Extremadura vuelve a la casilla de salida: todo lo que exige Vox a Guardiola para gobernar

El PP se la ha jugado convocando elecciones en Extremadura. Es la primera conclusión que se puede extraer de un resultado electoral insuficiente para que María Guardiola gobierne en solitario y que hace que tenga que plegarse a las radicales exigencias de la ultraderecha, que ha subido como la espuma en una región donde el descalabro del PSOE ha sido flagrante. Los 'populares' tenían la intención de aprovechar su aparente buen momento político y los sondeos, de hecho, les auguraban éxito porcentual, ya que podían apuntarse el tanto de sacarle una decena de puntos a los socialistas y lanzar así un statement legible en clave nacional. No obstante, el margen no ha sido tan holgado y ahora, si quiere gobernar, Guardiola tiene que ceder a las demandas de Vox.

Entre ellas, eliminar lo que ellos consideran "gasto superfluo" en subvenciones a los sindicatos y las ayudas a las asociaciones que promueven la cooperación internacional o lo que ellos llaman "ideología de género". En la misma línea, piden la derogación de la Ley LGTBI de Extremadura, que se aprobó bajo el mandato de José Antonio Monago (PP) en el año 2015. Estas peticiones son líneas rojas de la ultraderecha para abstenerse en el debate de investidura de Guardiola y posibilitar así que revalide el mandato. El proceso para limar asperezas ya ha comenzado: el martes, la presidenta de la Junta en funciones llamó a Óscar Fernández, candidato de Vox, para comprobar su predisposición para sentarse a negociar. Fuentes del PP apuntan que el tono de aquella llamada fue "cordial" y fuentes de Vox matizan que "sólo se trató de un contacto telefónico donde se trató la posibilidad de comenzar a negociar, nada más". No se puso fecha para la primera reunión formal, pero se abrió la veda para dialogar. "Se ha roto el hielo, que ya es mucho", celebran desde las filas 'populares'.

Antecedentes no especialmente positivos

Tras las elecciones de 2023, vencidas por el PSOE, el primer contacto entre PP y Vox tardó mucho más en llegar que en esta ocasión porque Guardiola exploró entonces en primer lugar la posibilidad de abstención de Guillermo Fernández Vara. No obstante, el escenario ahora es distinto, y tras la dimisión de Gallardo, la 'popular' no quiso perder el tiempo y ha empezado a dialogar con Vox, de quien depende, a efectos prácticos, su futuro como presidenta de la Junta de Extremadura. La posición del PSOE, con José Luis Quintana, delegado del Gobierno y persona de máxima confianza de Pedro Sánchez, recién designado como presidente de la Gestora, es también clara: "Sería un fracaso que Guardiola nos pidiera la abstención, nosotros no se lo vamos a ofrecer".

Los primeros movimientos de Guardiola que llegar en consonancia con un documento inicial de 200 medidas que no es nuevo, ya que es el mismo que la formación de Abascal le hizo llegar para negociar los Presupuestos y que la presidenta de la Junta rechazó al detectar medidas "fuera de la ley". Paralelamente, el tiempo desvelará si la ultraderecha prefiere presionar para entrar de algún modo en el Ejecutivo regional o si prefiere estar al margen. En 2023 comenzó pidiendo en aquellas negociaciones hasta tres consejerías y la presidencia de la Asamblea de Extremadura, pero se desinfló posteriormente para quedarse con una sola competencia, la consejería de Mundo Rural, que también desdeñó un año después del arranque de la legislatura. Las cosas son distintas ahora, no obstante: entonces, tenían cinco diputados y ahora tienen once.

Duras exigencias

El aumento de poder de Vox tras las elecciones le confiere una mayor capacidad de presión sobre el Partido Popular para introducir sus innegociables. La primera, eliminar (en 2023 era reducir) las partidas presupuestarias para los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex). En el único año que gobernaron juntos y pactaron los primeros Presupuestos, los de 2024, la reducción se quedó en torno al 10%, y ahora la petición es eliminar por completo la financiación. En concreto, el pago por la participación institucional para estas entidades bajó de 633.923 euros a 569.700 en cada caso, lo que se tradujo en una bajada de 64.223 euros con respecto a 2023. La segunda, la derogación de la Ley LGTBI que aprobó el propio Partido Popular hace diez años (y cuya eliminación Guardiola aceptó sobre el papel para contentar a los de Abascal) y la supresión de las ayudas a las asociaciones ligadas al fomento de la igualdad. Estas son exigencias que el PP, en sus raíces, ha superado hace años, pero que la ultraderecha insiste en sacar a la palestra para presionarles.

En tercer lugar, Vox exige eliminar la ecotasa, es decir, el impuesto con el que graba la Junta a las empresas propietarias de Almaraz (unos 90 millones anuales). Guardiola prometió una rebaja gradual de 15,5 millones en 2027, 27 millones en 2028 y 45 millones en 2029, es decir, unos 87 millones y medio de euros menos de recaudación en apenas tres años. En otro orden de cosas, la ultraderecha recoge en su programa ayudas "contra el fraude" en los procesos de empadronamiento de inmigrantes en los municipios y un programa de reintegración a sus países de origen. La exigencia en este sentido, siempre atravesada por el componente xenófobo del discurso de esta formación, es eliminar las plazas de menores extranjeros no acompañados en Extremadura y un compromiso político para no acoger a ninguno más, además de aplicar pruebas de edad a todos ellos y "eliminar subvenciones que fomenten la inmigración ilegal".

A estas reivindicaciones se suman aumentar el número de médicos, especialmente en zonas rurales, establecer medidas retributivas para sanitarios y docentes, suprimir el registro de objetores de conciencia para practicar abortos voluntarios (en la línea de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, que se ha topado con la justicia por negarse a esta obligación), ayudar económicamente a asociaciones pro vida y aumentar las ayudas a la natalidad. Si Guardiola quiere volver a gobernar, saldrá caro, tanto a ella misma por las numerosas concesiones que tendrá que hacer como a la propia región de Extremadura por los retrocesos sociales que propone la ultraderecha.