El fichaje de la pareja de Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, por la Diputación de Valencia, a razón de 52.000 euros anuales (el doble que en su anterior puesto) desató una de las grandes crisis de quien fue el elegido para sustituir a Carlos Mazó. Valeria Solana accedido a la institución a través de una comisión de servicios aprobada por la presidencia, a cargo de Vicente Mompó, y desde la oposición rápidamente lo calificaron como un de “enchufismo”, práctica de la que ya se habría beneficiado en 2008.
El escándalo saltó hace escasos dos meses y, desde entonces, Pérez Llorca no ha querido dar muchas explicaciones y ha echado balones fuera, agarrándose al clásico “atacan a mi pareja por el mero hecho de ser mi pareja”, típico de otras figuras como Isabel Díaz Ayuso. "Ella tiene su funcionariado porque se lo trabajó y se lo curró como se lo curran muchísimos funcionarios […] entró a trabajar (en la Diputación de Valencia) hace unas semanas, después de pasar un procedimiento legal, supervisado por los técnicos, de libre concurrencia tengo entendido, y todo ha transcurrido ajustado a la legalidad”, trasladó.
Sin embargo, pese a ajustarse a la más estricta legalidad, según el president, Solana ha decidido no permanecer en su plaza de la Diputación, que ocupa desde hace solo seis meses, al no querer optar a la provisión de la comisión de servicio mediante la que accedió a este puesto público. Esta renuncia ha sido comunicada por la propia pareja de Pérez Llorca, quien ha confirmado que no se enfrentará a la consolidación de este puesto de funcionaria tras cumplirse el periodo máximo de validez de la comisión de servicio.
Transcurso de los hechos
El pasado marzo se conoció que la pareja de Llorca había sido trasladada desde su puesto de administrativa del Ayuntamiento de Finestrat -localidad alicantina de la que Pérez Llorca fue alcalde hasta su nombramiento en diciembre de 2025 como jefe del Consell y líder del PPCV- a otro en la Diputación mediante comisión de servicios.
Desde ese momento, PSPV y Compromís exigieron explicaciones a Pérez Llorca ante lo que consideraron un caso de "enchufismo", dado que la Diputación está justo enfrente del Palau de la Generalitat y, con este puesto, la pareja del president pasaba a cobrar el doble de la retribución que tenía en el consistorio. Los socialistas también pidieron tener acceso al expediente de contratación, al considerar que "no es normal que pase de cobrar 25.000 a 52.000 euros y que se haya producido así".
Por su parte, el PP y Vox defendieron que las comisiones de servicio son una "práctica habitual" en la función pública. El president de la Generalitat también negó que existiera ningún "trato a favor" hacia su pareja en el acceso a esta plaza, al tiempo que denunció la existencia de una "cacería" sobre ella por ser "la mujer de" y cargó contra el "machismo" que consideraba que subyacía en las críticas.
Según expuso el jefe del Consell, tras tomar posesión en diciembre, "una de las primeras decisiones" que tomó fue trasladar su domicilio a Valencia "por razones obvias laborales" y "un tiempo después", su pareja, "funcionaria de carrera hace más de 20 años", incluso antes de conocerle a él, decidió "reconciliar" la vida familiar y laboral, trasladarse a Valencia y pedir una comisión de servicios, "como pide cualquier otro funcionario, en este caso, para ocupar un puesto la Diputación de Valencia en su escala".
Pérez Llorca defendió que su pareja había pasado un procedimiento legal, supervisado por los técnicos, de libre concurrencia y ajustado a la legalidad al tiempo que alegaba que la retribución era "exactamente igual a cualquier otro administrativo de su rango". Desde la Diputación de Valencia, dominada por el PP, insistieron en la "absoluta normalidad" en el acceso de la pareja de Llorca a esta plaza de funcionaria, además de asegurar que cumplía con "todos los requisitos" para este puesto de secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios.
Según explicaron desde la corporación provincial, se trataba de una plaza que estaba vacante desde octubre-noviembre de 2025 y que se ofertó en comisión de servicio, "igual que otras de características similares en distintos departamentos, incluidos grupos políticos de diferente signo". No obstante, las coincidencias temporales, la mejora salarial y el acercamiento a su pareja levantaron todas las sospechas, que ahora podrían difuminarse si la oposición dejar pasar el caso tras la renuncia.
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