La extrema derecha en la Comunidad Valenciana ha cogido el testigo de Extremadura y Aragón y ha registrado este jueves en Les Corts una iniciativa con la que insta al Consell que solicite al Gobierno central la "prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles", para aplicarlo en las ayudas sociales, los servicios públicos o los programas de vivienda.
Pese a que desde las filas de la extrema derecha afirmaban esta semana que este principio ya figuraba en el acuerdo de investidura de Juanfran Pérez Llorca, todavía no se había plasmado por escrito. En este sentido, el portavoz parlamentario de Vox, José María Llanos, ha expresado en un comunicado que la propuesta registrada en la Cámara autonómica "parte de un diagnóstico político claro: el deterioro del Estado de bienestar, la sobrecarga de los servicios públicos y la pérdida de cohesión social son consecuencia directa de las políticas impulsadas durante años por los sucesivos gobiernos”.
En esta línea, Llanos ha defendido la iniciativa señalando que tanto el Estado como las instituciones "existen para salvaguardar la seguridad, la justicia y el bienestar de la comunidad nacional", así como que "cualquier política pública debe orientarse a ese objetivo prioritario". Así, tomando de ejemplo a Aragón y Extremadura, Llanos ve en la prioridad nacional el "eje central del debate político" que sirve para reforzar "el posicionamiento de Vox como fuerza política que propone una reorientación de las políticas públicas hacia la protección de la comunidad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar".
Entre las medidas recogidas en la PNL, se encuentra "establecer la preferencia de los españoles en el acceso a ayudas sociales, vivienda y prestaciones públicas", "garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, limitando su uso por parte de inmigrantes en situación irregular a supuestos de urgencia vital", "poner fin a los procesos de regularización masiva y reforzar el control sobre la inmigración ilegal" y "promover reformas normativas que aseguren que las prestaciones no contributivas estén reservadas a los nacionales". Al hilo de ello, y centrando el debate en el área de salud, la PNL registrada en Les Corts pide derogar el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que, encontrándose en España, no tengan su residencia legal en el territorio español.
De esta forma, la formación de Santiago Abascal apuesta por aprobar una norma reglamentaria que deje sin efecto las modificaciones del reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y por derogar el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, poniendo fin al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal".
Aragón, antesala de la PNL en Les Corts
Poco después de que se conociera el acuerdo de Gobierno en Aragón este miércoles, el portavoz nacional de Vivienda de la extrema derecha, Carlos Hernández Quero, defendía que el acuerdo de gobernabilidad alcanzado con el PP debe incluir la "prioridad nacional" al conceder las ayudas públicas, especialmente en materia de vivienda, asegurando que "el arraigo no es excluyente" ni "discriminatorio".
En una entrevista en '24 Horas' de 'RNE', Quero detallaba que el sistema pactado con los populares de Jorge Azcón plantea requisitos basados en el empadronamiento, fijado en un periodo de diez años, y en otros criterios que sirvan para elaborar una baremación. Todo ello con el fin de que "los recursos limitados que tenemos" sean "prioritariamente para los nuestros".
La inclusión de esta cláusula de la "prioridad nacional" al conceder las ayudas públicas ha centrado la polémica en los últimos días. Así, los de Abascal interpretan ese concepto como "los españoles, primero" mientras que desde el PP han dejado claro que el texto se ajusta a la legalidad y que "no van a discriminar a nadie por la nacionalidad".
Preguntado por la compatibilidad de esta medida con la Constitución y la igualdad ante la ley, el portavoz de Vox ha aseverado que "en ningún momento se está diciendo que el origen, el sexo, la raza o la religión sean los que den o quiten puntos". "El arraigo no es excluyente, no es discriminatorio", ha argumentado Quero, agregando que "todo el mundo entiende que la vivienda va precisamente de eso, de estabilidad, de no ir con la casa a cuestas de un lado a otro". Así, ha insistido en que "precisamente la función, la finalidad, el objetivo de una política de vivienda es arraigar, cohesionar".