Pérez Llorca, un verso libre en las filas del PP, se abre a negociar la financiación autonómica frente al rechazo de su partido

La reunión que se celebraba este inicio de semana en el Palau de la Generalitat entre el president valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, se torno especialmente llamativa, ya que, teniendo en cuenta el actual escenario político español, halló al popular valenciano abierto a abordar uno de los asuntos más sensibles de la agenda nacional, la financiación autonómica. Aunque el encuentro evidenció que las diferencias entre ambas administraciones siguen siendo importantes, también sirvió para mostrar una disposición al diálogo que contrasta con la estrategia de confrontación mantenida por la dirección nacional del Partido Popular respecto a la propuesta de reforma impulsada por el Gobierno.

Durante la reunión, que se prolongó durante cerca de una hora y contó posteriormente con la participación de responsables del área económica de la Generalitat, ambas partes intercambiaron planteamientos sobre cuestiones pendientes entre Valencia y el Ejecutivo central. El Consell trasladó al ministro diversas reivindicaciones relacionadas con infraestructuras, inversiones y transferencias económicas, mientras que Hacienda puso sobre la mesa nuevos mecanismos de financiación y liquidez para la Comunitat Valenciana.

Entre ellos figura la aprobación de más de 4.000 millones de euros a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), así como las entregas a cuenta previstas por el Gobierno para la Generalitat. Sin embargo, el principal punto de debate fue la reforma del sistema de financiación autonómica, una cuestión especialmente relevante para la Comunitat Valenciana, considerada desde hace años una de las autonomías más perjudicadas por el modelo vigente.

La propuesta del Gobierno contempla un incremento de los recursos que recibirían algunas comunidades infrafinanciadas, entre ellas la valenciana. Según los cálculos defendidos por el Ministerio de Hacienda, la reforma supondría una inyección de alrededor de 3.669 millones de euros adicionales para las arcas autonómicas valencianas. Pese a ello, el proyecto ha encontrado una oposición frontal por parte de la dirección nacional del Partido Popular, que ha rechazado hasta ahora la hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo para negociar el nuevo sistema.

En este contexto, la postura de Pérez Llorca adquirió especial relevancia. El president valenciano se mostró dispuesto a negociar un nuevo modelo de financiación autonómica, una posición que introduce matices respecto al rechazo mostrado por su partido a nivel nacional. No obstante, condicionó esa negociación a que se produzca en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano multilateral que reúne al Gobierno y a las comunidades autónomas.

De esta forma, Pérez Llorca intentó compatibilizar una actitud dialogante con la posición oficial del PP, que rechaza participar en las reuniones bilaterales previas planteadas por el Ministerio de Hacienda. El dirigente valenciano insistió en que cualquier negociación debe producirse con todas las autonomías presentes y reclamó al Gobierno que presente un borrador detallado de la reforma para conocer con precisión el impacto económico que tendría para la Comunitat Valenciana.

La cuestión de la condonación de deuda también estuvo presente en la reunión. El Congreso deberá abordar una propuesta que supondría eliminar más de 11.000 millones de euros de deuda valenciana, una medida que el Partido Popular ha cuestionado. Pérez Llorca evitó pronunciarse de forma definitiva sobre este asunto y se limitó a señalar que defenderá los intereses de la Comunitat Valenciana cuando llegue el momento de tomar una decisión.

La reunión concluyó sin acuerdos concretos sobre la reforma, pero dejó una novedad política significativa, no siendo otra que la voluntad expresada por el president valenciano de abrir una vía de negociación en un momento en el que el Partido Popular mantiene una posición de rechazo hacia el nuevo modelo de financiación autonómica promovido por el Gobierno.