Sentencia condenatoria para ocho de los ganaderos implicados el 5 de junio del año pasado en los graves altercados registrados frente al edificio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, en plena espiral de protestas a las que dieron lugar los cambios prometidos en los protocolos de vacunación contra la tuberculosis bovina por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, en manos de Vox, que finalmente no pudieron ser aplicados por contravenir la normativa europea.
El juzgado de instrucción número 2 entiende probados con respecto a estos ocho imputados los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad, daños en bienes públicos, así como diez delitos leves de lesiones, cuyas penas suman diez meses de prisión en total y sendas multas, así como al pago de costas del procedimiento, considerando los hechos de aquel día como “una grave alteración del orden público” durante la celebración de la concentración convocada por la “Plataforma en Unión por la Ganadería”. Igualmente, añade inhabilitaciones especiales para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.
Indemnizaciones por lesiones y daños
En respuesta a las denuncias en las que figuraban las acusaciones del Ministerio Fiscal, la Junta de Castilla y León, la Abogacía del Estado y funcionarios de la Policía Nacional, la sentencia condena a los ganaderos a abonar solidariamente a la Administración Autonómica 13.250,56 euros en concepto de desperfectos en el edificio y limpieza, así como a la Dirección General de la Policía por los daños en vestuario y equipamiento policial y otras cantidades por lesiones a varios agentes que oscilan de los 86 euros a los 2.250 en el caso más grave.
Palos, cayadas, petardos, bengalas, pintura y huevos
En el repaso de los hechos, el juzgado recuerda la multitudinaria y violenta concentración frente a las puertas del edificio público a la que, señala, asistieron en torno a 500 personas y especifica los actos concretos que se produjeron y cuáles fueron responsabilidad de cada uno de los acusados.
En este sentido, la sentencia recoge que muchos de los manifestantes acudieron “provistos de palos y cayados, además de petardos de gran potencia que hicieron detonar y bengalas, golpeando, en un primer momento, con los palos el suelo y paredes del edificio y procediendo al lanzamiento de pintura y huevos contra sus ventanales, impactando alguno de ellos sobre los agentes de policía y generando momentos de tensión”.
El juez recuerda que el edificio estaba custodiado y protegido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Salamanca y Valladolid en previsión de posibles incidentes y que el clima de tensión “creció en el momento en que a un grupo reducido de representantes de los ganaderos se les permitió el acceso al interior de la Delegación Territorial para ejercer funciones de mediación” y muchos otros manifestantes intentaron acceder por la fuerza gritando “dimisión” a los responsables de la Consejería.
Asalto con violencia
Durante el asalto con violencia del edificio los manifestantes, entre los que se encontraban los acusados, emplearon las cayadas y palos contra las puertas y ventanales de cristal que intentaban repeler agentes de policía y vigilantes, a los que respondieron “con gran violencia”, rompiendo las bridas de las vallas instaladas por las fuerzas del orden y empujándolas, provocando las lesiones de los policías. Al juez no le cabe duda de que todos los condenados estuvieron presentes en estos hechos e intervinieron de manera activa y determinante en el intento de entrada violenta al edificio, en las agresiones a agentes de Policía Nacional y vigilantes de seguridad privada y son responsables de los desperfectos en puertas y fachada.
Las promesas de Vox
La violenta protesta se enmarcó en la fuerte polémica desatada en la comunidad autónoma en aquellos meses de 2023 a cuenta de las promesas de los líderes de Vox, Juan García-Gallardo, y su consejero, Gerardo Dueñas, a los ganaderos, pretendiendo modificar los protocolos de vacunación establecidos por la normativa europea en la provincia de Salamanca contra la tuberculosis bovina.
Los ganaderos, descontentos con el calendario de vacunación, la prohibición estatal de la salida del ganado de la provincia y el sacrificio de los animales infectados, llevaron a cabo diversas protestas que desembocaron en los altercados de aquel día a resultas de la resolución aprobada por el Gobierno de Mañueco el 10 de mayo que flexibilizaba las exigencias de la Unión Europea y que los funcionarios de sanidad de la Consejería no aplicaron, por considerarla ilegal, algo que confirmó la posterior orden ministerial que ordenaba su no aplicación.