La Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto diligencias de investigación contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, para analizar varias denuncias relacionadas con el desalojo del antiguo instituto B9, el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña, llevado a cabo el pasado 17 de diciembre. Según han confirmado fuentes judiciales, el Ministerio Público ha iniciado estas actuaciones con el objetivo de “estudiar distintas denuncias” vinculadas al operativo que dejó sin techo a alrededor de 170 personas en situación de vulnerabilidad de las 400 que llegaron a vivir en el lugar.
La investigación tiene su origen en una denuncia penal presentada el 24 de diciembre por el eurodiputado de los Comuns Jaume Asens, que acudió a la Fiscalía de Odio y Discriminación al considerar que el alcalde popular pudo incurrir en varios delitos. Entre ellos, Asens señala en esta tanto un posible delito de odio como delitos de denegación del servicio público por motivos discriminatorios, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación.
Los hechos se remontan a la mañana del 17 de diciembre de 2025, cuando los Mossos d'Esquadra desplegaron un operativo policial para desalojar el edificio del instituto B9, un inmueble abandonado que llevaba ocupado desde junio de 2023, coincidiendo con la vuelta de Albiol a la alcaldía. En los días previos al desalojo, parte de los 400 ocupantes abandonaron el recinto, pero aun así la intervención policial dejó a unas 170 personas sin una alternativa habitacional inmediata.
Debido al desalojo, varios de los antiguos ocupantes del B9 se asentaron bajo un puente de la C-31, en un punto también ubicado en Badalona, durmiendo en la intemperie durante unas fechas navideñas de especial frío y fuertes lluvias. Fue el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat y las entidades sociales las que se encargaron en diciembre de realojar a 147 de las personas que habían residido en el edificio que en su día fuera un instituto.
El incumplimiento de la orden judicial por parte de Albiol
Justamente, en el texto enviado a la Fiscalía, Asens remarca que la resolución judicial que ordenó el desalojo especificaba que el Ayuntamiento debía garantizar "una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sin techo", algo que no se cumplió. Asimismo, subraya que Albiol expresó en varias declaraciones que no tenía intención de ofrecer alojamiento ni recursos habitacionales a los desahuciados y "persistió en una actuación contraria al mandato judicial" al no ofrecer un refugio ni otro tipo de ayuda a los desahuciados.
Para el eurodiputado de los Comuns, el abandono de los desalojados se ha efectuado "de manera selectiva" debido a su condición de migrantes y de personas sin recursos económicos. Una inacción que Asens considera que es un indicio de "desobediencia reiterada" por no cumplir de forma efectiva las indicaciones de la resolución judicial y que ha comportado un delito de prevaricación, debido a que la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento es "contraria al ordenamiento jurídico y potencialmente manifiestamente injusta".
Asens denuncia la tolerancia de Albiol con los episodios de violencia vecinal contra los desalojados
Aparte de la falta, el diputado de los Comuns también denuncia en el escrito la tolerancia institucional de Albiol con los "episodios de bloqueo y presión vecinal" llevados a cabo por un grupo de personas para impedir que los desalojados pudieran dormir en refugios proporcionados por entidades sociales. Estas protestas provocaron que una noche la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona no pudiera acoger a 15 de los migrantes desahuciados.
Además, según Asens, el alcalde de Badalona estuvo presente en reuniones con vecinos en las que se manifestaron comentarios discriminatorios de índole xenófoba que "no fueron objeto de una desautorización clara e inmediata" por parte de Albiol. De uno de los encuentros, posteriormente trascendieron audios en los que se escuchaba a alguno de los presentes planteando la posibilidad de prender fuego al antiguo albergue municipal de Can Bofí Vell, en el que algunos de los desalojados intentaron asentarse, ante un Albiol que únicamente recomendó que no dijeran según qué cosas porque estaban siendo grabados. "Dejadme margen para intentar resolverlo o, si no, haced lo que consideréis", se escucha decir al político del PP.
No es el único procedimiento judicial que se ha abierto
La investigación abierta este viernes por la Fiscalía Provincial de Barcelona no es el único procedimiento judicial iniciado contra el Ayuntamiento de Xavier García Albiol por el desahucio del B9. La misma Fiscalía solicitó el pasado 23 de diciembre al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona, el mismo que autorizó que se produjese el desalojo, que comprobase si el Consistorio ofrecía a los desahuciados alternativas habitacionales como ordenaba la resolución judicial.
Concretamente, la Fiscalía pedía a dicho juzgado que reclamara un informe al Ayuntamiento de Badalona sobre las incidencias causadas por el desalojo y el cumplimiento de la indicación de la jueza de prestar la "atención adecuada" a las personas expulsadas del B9. También solicitaba que en el informe el Consistorio explicara en este los planes que tenía para ofrecer lo antes posible una alternativa habitacional.