El titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez, habría pedido ya la opinión a la Fiscalía de la Audiencia Provincial para prorrogar las investigaciones que lleva a cabo desde el pasado mes de septiembre de la supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sacyr entregó al PP para financiar la campaña electoral de María Dolores Cospedal en Castilla La Mancha de 2007 a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo cuando la ciudad estaba gobernada por los “populares”, siempre según declaración en sede judicial del extesorero de la formación conservadora, Luis Bárcenas, quien aportó el decisivo recibí (ver) firmado por el todavía “hombre de los dineros de Cospedal” en tierras de Don Quijote, el gerente José Ángel Cañas, imputado en el caso junto a los políticos conservadores José Manuel Molina y Lamberto García Pinera, alcalde y vicealcalde toledano en aquella época, respectivamente, y a los empresarios Luis del Rivero y Manuel Manrique, expresidente y actual responsable de Sacyr.

Queda mucho por investigar

Fuentes cercanas al caso de la supuesta mordida han confirmado a ELPLURAL.COM que el juez Rodríguez tiene decidido ya ampliar las pesquisas y la investigación ante la complejidad del asunto y las notorias contradicciones que se ha encontrado desde que su homólogo Pablo Ruz, titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional hasta abril de 2015, decidiera hacer pieza separada de la trama corrupta Gürtel de la supuesta mordida de los 200.000 euros, entregada al PP de Castilla La Mancha todavía presidido por María Dolores Cospedal, y enviarla a los juzgados toledanos para su investigación.

Primeras declaraciones de testigos

Está claro que si el juez Florencio Rodríguez hubiera tenido la intención de archivar el caso de la supuesta mordida de Cospedal lo habría hecho después de recibir el pasado 29 de enero el informe solicitado a los técnicos municipales y adelantado en exclusiva por ELPLURAL.COM (ver informe). En el documento, el economista del Ayuntamiento de Toledo, Fernando Arredondo, que ha sido llamado a declarar como testigo el próximo jueves, 28 de abril, deja claro que: “de cualquier manera, retrotrayéndonos al momento en que dichos documentos fueron firmados, las consecuencias económicas para el Ayuntamiento hubieran sido más desfavorables con el protocolo de 21 de mayo de 2007 (gobernando el PP) que con el acuerdo de ejecución del mantenimiento del equilibrio financiero de 15 de noviembre de 2007 (gobernando el PSOE)”. En parecidos términos se expresan el resto de testigos que también han sido llamados a declarar el 28 de abril, entre los que se encuentra Juan Suardíaz Álvarez, ingeniero municipal y jubilado desde el pasado mes de diciembre.

Dónde están los 200.000 euros

Pesquisas e investigaciones que buscan desenmarañar la madeja de la supuesta financiación irregular del PP castellano-manchego, denunciada continuamente por los socialistas liderados por Emiliano García-Page, que se muestran convencidos de que “ha habido financiación irregular”, al mismo tiempo que dicen no poder señalar si el “culpable” es el secretario regional del PP, Vicente Tirado, o la expresidenta del Gobierno regional, María Dolores de Cospedal. Lo que sí tienen claro los socialistas es que “no puede pararse la investigación”, por lo que piden que “no encalle sino que se aclare de verdad”. El círculo se estrecha cada día más y el PP se limita a anunciar querellas que nunca presenta contra los portavoces del PSOE que pongan en duda la “honorabilidad del partido”, dicen, como si el PP castellano-manchego fuera tan honorable como pretenden sus líderes.