En el marco de la investigación sobre la DANA que sigue su curso en la comisión del Congreso de los Diputados, este martes acude a declarar Maribel Vilaplana, la periodista que el 29 de octubre de 2024 comió con el expresidente valenciano Carlos Mazón en El Ventorro, y después de que ya compareciera ante la juez de Catarroja el pasado mes de noviembre.
En aquella ocasión, Vilaplana confesó ante la magistrada que durante aquella comida, a la que el exjefe del Consell la citó para ofrecerle la dirección de À Punt, la radiotelevisión pública valenciana, el expresidente estuvo comunicado, hablando y escribiendo con su móvil, pero no mostró "prisa" en ningún momento de la reunión, pese a la situación que ya se estaba sufriendo en varios municipios de la provincia de Valencia. De hecho, la sobremesa de ambos se prolongó hasta las 18:45 horas, cuando ya había fallecidos por las inundaciones, y fue entre las 18:30 horas y las 19:00 horas, según el testimonio del dueño del restaurante, cuando los dos salieron del local.
Pese a que Vilaplana no aportó al juzgado el tique del parking donde aparcó su coche, sí que remitió a la instructora un justificante que desvelaba un pago en ese aparcamiento a las 19:47 horas, una hora después de la hora en la que habrían salido del restaurante. En su testifical, la comunicadora calculó que habría tardado unos cinco o diez minutos en llegar del restaurante al aparcamiento.
El presidente de la CHJ insiste en el "caos" del Cecopi
Al margen de la declaración de Vilaplana prevista para este martes, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha hecho lo propio este lunes en la comisión del Congreso desde donde ha insistido en que la reunión que se celebró en el Cecopi el día de la DANA fue un "caos" porque "quien tenía que tomar decisiones" no lo hacía, tampoco se había planificado la emergencia con antelación y se avisó tarde a la población de la situación. No obstante, Polo ha asegurado que las consecuencias de la tragedia habrían sido "similares" aunque hubiera estado hecha la obra de reencauzamiento del barranco del Poyo al cauce del Turia.
En este orden de cosas, durante su intervención en la comisión del Congreso que investiga la catástrofe, Polo ha reproducido argumentos similares a los que esgrimió tanto ante el juzgado de Catarroja como ante la comisión de investigación del Senado. Así, el presidente de la CHJ ha recordado que una de las obras que el PP se queja de que no se habían hecho en octubre de 2024 era la que prevé el desvío del Poyo al río Turia. Con ello, preguntado por si esto hubiera sido una realidad se podría haber evitado la mortífera riada, ha asegurado que no. A su juicio, esa infraestructura tendría "una capacidad de 800 metros cúbicos por segundo" cuando por el Poyo llegaron a circular unos 3.500 metros cúbicos por segundo. "La magnitud de la riada fue enorme y evidentemente las consecuencias hubieran sido similares", ha concluido.
Por otra parte, Polo ha dejado claro que "las obras se diseñan siempre para un nivel de riesgo", es decir, que "no hay obras infalibles" y que "las medidas para salvar personas no son las mismas que para salvar bienes". "Las infraestructuras sirven para salvar bienes, pero para salvar personas lo que hay que hacer es avisarlas, porque las personas pueden tomar medidas de autoprotección. Es avisar a la población lo que salva a la población", ha enfatizado.
Además, a preguntas del PSOE ha abundado en que las obras relativas al Poyo se "quedaron en un cajón" con el cambio de gobierno autonómico de finales de 2011, cuando el 'popular' Alberto Fabra sucedió a su compañero Francisco Camps, porque se dejó caducar la declaración de impacto ambiental. Después, en 2019, ya con el socialista Ximo Puig en la Generalitat se volvió a empezar el proyecto para la licitación, pero aún no se han realizado. "Desde entonces, se actúa con diligencia", ha apuntado.
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