Tiempo después de la DANA, cuando las tensiones políticas en la Comunidad Valenciana estaban a flor de piel, todavía durante el mandato de Carlos Mazón, Vox exigió al Partido Popular beneficiar a las altas rentas duplicando el mínimo exento del Impuesto al Patrimonio elevándolo al millón de euros. Una apuesta que, actualmente, han subido con creces.
Bajo el actual mando de Juanfran Pérez Llorca, tal y como reza en las enmiendas registradas por los de Santiago Abascal en la autonomía sobre la ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, la ultraderecha plantea ahora elevar a dos millones de euros este mínimo exento del Impuesto de Patrimonio.
De esta manera, proponen modificar el artículo 8 de la Ley 13/1997 del 23 de diciembre “por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos”, por la que lo amplían con una “base imponible de los sujetos pasivos por obligación personal del impuesto que residan habitualmente en la Comunitat Valenciana se reduce, en concepto de mínimo exento, en 2.000.000 euros”. Una enmienda impulsada y firmada por el síndic José María Llanos y la diputada María Teresa Ramírez de Vox.
De salir adelante la iniciativa, los contribuyentes con un patrimonio neto de hasta dos millones de euros dejarían de tributar por este impuesto en la Comunidad Valenciana gobernada por el PP y gracias a Vox, al duplicarse el umbral exento vigente. La medida beneficiaría a los patrimonios de mayor valor, al ampliar la parte del patrimonio que queda libre de gravamen antes de calcular la cuota a pagar.
Polémica desde el mandato de Mazón al de Pérez Llorca
La reforma fiscal impulsada por el entonces Gobierno de Carlos Mazón ya generó hace más de un año atrás un debate sobre el alcance de las rebajas tributarias influenciadas por la ultraderecha. El mismo día en que el entonces presidente de la Generalitat anunció la continuidad de su plan, con un impacto estimado de 256,5 millones de euros menos de ingresos para las arcas públicas —incluida una rebaja del 60% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales—, Vox reclamó ampliar todavía más las medidas fiscales.
En una documentación que incluía en torno a cincuenta enmiendas presentadas por la formación de Abascal a la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2025, figuró una propuesta para elevar el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio desde los 500.000 euros hasta el millón de euros. La iniciativa planteaba así aumentar la cantidad de patrimonio que queda fuera del pago del tributo, una modificación con especial incidencia en los contribuyentes con mayores patrimonios.
En la Comunidad Valenciana, el mínimo exento estaba fijado en aquel momento en 500.000 euros, uno de los umbrales más bajos entre las comunidades autónomas. La propuesta de la extrema derecha valenciana buscaba elevarlo por encima del nivel establecido con anterioridad por la Generalitat y situarlo también por encima del mínimo estatal, fijado en 700.000 euros, dejando fuera del cálculo la vivienda habitual dentro de los límites establecidos por la normativa.
Además de esta modificación, las enmiendas fiscales de Vox incluían otras rebajas tributarias, como una reducción de un punto porcentual en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y una disminución de una décima en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
Ya en aquel momento la fricción política vino suscitada por la oposición del PSPV, quienes consideraron que esta medida ya suponía una rebaja considerable a los contribuyentes de mayores patrimonios, alertando así de la pérdida de ingresos a las arcas públicas valencianas. Entonces, los socialistas lo calificaron de medida “regresiva” al entender que concentraba el beneficio fiscal en las grandes fortunas y en detrimento de la mayoría social.
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