El pasado mes de octubre, la Generalitat Valenciana publicó la versión definitiva del Plan Endavant, encaminado a consolidar la recuperación económica y social de de la zona afectada por la DANA del pasado año. 

El proyecto contempla diferentes actuaciones a desarrollar por el Ejecutivo autómico, fundamentadas en cuatro aspectos: personas, economía, medio ambiente y tejido social y comunitario.  

Tras revisar el texto, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLERs) no han tardado tacharlo de "despropósito" y pedir su retirada, pues "únicamente defiende los intereses de empresarios y grandes multinacionales". En este sentido, aseguran que compromete la vidde las personas de los pueblos afectados y condena a l’Horta Sud a una situación de colapso social y ambiental.

Desde los CLERs advierten de que el plan que habla mucho de industria y crecimiento económico, pero "no prioriza la seguridad de las personas, los servicios públicos, la protección de la huerta o del territorio afectado, o la mejora y recuperación de equipamientos educativos, sociales o sanitarios".

Lamentando que el plan se haya ideado sin contar con una verdadera participación ciudadana, denuncian que plantea actuaciones basadas en las mismas políticas que provocaron la catástrofe que arrasó esta región en 2024 y ponen ejemplos, como la ampliación del Puerto y la promoción de negocios relacionados con la automoción y las industrias del plástico, la química, la logística e, incluso, la tecnología armamentística.

Pero, la actuación que más indignación despierta en este colectivo, y que retrata, a su juicio, la idea de reconstrucción que tiene la Generalitat Valenciana que lidera el Partido Popular es la que tiene que ver con la reconstrucción y mejora de los accesos y el aparcamiento del Circuito Ricardo Tormo para el Gran Premio de MotoGP, una infraestructura, dicen, "que ocupa un espacio natural de laminación, lo cual provocará un aumento del efecto destructivo de las avenidas del barranco". 

Para estas obras, lamentan, ya hay fecha de ejecución, cosa que no pasa con "otras infraestructuras mucho más necesarias y urgentes para la población, como los centros educativos y sanitarios que, a día de hoy, "todavía no sabemos cuándo estarán en funcionamiento".

Desde los CLERs critican también la falta de propuestas concretas en defensa de la recuperación del pequeño comercio, la evaluación del impacto medioambiental y la gestión del riesgo, aspectos, indican, que deberían ser uno de los pilares fundamentales y prioritarios del proyecto.

"La prioridad de este Plan es un crecimiento desmesurado e insostenible, ocupando más suelo en zona inundable, fomentando el uso del hormigón y convirtiendo nuestro territorio en objeto de especulación económica", critican, poniendo el foco en la ausencia de una visión integral de las cuencas hidrológicas como unidad territorial. "Las decisiones de actuación que se toman río arriba afectarán inevitablemente a la parte baja de la cuenca en el futuro", exponen. En esta línea, reclaman  la aplicación del concepto de Biorregión como modelo de organización territorial, que se estructure alrededor de las cuencas fluviales como espacios donde está presente todo lo necesario para la reproducción y el mantenimiento de la vida.

Por último, los CLERs llaman la atención sobre el hecho de que el Plan Endavant no contempla mejora alguna en lo que respecta al transporte público de las comarcas afectadas, lo que ignora el sufrimiento de las personas usuarias que conviven a diario con cancelaciones, retrasos y frecuencias insuficientes. "No hay inversión autonómica y falta compromiso con una movilidad sostenible y eficiente", destacan.

Un Plan de 4,5 millones de euros

El Plan Endavant fue la propuesta estrella del teniente general retirado Francisco José Gan Pampols, nombrado Vicepresidente para la Recuperación Económica y Social de la Comunidad Valenciana en noviembre de 2024 y su coste se divide en dos cuantías: una de 2,2 millones a pagar a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios (PwC) por labores de “asesoramiento, asistencia técnica y consultoría", y otra de 2,3 para su "seguimiento y evaluación", de lo que se encargará la empresa estatal y pública Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, SME, MP (Tragsatec).

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