interés Cultural (BIC), bajo la dirección de Cultura de Ánxela Bugallo. Esta catalogación obligaba a los propietarios, la familia Franco, a permitir visitas públicas. Sin embargo, los herederos del dictador se resistieron activamente al proceso, contando con el respaldo político de Feijóo, entonces líder de la oposición. En aquel momento, el dirigente popular llegó a afirmar que no se les podía obligar a abrir el inmueble porque “no es un pazo” sino “una torre”.
Tras el rechazo del Tribunal Supremo al recurso presentado por la familia Franco contra la declaración de BIC, el propio Feijóo, ya como presidente, alcanzó en 2011 un acuerdo con los herederos para garantizar la apertura del recinto. En dicho convenio, se consideraba “especialmente interesante” desarrollar “una acción didáctica e informativa más allá de las obligaciones de apertura para sus titulares”. Asimismo, el documento justificaba la inversión pública en seguridad alegando que “dada la singularidad” del pazo, la apertura “puede provocar riesgos en la seguridad”. Incluso se señalaba que “el hecho de que fuese residencia del anterior jefe de Estado puede convertirlo en blanco de actos violentos o molestos”. Estas justificaciones han sido interpretadas por algunos sectores como una sobredimensión del riesgo para legitimar el uso de fondos públicos.
El acuerdo establecía que la Xunta asumiría la financiación de la vigilancia, los seguros y la organización de visitas guiadas gratuitas, mientras que la familia Franco se comprometía únicamente a abrir el pazo cuatro días al mes y a mantener las instalaciones en buen estado. Sin embargo, este compromiso no siempre se cumplió. A pesar de ello, el coste inicial previsto, que no debía superar los 18.000 euros, se incrementó rápidamente. En junio de 2011, apenas tres meses después del inicio de las visitas, se aprobó una addenda que elevó el gasto en 5.000 euros adicionales debido al aumento de la demanda.
En 2012, el convenio fue renovado con una asignación inicial de 21.200 euros, de los cuales 11.448 se destinaron a seguridad y el resto a la gestión y servicios de guía. No consta que en ese año se ampliaran los días de visita, lo que ha reforzado la percepción de que el gasto público continuó beneficiando indirectamente a la familia Franco sin un incremento proporcional del servicio ofrecido.
Desde la Consellería de Cultura han insistido en que aquella financiación fue puntual, pero han evitado profundizar en las implicaciones políticas del acuerdo. En relación con la posible compensación económica que reclaman los Franco tras la devolución del pazo al Estado, han señalado que la cuestión “atañe al Gobierno central como titular del inmueble” y que la Xunta “ya manifestamos nuestra intención de adherirnos a la acción judicial de la Abogacía del Estado para evitar el pago de la indemnización”. No obstante, el caso sigue alimentando el debate político actual, especialmente en un contexto en el que partidos como el PP y Vox han sido criticados por su postura respecto a la memoria histórica.